El Ayuntamiento de Santander quiso tapiar el edificio de Nueva Montaña en que se refugiaron migrantes albaneses
El Ayuntamiento de Santander quiso tapiar el edificio de Nueva Montaña en el que se refugiaban migrantes albaneses en tránsito hacia Inglaterra (a los que el Puerto de Santander viene refiriéndose como “polizones”).
Es un dato que aflora en la Memoria de la Fiscalía Superior de Cantabria de 2020, consultada por EL FARADIO.
Los migrantes se refugian en este edificio, abandonado, sin conexiones de luz o agua, y a medio construir, de hecho. Entre ellos ha habido menores de edad, que han pasado al sistema de acogida.
Hace meses fueron objeto de un amplio operativo policial –Policía Nacional–, cuya “desproporción” fue criticada por Pasaje Seguro, que recordó que si el lugar era su morada (término legal que en sentido amplio identifica al lugar donde se desarrolla la intimidad de las personas, más allá de que sea su vivienda habitual o no), entonces hubieran sido necesarios permisos previos. Además, según trascendió luego, la intervención fue administrativa, sobre la situación de regularidad o no, lo que hizo que entendieran menos la amplitud del dispositivo.
Desde el propio Puerto de Santander y otras instancias políticas se llegó a advertir del riesgo que supondrían para los tráficos portuarios, pese a que las cifras de navegación no se han resentido salvo en los peores momentos de la pandemia y se han ido anunciando nuevas líneas. El Puerto ha ido subiendo la altura y extendiendo el perímetro de la valla, vendiéndola en cada momento como la solución.
En la Memoria fiscal aluden a la “falta de salubridad e higiene” del edificio, y al riesgo para la integridad de estos ciudadanos, y refieren la denuncia de un particular que dio lugar a un “intento” de tapiado y sellado del edificio, que finalmente no pudo llevarse a cabo.
Asimismo, describe acciones de apoyo por parte de Cruz Roja para facilitarles sustento básico a estas personas, junto a otras acciones administrativas, que no extendieron a la intervención social.
Los ciudadanos que a título particular les prestan ayuda se exponen a imputación judicial y penas leves.
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