La empresa con la que negocia el Ayuntamiento de Santander para que se haga cargo de la gestión de las basuras en la capital cántabra tras la resolución del contrato, CESPA, ya intentó hacerse con este servicio público en 2012.

Entonces se sacó a licitación la renovación de la concesión, que estaba en manos de ASCAN-GEASER, la unión de dos empresas del Grupo SADISA.

Y fue una adjudicación muy disputada: hablamos de 2012, en plena onda expansiva de la crisis financiera y su deriva inmobiliaria y de una cifra que suponía el 10% del presupuesto municipal y un servicio estable, con ingresos mensuales durante un período largo, por lo que muchas empresas del sector evolucionaron al multiservicios y optaron a este contrato, al que se presentaron las grandes de todo el país, como FFC, Sacyr, Urbaser o Ferrovial.

A Ferrovial pertenecía entonces, que no ahora, CESPA, la empresa con la que la alcaldesa de Santander mantiene conversaciones para que a partir del 11 de noviembre se haga cargo de forma temporal de la gestión del servicio: este lunes la Junta de Gobierno local adjudicaba la resolución del contrato en manos de ASCAN-GEASER (SADISA).

EL CONCURSO

En los concursos públicos en los que se licitan servicios hay varias fases que van atravesando distintas evaluaciones.

Todo se articula en base a un sistema de puntos: se mide la propuesta económica (la institución plantea una y las empresas pueden ‘mejorarla’, lo que en realidad significa reducirla y puede dar pie a un empeoramiento del servicio), las especificaciones técnicas –se puntúa si se cumple el listado proporcionado o se ofrece alguna mejora–, y, finalmente, los criterios que no pueden evaluarse con fórmula.

El concurso salió desde el Ayuntamiento en un precio fijado en 19,4 millones de euros (este precio incluye el IVA, sin el IVA eran 15,9 millones). En el anterior concurso, convocado en 2003 y que ganó también SADISA, la licitación comenzó en 17,7 millones de euros.

En la adjudicación, repasada por EL FARADIO, se calculaban los criterios que podían medirse con fórmulas (el cumplimiento de las especificaciones técnicas) y los que no (que también venían detallados de algún modo).

Los criterios evaluables con fórmula suponían 42 puntos, y los que no, 58, más de la mitad.

DESEMPATE POR DÉCIMAS EN LA OFERTA ECONÓMICA Y CRITERIOS CON FÓRMULAS

En cuanto a la oferta económica, se constató que ASCAN ofrecía 15,9 y CESPA resultó incluso más barata, con 15,8 millones de euros de canon, si bien ASCAN elevaba en 105.000 euros los 900.000 que CESPA planteaba por amortizaciones de material y equipos.

Esto, traducido en puntos, supuso 41,481 para CESPA y 41,857 para ASCAN (la diferencia la marcaron las amortizaciones de material y equipos, si hubiera sido por precio del canon, hubiera sido CESPA).
Al final, en los criterios que pueden evaluarse con fórmulas, se estaba muy igualado, con 41 puntos para ambas, aunque superando en décimas ASCAN.

LOS CRITERIOS SUBJETIVOS AUPARON A ASCAN FRENTE A CESPA

De modo que con la oferta económica muy igualada y los puntos de los criterios medibles en un desempate por décimas, lo que acabó marcando la diferencia fueron los criterios subjetivos.

Allí CESPA consiguió 41 y ASCAN 55,75, es decir, en ese apartado la adjudicataria final se distanció en 14,75 puntos.

En la nota final, en la que se suma todo, CESPA acabó obteniendo 82,481 puntos y ASCAN 97,607.

La distancia entre ambas fue de 15,126 puntos. Justo 14,75 de ellos correspondieron a los criterios subjetivos

De las cinco empresas candidatas, Cespa pasó de ocupar el segundo lugar en los criterios objetivos al cuarto en los criterios subjetivos.

UN EXEMPLEADO DE SADISA, EN EL GRUPO QUE VALORÓ LOS CRITERIOS

Si bien para los criterios que pueden medirse con fórmulas existe el órgano habitual de la mesa de contratación, para esos criterios que no pueden medirse de forma objetiva se forma un Comité de Expertos.

Que en ese caso estuvo formado por

-El jefe del Servicio de Vialidad, Antonio Gutiérrez Martínez-Conde

-El entonces director de Innovación, José Antonio Teixeira (cargo de confianza)

-Y el director general de Infraestructuras, José Ignacio Quirós.

En ese momento, Quirós era un cargo de confianza, no electo, designado por el equipo de Gobierno.
Después pasaría a ser concejal de Medio Ambiente, es decir, del área en la que se encuadraba el contrato durante su desarrollo), y todavía esta legislatura, no siendo concejal, representaba al Ayuntamiento en la empresa municipal Sociedad de Vivienda y Suelo.

Responsabilidades políticas a las que Quirós llegó procedente del Grupo SADISA, al que pertenecían las empresas adjudicatarias del servicio de basuras: fue apoderado –con capacidad para hacer operaciones en su nombre– de ASCAN y de GEASER (la unión de ambas empresas es la que obtuvo el servicio).

En el informe de Intervención se detalla que la responsabilidad del control del contrato recaía en el Servicio de Ingeniería, y se enumeran problemas que se ha tenido al elaborar este informe por la “ausencia de documentación” que, observa, acabó facilitando la directora general de Medio Ambiente, “ejerciendo en este caso las funciones que le corresponden al responsable del contrato”.

Lo que llama la atención del Interventor en su informe es que ninguno de los dos validara las facturas, y sí destaca que lo hicieran los concejales responsables de Medio Ambiente, es decir, entre ellos José Antonio Quirós.

LOS CRITERIOS SUBJETIVOS NO SE CUMPLIERON

Los criterios no evaluables con fórmulas tienen también un sistema de puntuación y unos criterios establecidos.

En este caso, abarcaban conceptos como la metodología operativa, los medios materiales, la contenerización, la organización del servicio (personal, maquinaria…), los sistemas de información y control, o los avances tecnológicos.

En su informe financiero sobre el servicio de basuras, el interventor enumeró distintos incumplimientos por parte de la empresa, desde los criterios para facturas (certificados de calidad en el apartado de publicidad) o doble facturación en la recogida de cartones, entre otros que se cuantifican en 7 millones de euros.

Pero los incumplimientos se extienden a indicadores que venían detallados en los criterios subjetivos, tal y como ha cotejado EL FARADIO.

Y ahí fallaron conceptos como la limpieza de playas, según advirtió una técnica contratada por la propia empresa, en aspectos como la falta de material (el barco de recogida de flotantes), repuestos y reparación…, que, según subrayó esta experta en un informe para la UTE, llevaba al “desprestigio” del servicio, extremo del que fueron avisados tanto la concesionaria como el Ayuntamiento.

O la organización de la maquinaria y herramientas, ya que se debería haber realizado inversión en nuevos medios de maquinaria, mientras que lo que se ha detectado es que las adquisiciones en este sentido no coincidieron con lo que estaba estipulado en la oferta, además de que otras concretas no se hicieron y hubo vehículos que se avistaron en otros municipios.

Respecto al personal, ya había penalizaciones por dedicar personal adscrito al servicio de Limpieza a tareas en otras empresas del grupo.

Además, el personal subrogado fue menor del previsto (de 354 a 342) o se asignaron directivos como si fueran trabajadores, en una reducción que se profundizó con la política de jubilaciones.

En cuanto a la maquinaria, la reducción del personal no fue acompañada de una mejora de medios técnicos o mecánicos que les sustituyera .

De hecho, en la maquinaria, se consigna déficit o retrasos en la inversión y la modernización de recursos y tecnología era un factor que debía tenerse en cuenta.

Los sistemas de información y comunicación, mencionados expresamente en los criterios subjetivos, van relacionados con el control de la calidad: fallos que impedían la transmisión de informes sobre su funcionamiento, el control de las flotas, etc.

Uno de los incumplimientos más flagrantes hace referencia al control del contrato. Al margen de la parte del control municipal (sobre la que el Interventor llama la atención sobre la dificultad para conseguir la documentación) o la que le correspondió a la Fundación Torres Quevedo, en la que también se echa en falta documentación relevante, se encuentra la parte que afecta a la empresa.

Así, se detallan deficiencias como la falta de eficacia de los sensores, la disociación con los terminales móviles, la falta de funcionalidades ofertadas…

Es más: el pliego requería una plataforma de gestión del servicio que mejorara el control (objetivo mencionado en otro apartado) y adaptarse al concepto de Smart.

Y, como ya contó EL FARADIO, esa conexión tardó años en producirse pese a que la empresa pagó un millón de euros para hacerlo a NEC IBÉRICA, una de las empresas que precisamente había desarrollado la plataforma SMART.

En cuanto a la forma de trabajar, en la limpieza viaria se prescinde de la autorización del Ayuntamiento, y no se cuenta con el personal comprometido; y en la recogida de residuos también se corroboran incumplimientos en materia de personal.