UGT denunció hoy el creciente número de incidentes violentos de ciudadanos contra empleados públicos de la Administración General del Estado (AGE) y del personal de seguridad de sus centros en Cantabria, en su mayor originados por problemas del sistema de cita previa para determinadas prestaciones.

Según aclara la secretaria general de la sección sindical de UGT en la AGE de Cantabria, Carmen Ruiz, «estas situaciones violentas se relacionan con las dificultades para concertar una cita previa, de las que no son responsables en absoluto ni los empleados públicos ni el personal de seguridad, pese a que son los destinatarios del enfado descontrolado de algunos ciudadanos».

Según recuerda Ruiz, «el sistema de cita previa está diseñado para facilitar la prestación del servicios al ciudadano, aunque es la Administración General del Estado quien tiene la obligación de que se desarrolle con normalidad, rapidez y eficacia para no poner al pie de los caballos a los empleados públicos y al personal de seguridad».

«El problema se origina cuando los ciudadanos acuden a las oficinas y se encuentran que tienen que llamar por teléfono para pedir cita previa pero en muchos casos la falta de personal provoca que sea una máquina quien les responda y les indique que vuelvan a llamar; ahí empieza su enfado que luego pagamos los que no somos culpables de ello», precisa la responsable regional de la sección sindical de UGT en la AGE.

Ruiz agrega que «en la otra vía de cita previa, a través de Internet, surge el problema añadido de la brecha digital y la imposibilidad que tienen muchos ciudadanos y ciudadanas de Cantabria para acceder a ella».

La responsable regional de UGT-AGE reitera a la Administración General del Estado su obligación de velar por el buen funcionamiento del sistema de citas previas y la seguridad de su personal y matiza que «los usuarios tienen que entender que los culpables no somos ni los empleados públicos ni los compañeros de seguridad porque sólo somos la cara visible de la Administración».

La sindicalista advierte que de proseguir esta tendencia creciente de incidentes violentos contra empleados públicos o trabajadores de contratas de seguridad de la AGE «se tendrán que tomar las medidas preventivas que sean oportunas antes de que se tengan que lamentar daños mayores».