El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Daniel Fernández, ha mostrado su preocupación por los «sobrecostes» para Santander que se concretarán en el nuevo contrato de emergencia con CESPA para dar continuidad al servicio de limpieza viaria y recogida de residuos, tras la resolución con la actual adjudicataria, ASCAN-GEASER.

Una preocupación a la que añaden «el coste que pueden tener para las arcas públicas todas las derivadas judiciales del conflicto de las basuras», que ha sumido a la ciudad en «una situación de gran incertidumbre añadida a la suciedad de las calles».

Así, tras analizar la documentación del contrato de emergencia entregada a la oposición en Comisión de Desarrollo Sostenible «a hechos consumados», los socialistas advierten sobre «la letra pequeña», que «quita obligaciones» a la nueva empresa, «consolida recortes de personal» y «tendrá grandes costes» para la ciudad «con toda seguridad».

«Como nos temíamos, el lavado de imagen del PP y de la alcaldesa, Gema Igual, nos va a salir muy caro a los santanderinos», ha valorado Fernández, que ha responsabilizado a los populares por «una cadena de decisiones políticas que nos han traído hasta aquí, desde el principio hasta hoy, con la ciudad más sucia que nunca».

En una nota de prensa, el PSOE señala que la propuesta «se parapeta» en el procedimiento de emergencia y en las «incertidumbres» que «ha provocado con sus decisiones el propio equipo de Gobierno», para incluir «textualmente» modificaciones que «muy previsiblemente incrementarán notablemente los 16,4 millones de euros anuales que ha estimado inicialmente la alcaldesa, Gema Igual (PP)».

Fernández apunta que este contrato «consolida los recortes de personal diseñados en el pliego de 2012», al pasar de 354 trabajadores de plantilla a los sólo 275 subrogables de la actualidad, por lo que «es muy difícil de creer que, con las condiciones que aceptan las partes, se vaya a mejorar la limpieza de la ciudad».

Además, el portavoz socialista advierte de que, si el Ayuntamiento firma con CESPA en las condiciones que se han hecho públicas, el contrato de emergencia no aclara qué va a pasar con unos 35 trabajadores del fin de semana, que por el convenio en vigor, que finaliza el 31 de diciembre, han ido asumiendo la totalidad de las tareas de limpieza en la ciudad los domingos y los festivos.

Respecto a los medios materiales, los socialistas subrayan que el Consistorio tendrá que asumir la amortización pendiente de la maquinaria, cuya reversión a propiedad municipal se calcula que puede costar cerca de otros 3 millones de euros adicionales, además de «nuevos importes a añadir» por alquileres.

Por otra parte, el PSOE plantea sus dudas sobre la «eliminación de obligaciones» para la nueva empresa en este contrato de emergencia, que no tendrá que hacer control de calidad, ni campañas de sensibilización ni desarrollar finalmente los medios tecnológicos, algunos de los motivos en los que ha basado el PP para la resolución, en la que «cada vez está más claro que el PP está poniendo por delante sus intereses políticos partidistas al interés general de los santanderinos y de la ciudad».

Por último, Fernández ha acusado al PP de «actuar unilateralmente, sin consultar a los vecinos ni a los grupos políticos», así como de «ocultar deliberadamente la trascendencia y el verdadero impacto en la ciudad de todos los pasos dados» y «las alternativas que había a esta situación de emergencia y de conflicto que no es bueno para la ciudad de Santander».