La actividad judicial en Cantabria sobre asuntos de carácter económico ha recuperado los niveles anteriores a la pandemia, tal y como se desprende del Informe sobre los Efectos de la Crisis en los Órganos Judiciales, que trimestralmente elabora el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial y que hoy ha sido difundido con información relativa al segundo trimestre de 2021.

Entre el 1 de abril y el 30 de junio de este año, se presentaron el mismo número de concursos de acreedores que en el mismo periodo de hace dos años, las ejecuciones hipotecarias se incrementaron un 25,4 por ciento y los procedimientos monitorios, un 9,9 por ciento.

Por su parte, los procedimientos por despido que llegaron a los seis Juzgados de lo Social de Santander descendieron un 8,1 por ciento respecto a 2019, y las reclamaciones de cantidad, sin embargo, aumentaron un 4,9 por ciento.

Los lanzamientos practicados durante periodo analizado aumentaron un 31,1 por ciento respecto a 2019, llegando a cifras cercanas a 2016. Sin embargo, si se analiza el motivo por el que se llevaron a cabo, se observa que los debidos al impago de un alquiler descendieron un 6,9 por ciento, mientras que los debidos a ejecución hipotecaria se dispararon un 352 por ciento.

Y es que en el periodo analizado el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Laredo practicó un número elevado de lanzamientos derivados de dos procedimientos de ejecución hipotecaria por deudas de sendas constructoras. Los inmuebles objeto de los lanzamientos no habían sido vendidos ni se encontraban habitados.

Por otro lado, de abril a junio, el juzgado de cláusulas suelo ingresó 1.050 asuntos, recuperando así los niveles de 2019 (1.043), aumentó su capacidad resolutiva un 28,8 por ciento respecto a dos años atrás y dictó 1.334 sentencias, el 99,1 por ciento de ellas estimatorias de las pretensiones del demandante.

Finalmente, los órganos judiciales de Cantabria recibieron 3 demandas por ocupación ilegal de vivienda, la cifra más baja desde el último trimestre de 2019, y a 30 de junio se encontraban en trámite 16.

Segundo trimestre de 2020, muy afectado por la pandemia

El importantísimo efecto de la pandemia por la Covid-19 en la actividad de los órganos judiciales en el segundo trimestre de 2020 hace que la comparación de los datos con el mismo periodo de este año 2021 sea escasamente significativa. Por ese motivo, la información que se ofrece se complementa con las evoluciones respecto al segundo trimestre de 2019.

El Informe sobre los Efectos de la Crisis en los órganos Judiciales analiza el movimiento de asuntos de tipo económico en diversos órganos judiciales: juzgados de lo mercantil –procedimientos concursales-, juzgados de lo social –despidos y reclamaciones de cantidad- y juzgados de primera instancia y de primera instancia e instrucción–tanto concursos presentados por particulares como ejecuciones hipotecarias, lanzamientos, monitorios, demandas de cláusulas suelo y procedimientos verbales por ocupación ilegal de vivienda-.

Durante el segundo trimestre, se presentaron un total de 26 concursos de acreedores, los mismos que en 2019, y ocho más que en 2020.

Esos 26 procedimientos concursales representan una tasa de 4,4 concursos por cada 100.000 habitantes, inferior a la registrada por la media nacional, que se encuentra en 10,6.

Por tipo de concursos, los que se refieren a personas naturales no empresarias, que son los que llegan a los juzgados de primera instancia de Santander y a los de primera instancia e instrucción del resto de la provincia, fueron 14, tres más que un año antes y un 75 por ciento más que en 2019 (se presentaron 8).

Por su parte, los concursos de empresarios y personas jurídicas, que se tramitan en el Juzgado de lo Mercantil de Santander, ascendieron a 12, cinco más que un año antes y, sin embargo, seis menos (un 44 por ciento menos) que en 2019.

Además, en el Juzgado de lo Mercantil se declararon 4 concursos, se declararon concluidos 8, en 3 se abrió la fase de convenio y en 9 la de liquidación. Además, se presentó un expediente de regulación de empleo de una empresa que se encontraba en situación de concurso.

Actividad en los juzgados laborales

La incidencia de la situación económica también se evalúa en el movimiento de asuntos en los juzgados de lo social o laborales, donde se presentan tanto las demandas de despido como aquellas en las que los trabajadores reclaman el pago de una cantidad por parte de sus empleadores.

En el segundo trimestre de 2021, los seis Juzgados de lo Social de Santander registraron un total de 249 demandas por despido, lo que supone un incremento del 19,7 por ciento respecto a 2020 (se presentaron 208) pero una disminución del 8,1 por ciento respecto a 2019 (fueron 271).

La tasa de despidos por cada 100.000 habitantes se sitúa en 42,6, frente a 59,5 a nivel nacional.

Por su parte, las reclamaciones de cantidad fueron 488 y sí aumentaron respecto a años precedentes. Lo hicieron un 28,1 por ciento respecto a 2020 –cuando se registraron cien demandas menos- y un más atenuado 4,9 por ciento respecto a 2019 –cuando se presentaron una veintena menos-.

Estas demandas fueron más en Cantabria que en la media del conjunto del país, con 83,5 reclamaciones de cantidad por cada 100.000 habitantes frente a una tasa nacional de 67,9.

Crecen las ejecuciones hipotecarias

De abril a junio de este año se presentaron 74 procedimientos de ejecución hipotecaria ante los juzgados de primera instancia, lo que supone un 221 por ciento más que en 2020 (23 demandas) y un 25,4 por ciento más que en 2019 (59).

Esta cifra sitúa la tasa de ejecuciones hipotecarias por cada 100.000 habitantes en 12,7, por debajo de la registrada por la media nacional, que está en 16,1.

En estos juzgados de primera instancia también se tramitan los procedimientos monitorios, en los que se reclaman deudas dinerarias líquidas, determinadas, vencidas y exigibles, como, por ejemplo, gastos comunes de comunidades de propietarios.

Durante el segundo trimestre de este año, estos pleitos ascendieron a 2.243 frente a los 1.795 de un año antes y los 2.041 de 2019, lo que representa un aumento del 25 por ciento respecto al pasado año y del 9,9 por ciento respecto a hace dos años.

Así, en el periodo analizado se presentaron en Cantabria 384 procedimientos monitorios por cada 100.000 habitantes, frente a los 445 a nivel nacional.

Los lanzamientos practicados en Cantabria entre el 1 de abril y el 30 de junio de este año fueron 215, un 270,7 por ciento más que en el mismo periodo de 2020 (58 lanzamientos) y un 31,1 por ciento más que en el de 2019 (164).

Este incremento está condicionado por el aumento de los lanzamientos debidos a ejecución hipotecaria que fueron 86, gran parte de los cuales, como ya se ha reseñado, respondían a viviendas no vendidas ni ocupadas de dos urbanizaciones distintas incursas en sendos procedimientos de ejecución.

Por su parte, los lanzamientos debidos al impago de alquiler fueron 122, un 177,3 por ciento más que en 2020 (cuando se practicaron 44) pero un 6,9 por ciento menos que en 2019 (cuando se realizaron 131).

Juzgado de Cláusulas

El informe también incluye datos relativos a la actividad de los juzgados de primera instancia que están tramitando acciones individuales sobre condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física, como los procedimientos sobre cláusulas suelo.

En Cantabria, el órgano que tramita este tipo de procedimientos es el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Santander, que de abril a junio de 2021 recibió un total de 1.050 asuntos de este tipo –una cifra similar a la de 2019-, resolvió 1.592 –un 112,3 por ciento más que en 2020 y un 28,8 por ciento más que en 2019- y a 30 de junio mantenía en trámite 4.348 –un 12,4 por ciento menos que en 2020 y un 26 por ciento menos que en 2019-.

Además, dictó un total de 1.334 sentencias y, de todas ellas, el 99,1 por ciento resultaron estimatorias.

Finalmente, el informe incluye información estadística de los juicios verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas, derivados de la última modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil sobre este asunto.

Estos procedimientos verbales están destinados a que las personas físicas, y las entidades sin ánimo de lucro con derecho a poseer una vivienda, que sean titulares legítimas de ésta, y las entidades públicas propietarias o poseedoras legítimas de vivienda social, que se ven privados ilegalmente y sin su consentimiento de la posesión de su vivienda, puedan recobrar la posesión en los supuestos de ocupación ilegal de viviendas.

En Cantabria, los juzgados de primera instancia registraron de abril a junio 3 asuntos de este tipo, seis menos que en 2020 y diez menos que en 2019.

Esos escasos 3 procedimientos sitúan la tasa de procedimientos por cada 100.000 habitantes en 0,5, frente a 2,2 del conjunto del país.

Además, se resolvieron 9 procedimientos de este tipo y a 30 de junio 16 permanecían en trámite.