Unidas por Santander insiste en que con un servicio de basuras municipalizado habría mayor autonomía a menor coste para atajar la crisis
Al finalizar la reunión para informar a los grupos de la oposición del estado del contrato de basuras, Miguel Saro, el concejal de Unidas por Santander (UxS) ha insistido en que la situación le ha hecho ver, una vez más, la “necesidad de una gestión directa del contrato”, algo que, ha recordado, la mayor parte de los grupos del Ayuntamiento “han negado a considerar en nuestras sucesivas propuestas durante los últimos años”.
Saro ha recordado que la crisis en la gestión de las basuras y la limpieza viaria se conoció oficialmente con el inicio “tardío” de los expedientes en mayo de 2019, hace dos años y medio, pese a que las quejas vecinales se extienden desde hace años.
“Si cuando se conoció esta crisis del contrato se hubiera iniciado ya un expediente para la remunicipalización del servicio de limpieza y de recogida de basuras, ahora mismo tendríamos ya autonomía suficiente para gestionar de forma directa el contrato, con un menor coste y una mayor autonomía para recuperar esa gestión y actuar donde sea necesario, en una ciudad que está absolutamente llena de porquería”, ha criticado el edil.
Tras la reunión, Saro ha criticado que el equipo de Gobierno “no nos ha dado ninguna información que no conociéramos ya por los medios de comunicación”, sobre la crisis en el traspaso del concesionario Ascán a Cespa, por la vía de emergencia. “De hecho, las dudas que se planteaban sobre la oportunidad y el armazón jurídico de este traspaso no se ha resuelto en absoluto”, ha matizado.
Lo que sí ha quedado claro, ha recalcado Saro, que, “debido a la actitud obstativa e impeditiva por parte de Ascán, el coste de esta liquidación y el traspaso serán mucho mayores de los 16,5 millones presupuestados por el Ayuntamiento para que Cespa se encargue de este contrato”. Y es que es obvio que se van a tener que alquilar medios y maquinaria nueva, debido a la falta de voluntad y los impedimentos de Ascán a cederla.
Además, no se ha dado conocer en ningún caso una fecha estimada de cuándo podrá estar adjudicado el contrato nuevamente. “Nos sorprende el retraso que tiene el pliego, en un asunto que lleva ya dos años coleando”, ha criticado el edil, que se pregunta cuánto durará esta adjudicación de emergencia.
La otra preocupación principal de UxS, además del estado de suciedad de Santander, son los derechos de los trabajadores que actualmente están contratados por Ascán y que debieran subrogarse Cespa. “La realidad es que no se ha hecho la liquidación con respecto a Ascán, no se conoce realmente aún la plantilla que trabaja para ellos y de la que Cespa deberá hacerse cargo, y estamos a cinco días para la subrogación, según el expediente”, ha finalizado Saro.
Por su parte, desde el PSOE, Daniel Fernández remarcaba que la Comisión «no ha servido para aclarar la enorme incertidumbre que hay sobre la limpieza en la ciudad» ya que «no se ha entregado ninguna información a la oposición, y en todo caso queda claro que el PP está haciendo en la crisis de las basuras lo que ha hecho siempre que quedan al descubierto las consecuencias de su cadena de decisiones políticas: echar balones fuera y eludir su propia responsabilidad», motivo por el cual están obstaculizando la creación de la Comisión de Investigación.
Frente a esto, el PSOE reivindica su defensa del interés público en un conflicto «que ha causado el PP con sus decisiones políticas desde 2012», motivo por el cual advierten de las «serias dudas legales del camino que ha tomado con la designación a dedo de la nueva empresa», en lo que califican de una «huida hacia adelante» de la alcaldesa.
Fernández ha acusado a Igual de pretender «lavar la imagen del PP después de años de un servicio tan deficiente de recogida de basuras» con «una operación política que nos puede costar muy cara a los santanderinos».
El PSOE duda de que la nueva empresa, «con menos dinero, pueda mejorar la calidad del servicio» y recuerda que tendrá sobrecostes, como han pactado entre el Ayuntamiento y la nueva empresa. Y añade que se van judicializar más de 30 millones de euros: » la factura puede salir muy cara a todos los santanderinos».