El Grupo Municipal Socialista, el Grupo Regionalista y Unidas por Santander (UxS) han pedido la convocatoria extraordinaria y urgente de la Comisión de Administración y Participación Ciudadana para que los grupos de la oposición sean informados sobre la denuncia de los posibles nombramientos irregulares de dos inspectores de la Policía Local de Santander.

En la comisión, los grupos han reclamado que se informe de la denuncia de los hechos y se entregue, en caso de existir, los informes del expediente que certifiquen la habilitación de los aspirantes nombrados; y se dé cuenta de la situación de la plantilla actual de la Policía Local de Santander, especialmente sobre los próximos procesos selectivos para dotar de las vacantes existentes.

Al datar los nombramientos de hace tres años, el tiempo puede jugar a favor del Ayuntamiento en la asunción de responsabilidades, pero, al margen de la calificación jurídica de los hechos, los grupos coinciden en que los hechos “indudables” son que el concejal responsable, Pedro Nalda, se saltó las bases de la convocatoria, regidas por la normativa autonómica.

“Una y otra vez actúan como si el tema ni tuviera transcendencia y es una actitud especialmente grave y reiterativa”, ha criticado el concejal de UxS, Miguel Saro, que ha matizado que “se trata de una ilegalidad administrativa, tal y como ha recordado el Gobierno de Cantabria”. Saro ha calificado los hechos como una “muy grave acción administrativa que puede calificarse de arbitraria e, incluso, de desviación de poder”, al margen de que tengan o no trascendencia penal.

Además, los grupos de la oposición han criticado la opacidad con la que el Partido Popular trabaja en el Ayuntamiento, que acostumbra a informar al resto de partidos a través de los medios de comunicación.

El portavoz del PRC, José María Fuentes Pila, ha calificado los hechos como “una situación surrealista”. Según el portavoz regionalista, las declaraciones de la alcaldesa sobre su falta de conocimiento sobre la denuncia presentada evidencian que “no hay un funcionamiento óptimo y reglado de los servicios y procedimientos como debiera ser”. “Es una muestra más de los problemas de gestión, control y supervisión por parte del equipo de Gobierno de los procedimientos internos”, ha finalizado.