La Coordinadora Cántabra de ONGD recuerda en este  Día de las Personas Cooperantes que las consecuencias de la pandemia, el cambio climático y los conflictos bélicos están causando graves daños en la vida de millones de personas. Países, recuerdan,  que ya enfrentaban graves problemas económicos, medioambientales, sanitarios o educativos están viendo empeorar sus entornos. Es especialmente preocupante la situación de las mujeres; los feminicidios, las violencias de género y la restricción de sus derechos se están aumentando en todo el mundo. También preocupa la situación de defensores y defensoras de derechos humanos y de los territorios; según datos de Front Line Defenders, el año pasado 331 persona fueron asesinada en todo el mundo. Es la misma situación que padecen en el Sáhara Occidental ocupado por Marruecos los activistas saharauis.

Denuncian que la pandemia y las restricciones de movilidad han sido aprovechadas en muchos casos para limitar el derecho de movilización y la libertad de expresión. En este contexto, la cooperación es una política fundamental para apoyar a la sociedad civil, promover la garantía de los derechos humanos y sostener condiciones básicas de vida.

Recuerdan que el trabajo que realizan las personas cooperantes que colaboran con la sociedad civil y las poblaciones más vulnerables, fortalece los sistemas públicos, contribuye a la garantía de los derechos humanos, la igualdad de género y la protección del planeta.

«En el Día de las personas cooperantes, demandamos el fortalecimiento de una política pública de cooperación, crucial en un momento en el que la pandemia, el cambio climático y los conflictos han empeorado las condiciones de vida de millones de personas que ya sufrían situaciones extremas», afirman sus portavoces.

LA COOPERACIÓN EN CIFRAS

Casi 750 personas de nuestro país trabajan como cooperantes en 114 países del mundo. Desde la coordinadora. En muchos lugares del planeta, la persecución a las ONG y a su trabajo en defensa de los derechos humanos se está convirtiendo en norma. Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Israel, Guinea Ecuatorial, Tanzania o Filipinas son algunos de los países que han aprobado leyes que limitan e incluso persiguen el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil.

En un contexto mundial en el que el apoyo humanitario es crucial para la vida de millones de personas, se generalizan los ataques a actores humanitarios. En 2020, según el último informe de Aidworker Security Organization, 475 personas fueron víctimas de ataques; de ellas, 108 fueron asesinadas.