Finalmente, el desahucio que se intentaba frenar este martes con una acción convocada desde Stop Desahucios en Boo de Piélagos se ha suspendido.

La razón, según explica Stop Desahucios, es que no se presentó la comisión judicial.

El juzgado emitió orden de lanzamiento a principios de septiembre, pero no realizó los trámites necesarios para su cumplimiento.

Por ello, el servicio de notificaciones y embargos no recibió la documentación del Juzgado de Instrucción número 3 con los datos de la vivienda y la confirmación del lanzamiento.

Por esa causa, continúan, el servicio de notificaciones y embargos no tenía en su agenda el desahucio de hoy y no nombró a los miembros de la comisión judicial que se ocuparía del desalojo.

Al llamamiento acudieron 30 personas de STOP Desahucios y la PAH de Santander, aunque finalmente un fue necesaria la acción y la familia, con un bebé, permanece en la casa.

El desahucio afectaba a el matrimonio formado por Daniel y Ana, de 46 y 47 años de edad, sus dos hijas, de 26 y 21 años, y su nieta, Melody, de 20 meses.

Daniel es un parado que ha trabajado para el Ayuntamiento de Piélagos en Renedo como peón forestal durante seis meses, hasta febrero de 2021. Desde entonces se encuentra en situación de desempleo. Anteriormente fue camionero hasta el año 2018 en Copica, empresa que se fue a pique ese mismo año.

Ana tiene diversos trastornos (hipotiroidismo, osteoartrosis) y cuenta con un reconocimiento de discapacidad permanente. Ana trabajó también para el Ayuntamiento de Piélagos durante 2019 y en épocas anteriores limpiando casas y cuidando personas mayores hasta el año 2017, momento en el que empezó a sufrir sus actuales problemas de salud. Actualmente, los únicos ingresos de esta familia son un subsidio de desempleo de 450 euros de Daniel y otra ayuda de 160 euros de una de las hijas.

El mismo juzgado intentó ejecutar el desalojo el pasado 25 de mayo de 2021, pero se suspendió en el mismo día del lanzamiento gracias al escrito presentado por uno de los asesores de la plataforma Stop-Desahucios y a la movilización que se llevó a cabo en la residencia de los afectados.

Según fuentes de la plataforma, “si en aquel momento era bastante dudoso el desalojo, en este momento el juzgado estaría ejecutando un lanzamiento de forma absolutamente ilegal; ya que el pasado 4 de agosto se prorrogaban hasta el 31 de octubre todas las suspensiones para familias vulnerables por el Covid-19”. Mediante providencia, la juez notificaba este lunes la no admisión del recurso presentado por “no citar el precepto infringido”.

La familia de Ana y Daniel residen en la vivienda de Bóo desde el año 2018. En esa fecha se encontraban sin trabajo desde hacía tiempo. El propietario del piso es la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), que denunció al matrimonio a sus dos hijas por usurpación en el año 2019.

El Sareb o “banco malo” es una entidad creada en 2012 para “sanear el sistema financiero español”, es decir, un banco dedicado a la compra de los activos tóxicos (inmuebles e hipotecas o créditos impagados o de difícil cobro) de la mayoría de los bancos españoles, de cara a limpiar sus balances contables. Según su web corporativa, el 54,1% del accionariado es privado (de bancos y aseguradoras) y el otro 45,9% es público.

Los principales accionistas del Sareb son el Estado español, a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), el Banco Santander (22,23%) y Caixabank (12,24%). “Estaríamos hablando de una entidad cuyo mayor accionista con diferencia es el Estado español y que, sin embargo, sigue practicando desahucios contra familias pobres sin ningún empacho”, puntualizan en la plataforma Stop-Desahucios.

Desde la plataforma STOP Desahucios inciden en que la familia está esperando desde el mes de marzo a Vivienda, ya que presentaron en esa fecha una solicitud de alquiler social. Debido a la urgencia del desahucio, hace días volvieron a comunicarse con la institución pero les comunicaron que la trabajadora social de la D.G. de Vivienda estaba de vacaciones y nadie podía atender su caso.