El Consejo de Estado ha respaldado en un informe la resolución del contrato de las basuras de Santander, en manos de las empresas Ascan y Geaser, ambas del Grupo SADISA.

Lo hace en un informe, al que ha tenido acceso EL FARADIO, en el que confirma la existencia de las irregularidades y va desechando los argumentos esgrimidos por SADISA.

Desde la empresa, de hecho, llegaron a usar la falta de sanciones durante años (la “pacífica ejecución”) por parte del Consistorio como argumento para negar los fallos del servicio que se empezaron a plantear después.

Porque más allá de una penalización inicial por falta de inversión comprometida, lo cierto es que, tal y como refleja la cronología que enumera el Consejo de Estado, las sanciones no llegaron a 2018.

Y no fue por falta de conocimiento: la aplicación por la que los vecinos trasladan denuncias sobre aspectos del funcionamiento municipal recogía ya en 2014, cuatro años antes, un volumen importante de quejas: 267.

Una cifra que fue subiendo: en 2019 alcanzaron casi el medio centenar. Y en 2020, ya con el conflicto público , se superaron las 700 y llegaron nuevas sanciones. (De hecho, ya en la recta final de todo este proceso se confirmaron nuevos incumplimientos).

Sanciones que han ido confirmando los tribunales en distintas sentencias, ratificadas tras los recursos de la empresa a las primeras resoluciones judiciales, –si bien en algunas ocasiones ha conseguido rebajar la cifra, pero no el motivo de la sanción ni su correcta imposición–.

El informe del Consejo de Estado va corroborando distintas cuestiones, como las relacionadas con los contenedores, la política del personal, o que el sistema de control de basuras no llegó a integrarse nunca en la plataforma del Ayuntamiento, tal y como recoge un informe del área de Innovación.

O la limpieza de los contenedores: de hecho, la empresa, directamente, no posee lavacontenedores desde 2016.

El Consejo de Estado alude a como un 97,4% de las papeleras no se ha limpiado a diario como se estipulaba, y como tampoco se ha invertido en nuevas los 18.000 euros anuales que debían. La empresa llegó a asegurar que “es imposible vigilar el parque de contenedores todos los días”.

En general, durante todo el proceso que ha desembocado en este informe del Consejo de Estado, la empresa ha ido admitiendo los incumplimientos, pero ha negado que sean esenciales —es más que una palabra, el que se definan como esenciales en lugar de menores implicará un incumplimiento por su parte del propio objeto del contrato, y, por tanto, avalaría la resolución– o los justifica por causas sobrevenidas, como cambios de criterio.