El portavoz municipal del PSOE, Daniel Fernández, ha solicitado unos informes a la Asesoría Jurídica, a la Secretaría General y a la Intervención General del Ayuntamiento de Santander para determinar si se garantiza la seguridad jurídica en el proceso de contratación de emergencia del contrato de las basuras, que comenzará a prestarlo a partir del 12 de este mes la nueva empresa adjudicataria.

Fernández ha puntualizado que “desde el PSOE consideramos que hay serias dudas” respecto al método por el que se ha adjudicado dicho contrato, por lo que ha recalcado que la solicitud de informes técnicos tiene la intencionalidad de salvaguardar el interés municipal, el bienestar de la ciudadanía de Santander y el de las arcas municipales.

Así se ha expresado Fernández tras registrar esta mañana un escrito dirigido a la alcaldesa, Gema Igual, y destacar que el contrato con ASCAN se ha resuelto en el último año y la regidora se ha amparado en el artículo 120 de la Ley de Contratos del Sector Público para elaborar el expediente de la ‘Resolución de Emergencia’, adjudicando de manera directa y unilateral el servicio de limpieza, por 16,4 millones anuales y por tiempo indefinido hasta la tramitación de un nuevo contrato por el procedimiento de urgencia.

Según el portavoz socialista, la Ley en la que se ampara el equipo de Gobierno para justificar la Emergencia y adjudicar directamente y sin concurso previo el servicio de basuras a otra empresa, “establece tres consideraciones para poder otorgar ese contrato, y no se cumplen ninguna de ellas”, ha advertido.

Tres consideraciones que exige la Ley y que no se cumplen

Ha explicado que la jurisprudencia establece que para que pueda aplicarse este precepto que ha decidido Gema Igual tienen que concurrir alguno de los tres supuestos: consecuencia de una catástrofe natural, que esté en riesgo la seguridad nacional, o en caso de grave peligro.

Para Fernández, “la declaración de Emergencia debía haber explicado que esta situación no es consecuencia del propio órgano de contratación”. De hecho, según ha sostenido, “hemos visto que es más bien al contrario, y que es la propia resolución del contrato la que nos conduce a la emergencia de no tener una empresa para limpiar la ciudad”.

Además, en su opinión, los informes que la alcaldesa “considera acreditados” son “consideraciones subjetivas y de carácter político, carentes de fundamento ni soporte técnico alguno, emitidas por la directora general de Medio Ambiente, Belén Domínguez, cargo de libre designación, dependiente de la concejalía de Medio Ambiente y que siempre ha estado en manos del PP”.

Por todo ello, ha subrayado que es “fundamental” que se acredite “mediante informes técnicos” si la contratación es ajustada a derecho, y que esos informes sean emitidos por parte de la Secretaría General, la Intervención General y la Asesoría Jurídica Municipal.

Finalmente, ha recordado que se trata de un conflicto que alcanza un volumen que ronda los 30 millones de euros (equivalente al periodo restante hasta la finalización del contrato), y que es imprescindible que proteja la seguridad jurídica y conseguir así la mejor defensa del interés público de los santanderinos.