“El Ayuntamiento de Santander tiene una enorme cantidad de servicios externalizados, que, muchos de ellos, sobre todo los más importantes, no soportan un mínimo control; porque en cuanto se hace de forma eficaz por parte de los servicios municipales, se muestra que la prestación de servicios es muy deficitaria”. En estos términos se ha referido el concejal de Unidas por Santander (UxS), Miguel Saro, a los servicios públicos municipales.

Saro considera que la externalización es el punto “común” que tienen las “periódicas crisis” que afectan a los principales servicios municipales. Uno tras otro, los informes de control financiero han revelado una gran degradación de estos servicios “y han concluido en una deficitaria prestación de los mismos”, ha lamentado el edil.

Por este motivo, el edil llevará al próximo pleno del mes de octubre una moción para pedir la remunicipalización el servicio de recogida de basuras, y estudiar extender ese modelo al resto de los servicios municipales sobre los que existan sanciones por incumplimiento de obligaciones del contrato. “Ya hemos pedido en múltiples ocasiones a la Corporación que se estudie esta posibilidad, la última hace un año, pero el equipo de Gobierno de Partido Popular y Ciudadanos, por su sectarismo y desprecio de lo público siempre han rechazado siquiera tenerlo en cuenta”, ha recordado el concejal.

EL PSOE RECLAMA QUE SE REABRA EL DEBATE

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Daniel Fernández, reclama que se abra el debate sobre la gestión directa de los servicios públicos tras «el fracaso del modelo del PP» en el contrato de basuras de Santander y reivindica que se abra la Comisión de Investigación para aclarar qué ha fallado y determinar el futuro modelo de gestión.

En su opinión, al actual conflicto abierto se ha llegado «por culpa del PP y como consecuencia de una cadena de decisiones políticas». «Este desenlace es la descomposición de las relaciones de poder que durante décadas ha forjado la derecha santanderina. La resolución de las basuras tiene que ser el fin del ciclo del PP en Santander», ha enfatizado.

Así se ha expresado Fernández este martes en una rueda de prensa en la que ha anunciado que «el PSOE va a defender con todas sus energías» que los vecinos de Santander puedan debatir sobre algo que considera «un clamor ahora mismo en la ciudad».

«Es el momento idóneo para que se abra un debate sobre el mejor modelo para prestar los servicios públicos. El PP ha fracasado, y por eso se apresura para cerrar en falso la posibilidad de la gestión directa o de la gestión municipal».

SARO DEFIENDE LA GESTIÓN DIRECTA

Las ventajas de la gestión directa son “enormes”, defiende Saro, tanto a nivel económico como de la calidad de la prestación. Saro ha recordado que, con la gestión directa, no se paga el IVA, un 10%, que es “enorme” para las arcas públicas y que debe incluirse siempre en el contrato externalizado. Además, las empresas públicas que presten servicios municipales cuentan con una bonificación del 99% en el impuesto de sociedades.
Sobre los gastos generales, Saro ha insistido en que “si se presta de forma eficaz y la gestión es razonable, se compartirán alguno de los gastos generales con los de otros tipos de servicios públicos, lo que conlleva ahorro”. Además, “no hay que repartir dividendos”, al no precisar la necesidad de un beneficio industrial.

Por último, Saro ha insistido en la “mayor autonomía de gestión” que supone este modelo, porque “si hay alguna actividad extraordinaria, se puede hacer sin la necesidad de renegociar el contrato y eso es tiempo ahorrado para los vecinos”.

CRÍTICAS AL PP

EL PSOE ha acusado al PP de mentir porque «no hay un solo informe técnico que diga que no es factible la gestión directa del servicio de basuras». De hecho, ha destacado que el informe de los Servicios Jurídicos apunta a que la primera posibilidad de todas las que ofrece la Ley en la resolución de un contrato «es la gestión directa del servicio público esencial».

Además, ha apuntado que la declaración de emergencia para adjudicar «a dedo» la limpieza viaria, «sin precedentes en España», se debe a conclusiones extraídas únicamente por el Partido Popular, por la directora de Medio Ambiente, Belén Domínguez, la concejala de Medio Ambiente, Margarita Rojo, y por la propia alcaldesa, Gema Igual.

Interés «político y partidista» en decisiones que deben ser aclaradas

Y ha defendido la necesidad de una Comisión de Investigación para aclarar todo lo sucedido. «Los que nos han conducido a esta situación no deberían tomar las decisiones del futuro porque pueden estar muy condicionados por sus decisiones del pasado», ha concluido.

«Adjudicar a dedo por la emergencia derivada de la resolución provocada por el PP, es otra decisión del PP, y poner en marcha la licitación de urgencia para mantener el servicio externalizado, es otra decisión política del PP», ha puntualizado.

CERUTI CREE QUE EL AYUNTAMIENTO NO PUEDE ASUMIR EL SERVICIO

El portavoz del Gobierno municipal comparecía hoy en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno Local. Lo primero que ha expresado es que le parece «imposible remunicipalizar el servicio» por no tener el Consistorio la «capacidad» de asumir la gestión del servicio.

El líder de Ciudadanos en Santander estima que lo mejor es volver a sacarlo a licitación y, una vez concluido el concurso, «exigir el cumplimiento a la adjudicataria». También se ampara en que «encargar este servicio a una empresa privada es la opción elegida por la mayoría de ayuntamientos. Aunque también ha querido decir que, si no se controla el cumplimiento, da igual adjudicar que remunicipalizar, porque las consecuencias serían similares a las vividas en los últimos tiempos en la ciudad.

Sobre las cuestiones judiciales que se acaban de abrir por parte del Grupo SADISA, Javier Ceruti ha querido salir en defensa del interventor municipal, Ignacio González, uno de los que habría sido denunciado por la empresa. «Me parece injusto que el interventor se enfrente a una querella», para después añadir que «para mí sería un honor estar querellado junto al interventor», haciendo referencia a las amenazas de la anterior adjudicataria de presentar querellas contra cargos más altos del Ayuntamiento.

Respecto a las posibilidades de que esto empeore las cosas, Ceruti ha defendido que «se está haciendo lo que han dicho los servicios técnicos», y aún reconociendo que «hay un peligro muy grave de que se deje de recoger la basura y eso generaría una situación de insalubridad que pondría en peligro a los ciudadanos de Santander», también ha afirmado que «si condicionáramos nuestra actuación al miedo de obtener una sentencia negativa en los tribunales cada vez que hacemos algo, no haríamos nada».

El portavoz del Gobierno ha insistido también en que «sigue siendo necesaria la Comisión de Investigación», porque «cada vez hay más cuestiones que aclarar». Una vez escuchados los argumentos de SADISA, ha llegado a la conclusión de que «si la concesionaria dice que era imposible cumplir el contrato, o se presentó sabiendo que no podía hacerlo o fue obligada a presentarse con una oferta que sabía que no iba a cumplir».

También ha hablado de la adjudicación provisional a CESPA: «tengo que aplaudir la decisión de Medio Ambiente de ofrecer el contrato a la segunda empresa del concurso, era lo más objetivo para evitar una acusación de favorecer a terceros».

Ceruti cree que ahora es la nueva concesionaria la que debe asumir las condiciones y entiende que las conoce, porque «si no haría lo mismo que la anterior adjudicataria». «Se ha previsto incluso que la anterior concesionaria no entregue la maquinaria para que CESPA asuma el alquiler», ha revelado también.

En cuanto al cumplimiento de CESPA, el concejal de Urbanismo ha dicho que «vamos a insistir en que se controle, pero me da que no va a hacer mucha falta, porque va a haber mucha gente más atenta de lo que lo estuvo antes».

En respuesta a las acusaciones lanzadas por SADISA, Ceruti ha querido recordar que el «Consejo de Estado decía que debía resolverse el contrato, y afirmaba que había incumplimientos graves», aunque haya habido sentencias judiciales que hayan puesto en cuestión el volumen de las sanciones contra la empresa. Y ha añadido que el dictamen también hablaba de la «liquidación final del contrato» que debe llevarse a cabo.

Ceruti ha hablado también de algunos de los incumplimientos de esta etapa recién cerrada: «mi sensación es que la plantilla no cumple el número exigido en el contrato, la nueva concesionaria tendrá que tener cubierta la plantilla».

SADISA se refería el pasado viernes a la reducción del número de trabajadores, precisamente, a lo que el representante de Ciudadanos ha contestado que «en el contrato se condiciona la reducción de plantilla a la aportación de maquinaria que sustituya a esa parte de la plantilla. Tenemos mucho interés en conocer cuando CESPA revise la maquinaria que hay y en qué estado se encuentra, porque el contrato habla de maquinaria que funcione».

Y también ha respondido a la discriminación que SADISA dice haber sufrido, poniendo en valor que son una empresa de Cantabria y que a otras se las ha tratado peor. Ceruti ha considerado que la antigua adjudicataria debería haber tratado de cumplir «con más diligencia» el contrato y así no perjudicar a los ciudadanos del territorio donde está enraizada.