Ascan y Geaser deben seguir prestando el servicio hasta el próximo 11 de noviembre, un mes después de la fecha en que se decidió la resolución del contrato. A partir de ahí, la empresa CESPA, de manera provisional, se hará cargo de la limpieza y la recogida de las basuras en la ciudad. Y lo hará hasta que el nuevo concurso termine y se adjudique definitivamente.

Pero las cosas todavía  pueden variar, porque el asunto no ha concluido. Más después de la rueda de prensa que ha ofrecido esta mañana el Grupo SADISA. En ella, se han anunciado querellas criminales por prevaricación administrativa contra tres personas, la directora general de Medio Ambiente, Belén Domínguez, el interventor municipal, Ignacio González, y la directora del Departamento de Desarrollo Sostenible, Julia Benito.

Esta vez no ha comparecido Santiago Díaz, el presidente del grupo, sino su hijo, Santiago Díaz Zavala. Y también ha intervenido para explicar lo que piensa la empresa y las actuaciones en curso Rubén Varela, director general de Ascan Servicios Urbanos.

El relato del Grupo SADISA se centra en los dos últimos años y medio, desde el día después de las elecciones municipales de 2019, cuando llegan nueve expedientes de sanción por incumplimientos en el contrato. Díaz Zavala resalta los «28 años de servicio al Ayuntamiento sin incidencia alguna», además de señalar que el comportamiento no ha sido el mismo frente a otras empresas, «de capital extranjero», que también han prestado servicio al Consistorio. Es decir, el Grupo SADISA siente que son la empresa peor tratada por el Gobierno municipal, pese a ser de Cantabria.

Varela comentaba que la presentación de estas querellas son por presuntos hechos delictivos a partir de decisiones sobrevenidas tras las últimas elecciones, y también explicaba que son querellas ampliables, pues se presentaron el 7 de octubre, antes de la resolución acordada en Junta de Gobierno Local el pasado lunes, día 11. El mismo hecho de la resolución está estudiándose por sus servicio jurídicos para ver si puede incluirse en las querellas también.

Varela lanzaba una sombra de duda sobre el Gobierno municipal, con el argumento de que el cumplimiento íntegro del contrato suponía que la actual Corporación no podría aprobar el siguiente, puesto que las elecciones municipales son en mayo de 2023 y el contrato concluiría en septiembre de ese mismo año. «Hay un interés que va mucho más allá que solucionar el problema de la limpieza en Santander», refrendaba.

«No existe catástrofe, no existe necesidad de defensa nacional y vemos muy complicado que alguien pueda decir que la situación en Santander es peligrosa», decía Varela, subrayando que esas son las condiciones necesarias, al menos alguna de ellas, para tomar una decisión de este calado por parte del Ayuntamiento.

El Grupo SADISA defiende que el problema no está en la calidad del servicio que han ofrecido, sino en la reducción de la cuantía del contrato, que ya debía suponer hacer el trabajo en peores condiciones. Hasta 65 trabajadores menos a lo largo del contrato.

Además, la rueda de prensa también servía para esgrimir el daño económico que recibe el grupo empresarial. Por un lado, por los alrededor de 30 millones de euros que le quedaban de cobrar por el contrato. Y también, porque tienen más de 2.000 empleados y unos 300 dedicados a este servicio en concreto. Incluso llegaban a decir que esta decisión puede tener repercusión en la economía de Cantabria.

Otro de los argumentos que SADISA piensa que les refuerza son las nueve sentencias favorables a la empresa, que reducen un 75% las penalizaciones impuestas. «El Ayuntamiento no ha llegado a demostrar la gravedad», decía Varela.

Varela mencionaba una testifical del interventor, sobre que su informe se ha utilizado para descontar hasta tres millones de euros de facturas desde junio de 2020, en la que habría admitido que el informe no era para hacer descuentos sino para «auditar la actuación de los funcionarios».

También valoraba la adjudicación provisional del servicio a CESPA por 16,4 millones de euros. Varela cree que se trata de una adjudicación «completamente a dedo» y «única en un contrato de este calibre». Y añadía que «no hay otra referencia en España». Además, ese encargo supondrá un «sobrecoste» para el Ayuntamiento.