Debates en el Centro Botín para ver cómo podemos abordar la cuestión del empleo y el mercado laboral si echamos la vista al futuro. El presidente del Gobierno es muy de echar la vista al ecuador del siglo XXI, el año 2050.

Pero en su visita a Santander se encargó también de confirmar que hoy el Consejo de Ministros iba a aprobar la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), de 950 a 965 euros. Y es precisamente una de las vías que desde los sindicatos marcan como clave para el futuro, que es tener un empleo de mayor calidad y mejor remunerado para que se incremente el porcentaje de la población que viva dignamente.

El asunto ha protagonizado parte de nuestra tertulia de martes en EL FARADIO DE LA MAÑANA, en Arco FM. Isabel Urrutia, diputada del PP en el Parlamento de Cantabria, lamentaba que no se pudiera subir más de los 15 euros que se han aprobado finalmente. Sin embargo, cree que el Gobierno de España no ha medido las consecuencias que esto tiene para los pequeños empresarios, que pueden sufrir las consecuencias si se encuentran en un momento de dificultad económica.

María Jesús Cedrún, exsecretaria general de UGT en Cantabria y ahora en el Consejo Económico y Social, se centraba en que esa subida supondrá a los empresarios que pagan el SMI a sus trabajadores 17,50 euros al mes. «La empresa que no puede asumir esta subida del SMI está condenada al cierre», decía.

Y también reivindicaba que ella había estado en el grupo de expertos que había tratado la cuestión, y su conclusión es que las consecuencias de este incremento están «muy estudiadas». Además, resaltaba que la CEOE «declinó» estar presente en esa mesa y que «se sabía que no iban a firmar».

Mientras, Miguel Saro, concejal de Unidas por Santander, se mostraba a favor de esta medida, sobre todo pensando en trabajadoras y trabajadores que no tienen a mano el recurso de la negociación colectiva para tratar de mejorar sus condiciones laborales.

«Le pido al Gobierno que esta subida venga acompañada de otras medidas», decía Urrutia. Se refería a ser más benévolos con los empresarios como creadores de empleo, para que la fiscalidad no suponga un obstáculo demasiado grande. Pensaba sobre todo en los «comercios de barrio», que temen subidas de impuestos importantes en 2022 y que también sufren ahora con la subida de la factura de la luz.

Por su parte, Cedrún argumentaba que en este debate no se trata de decir si los empresarios «son buenos o malos, es cuestión de reparto y equidad». Y recordaba la Carta Social Europea, que le dice a España que en 2023 el SMI debe llegar al 60% del salario medio. También comentaba que quien tiene un salario parecido al mínimo «no tiene capacidad de ahorro, y lo que gasta ayuda al consumo», por lo que cree que no se produce el daño a la economía que se vaticina desde sectores contrarios a esta medida.

Tanto Cedrún como Saro señalaban también la precariedad que existe en España, con «población trabajadora en umbrales de pobreza», según la exsecretaria general de UGT en Cantabria, y remarcando que «los salarios han perdido poder adquisitivo respecto a los precios en los últimos 20 años», según el concejal de Unidas por Santander.

La diputada popular lamentaba también que no haya sido un acuerdo entre todos el que haya llevado a una decisión de este tipo, y preveía que dentro de un año podríamos estar en un contexto de subida del IPC en el entorno del 3%, «así que estos 15 euros se quedarán en nada».

A esto contestaba Cedrún que el Gobierno no tiene la obligación de negociar una subida del SMI, porque es algo que le compete a él. Recordaba cuando comenzó la etapa de Pedro Sánchez al frente del Ejecutivo y se subió el SMI a 900 euros «sin contar con nadie», después de una importante pérdida de poder adquisitivo durante la segunda etapa del Gobierno de José Luis Rodríguez y durante el mandato de Mariano Rajoy.

Además, añadía que «cuando el acuerdo es por los trabajadores, se pide acuerdo entre todos», pero es algo que no sucedió cuando el PP llegó a La Moncloa y aprobó una reforma laboral que «generó pobreza» y no se negoció en una mesa como esta subida del SMI.

Concluía Cedrún diciendo que, en España, «trabajo hay», pero es necesario, como debate de futuro, ver cómo es posible crearlo «con mejores condiciones» para quienes lo desempeñan. Saro, por su parte, defendía también que el debate sobre el futuro del empleo debe ir por la vía de las políticas públicas que den confianza a todos quienes conforman el mercado laboral y que haya una máxima transparencia, en lugar de dejar que vuelvan a ser los «hombres de negro» quienes impongan las decisiones relevantes en esta materia.