Si bien es evidente que los juzgados cántabros se han resentido de todo lo relacionado con la pandemia y el parón que causó (desde los procesos paralizados primero, la adaptación de los espacios o el teletrabajo, a los juicios telemáticos o el incremento de causas ligadas al estado de alarma y sus consecuencias económicas o laborales), en la Memoria Judicial de 2020, consultada por EL FARADIO, destaca también el sector financiero.

En el documento en el que se resumen todos los años los datos de los órganos judiciales en Cantabria se refieren al impacto de los asuntos relacionados con la banca en órganos como el civil.

Allí en 2020 se produjeron 2.225 nuevos casos (leventemente inferior a los 2.292 de 2019, pese a que en el último año hubo dos meses de suspensión de actividad judicial por el Estado de Alarma).

Y la Memoria considera que la razón de este aumento es la “persistente litigiosidad” en materia bancaria, “que no tiene visos de cesar”, apostilla.

Esa “proliferación” de recursos de manifiesta en cuestiones como las pretensiones de ineficacia de instrumentos financieros, la ejecución de títulos no judiciales contra consumidores, con formulaciones de motivos de oposición fundados en la existencia de
cláusulas contractuales abusivas; la nulidad de condiciones generales de la contratación y cláusulas abusivas insertas en los contratos bancarios o las peticiones de resolver (finalizar por incumplimiento) préstamos o créditos.

Las declaraciones de usura, en especial en las tarjetas revolving, o la venta de acciones del Banco Popular Español son otros asuntos ligados a la banca que han entrado en los juzgados.

Respecto a este último caso, el de las tarjetas revolving, el aumento es “notable”, después de que el Supremo haya dictado nueva jurisorudenca y de que la Audiencia Provincial emitiera una sentencia que permite anularlas no sólo por usura, sino por falta de transparencia (Al respecto vaticinan que, como en casos anteriores, llegarán múltiples reclamaciones de todo el país al albergar Santander la sede de “una importante entidad bancaria”, en alusión, sin citar, al Banco Santander).

Por poner un ejemplo, en los juicios para declarar la nulidad de condiciones de contrato se ha superado el reparto previsto inicialmente a la Sección Cuarta y ha sido necesario arbitrar medidas de compensación del exceso con Sección Segunda.

Pese a ello, avisan, “no es fácil deducir un reequilibrio a corto o medio plazo”. Las demandas relacionadas con el sector bancario, observan, tienen el añadido de ser “complejas” con un importante número de documentos, “de difícil estudio”.

Además, no ha terminado aún su tarea el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de
Santander, especializado en hipotecas.

De hecho, desde 2019 se aprobó una magistrada de refuerzo para la citada Sección Cuarta.

Los casos resueltos en 2020 superaron a los de los años previos, y pese a que se resuelven casos, más que antes, el aumento a su vez de los asuntos que entran incrementa la tasa de pendencia (el volumen de asuntos que van quedando sin resolver), que venía de reducirse, hasta el año 2018 en que empezó a subir.

Esto está implicando que se rebase la cifra prevista de casos que puede abarcarse en teoría por juzgado y plantillas (en un 62,92 por ciento respecto a las plazas por plantilla).

Y también supone un problema a la hora de organizar el trabajo de los jueces, pues no es posible prever cuántos procedimientos quedan para sentencia en un determinado periodo, pudiendo producirse acumulaciones indeseadas.

“En resumen, los pleitos son cada vez más complejos, aunque a efectos de la estadística no resulte una mayor carga de trabajo”, concluye la memoria.

LOS JUZGADOS ADVIERTEN DE LAS DIFICULTADES PARA APLICAR LA SUSPENSIÓN DE DESAHUCIOS

La Memoria Judicial también reflexiona sobre la nueva legislación provocada por la pandemia, que supuesto un incremento de trabajo en estos juzgados: se refieren a la suspensión de los desahucios de los inquilinos y ocupantes vulnerables.

Al respecto, inciden en que se deben tramitar cuestiones para comprobar si se debe suspender el desahucio (posibilidad en caso de que se cumplieran determinadas condiciones de vulnerabilidad marcadas por el Gobierno central).

“Lo defectuoso de la normativa y el hecho de que en muchas ocasiones los afectados comparezcan en el juzgado sin postulación supone un trabajo añadido a la oficina (para intentar que presenten la documentación adecuada) y al juzgador”, explican, añadiendo que, si bien se previeron refuerzos en los juzgados sociales y contencioso, no sucedió así en lo civil, ya saturado previamente.

SE REDUCEN LOS DESAHUCIOS POR CLÁUSULAS ABUSIVAS, PERO CRECEN LOS DE INCUMPLIMIENTOS

Otro efecto es el incremento de trabajo derivado de las declaraciones jurisprudenciales emanadas del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que obliga a los jueces a pronunciarse sobre la existencia o no de cláusulas abusivas, pues procedimientos como monitorios, ejecuciones hipotecarias u otros, deben ahora ser analizados, incluso sin que se solicite por las partes.

Además, esta nueva jurisprudencia ha llevado a un número muy importante de oposiciones a la ejecución alegando también la existencia de cláusulas abusivas (es decir, personas amenazas por desahucios que piden su anulación ya que la deuda podría deberse a cláusulas que la justicia europea ha declarado abusivas).

Esto ha implicado que disminuyan “de manera radical los procedimientos de
ejecución hipotecaria”.

Sin embargo, se ha producido un crecimiento “exponencial” de los procesos en los que las entidades bancarias solicitan la resolución del contrato de préstamo hipotecario -paso que se produce en los desahucios– por incumplimiento.

En esos casos se tiende a alegar por las víctimas que son cláusulas abusivas, lo que lleva a que la tramitación se complique en lo judicial.