El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Santander advierte al PP con acudir a la vía judicial para obtener documentación “importante” de cara a la investigación sobre el contrato de las basuras, solicitada por Ley de Transparencia hace un año y que cuentan con resoluciones favorables para el acceso a la información, pero que “ocultan” los populares.

En una rueda de prensa, el portavoz municipal, Daniel Fernández, ha explicado que esta misma mañana ha registrado dos escritos “como requerimiento previo a la vía judicial” en los que vuelve a reclamar unos expedientes que considera “fundamentales” por “la importancia que les concede el Interventor en su informe de fiscalización”.

En concreto, se trata de un informe “demoledor” sobre la gestión de las playas y los informes emitidos por el exdirector general de Innovación en relación al funcionamiento de la plataforma de gestión que tenía que desarrollar la empresa.

Sobre estos últimos, Fernández ha subrayado que esta parte es “una de las cuestiones que más llaman la atención del interventor”, quien dijo que “no se puede entender cómo NEC IBÉRICA, adjudicataria de Smart City, fuera incapaz de integrar la plataforma de gestión de ASCAN GEASER en la propia Smart City”.

“NEC IBÉRICA se embolsó más de un millón de euros por aquellos trabajos y es la empresa en la que ha terminado prestando servicios el exalcalde que adjudicó todo esto”, ha recordado.

Fernández también ha calificado como “muy graves” las recientes afirmaciones del propio portavoz del equipo de Gobierno, Javier Ceruti (Ciudadanos), que declaraba recientemente que “en cuanto se rasca un poco en este asunto van surgiendo noticias y variables que son desconocidas, y muchas de ellas no están en el expediente”.

El portavoz socialista ha advertido que si Ceruti denuncia que “el Expediente Administrativo está incompleto” y que “faltan cuestiones que son muy relevantes”, el PP también habría “ocultado documentación” al Consejo de Estado.

Todo esto evidencia, a juicio de los socialistas, los “12 meses de mentiras” del PP, que “viene diciendo que nos han dado toda la documentación” y es “rotundamente falso”. “Haremos muchas preguntas, no se imaginan cuantas, pero cuando se constituya la Comisión de Investigación”, ha retado, al tiempo que ha explicado que el PSOE “no legitima el intento del PP de auto-investigarse en una comisión a puerta cerrada y secreta”.

La modificación del reglamento para incluir las comisiones de investigación acordada por 16 de los 27 concejales (todos menos el PP) en la Comisión de Participación del pasado 18 de junio, se elevará mañana al Pleno municipal en una moción de PSOE, PRC, Ciudadanos y Unidas por Santander que suman 15 ediles y garantizan la aprobación por mayoría absoluta.

“Cuidado con la seguridad jurídica” en la resolución del contrato

Además, Fernández ha denunciado “la operación de lavado de imagen” de la alcaldesa, que “nos puede costar muy caro si Gema Igual mira por sus intereses y por los de su partido, que es lo que acostumbra a hacer”, en lugar de “mirar por el interés municipal, público, de Santander, de los santanderinos y de las santanderinas”.

En este sentido, ha subrayado que el PP “miró para otro lado” durante años ante los incumplimientos del contrato y se ha preguntado “quién dio la orden política” a la directora general de Medio Ambiente, Belén Domínguez, para que abriera, el día después de las últimas elecciones (27 de mayo), 21 expedientes sancionadores.

No obstante, 12 de ellos “han caducado”, por lo que “no toda la sangre ha llegado al río”. En este sentido, ha informado de que hay nueve sentencias judiciales que son firmes, dan la razón parcialmente a la empresa concesionaria en los nueve recursos, que se han resuelto en tres juzgados diferentes de Santander.

El portavoz socialista ha explicado que estos contratos, como el de las basuras, solo se resuelven “por faltas graves o muy graves”, mientras que estas nueve resoluciones judiciales firmes dicen “literalmente” que “carece de motivación la calificación como falta grave”, o que “la administración no justifica el importe de la penalización”.

“Cuidado con la seguridad jurídica” en la resolución del contrato, ha alertado, porque “nos encaminamos a una resolución del contrato que presumiblemente acabará en los tribunales” y “si no está bien atado puede salirnos todavía mucho más caro a los santanderinos”.

“Nadie cuestiona que la ciudad está más sucia que nunca, ni la alcaldesa, ni la empresa ni los jueces, pero lo que se va a juzgar no es si la ciudad está o no más sucia, sino de quién es la culpa de este desastre”, ha aclarado, por lo que de nuevo ha insistido en la necesidad de constituir una Comisión de Investigación para “determinar las responsabilidades”.

“Quienes nos han traído hasta aquí, no pueden tomar las decisiones que marcarán la prestación del servicio en el futuro”, ha puntualizado.

Valoraciones al Dictamen del Consejo de Estado

Por otro lado, Fernández ha valorado que el Dictamen del Consejo de Estado “deja claro” que “ha habido incumplimientos desde el principio del contrato, que el PP ha tolerado y permitido”.

Y que “la resolución del contrato es el fracaso del modelo del PP”, porque “los vecinos lo pagamos un 125% más caro desde 2012, cuando aplicaron un recorte del 20% al servicio”. “La crisis de los servicios públicos es por culpa del modelo de externalización sin control del PP”, ha zanjado.

Finalmente, ha asegurado que tras conocerse el Dictamen del Consejo de Estado el Grupo Socialista se ha puesto en contacto con los trabajadores de la concesionaria para “garantizar las nóminas y el futuro de sus puestos de trabajo, que es lo que más les preocupa ahora a estas 300 familias”.