El 10 de mayo de 1981, tres jóvenes trabajadores radicados en Cantabria que viajaban a Andalucía fueron detenidos, torturados y asesinados brutalmente a manos de miembros de la Guardia Civil, que inicialmente los confundió con militantes de ETA.

Incluso, la Guardia Civil trató de falsear hechos y eliminar indicios, la investigación y el juicio estuvieron llenos de irregularidades y amenazas, sólo tres de los once participantes cumplieron condena (rebajada con indultos) y las víctimas siguen esperando reconocimiento 40 años después.

En 2018, el Parlamento de Cantabria homenajeaba a las víctimas del llamado ‘Caso Almería’ y aprobaba de forma unánime una declaración institucional, en la que instaba al Gobierno central a reconocerles. Sin embargo, ahora que tienen oportunidad de hacerlo ellos mismos, «rehúsan hacerlo de manera incomprensible», según Cantabria No Se Vende.

En el proyecto de Ley de Memoria Histórica y Democrática de Cantabria presentada a las asociaciones memorialistas, la disposición alcanzaba hasta la entrada en vigor del Estatuto de Autonomía, como parece lógico tratándose de una ley autonómica. Sin embargo, tras las presiones llevadas a cabo por las derechas, especialmente concretadas por el portavoz del PP Íñigo Fernández en esta cuestión, PRC y PSOE han presentado una enmienda parcial a su propio documento para que la ley llegue únicamente hasta 1978, dejando fuera a las víctimas que PRC, PSOE y PP instaron a reconocer recientemente.

Concretamente, la declaración consensuada en 2018 por todos los grupos del Parlamento de Cantabria instaba a “iniciar los cambios legislativos necesarios y oportunos para que todas las víctimas de terrorismo o violencia política, incluyendo las víctimas de la violencia policial, grupos de ultraderecha y grupos parapoliciales, sean reparadas y reciban la consideración y protección que corresponde a su condición de víctimas”.

«Sacar de la ley el periodo preautonómico que va de 1978 a 1982, supone perpetuar un periodo de oscuridad (y de impunidad), en el que existe una innegable violencia política de naturaleza aún tardofranquista», dice el comunicado de la asociación. La ley de memoria andaluza, por ejemplo, sí llega hasta la entrada en vigor de su autonomía, por lo que pudiera darse la paradoja de que Luis Cobo, Juan Mañas y Luis Montero «acabaran siendo reconocidos en la tierra a la que se trasladaban y no en la que vivían».

Para Cantabria No Se Vende resulta “simplemente inaceptable” que PRC y PSOE modifiquen el documento para excluir la memoria de aquellos tres jóvenes trabajadores cántabros que por fin parecía que iban a tener reconocimiento, si no la justicia que merecen.