La portavoz de Izquierda Unida de Cantabria, Carmen Martín, ha reclamado al vicepresidente y consejero de Igualdad, Pablo Zuloaga, la inclusión de la violencia de género de segundo orden en la normativa cántabra a través de la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas, conocida como Ley de Acompañamiento en los Presupuestos Generales de la comunidad que se están debatiendo estos días.

La propuesta, que ya fue registrada por IU en el Parlamento y enviada a los grupos de la Cámara, consiste en modificar la Ley Integral contra la Violencia de Género para que extienda la protección a las víctimas de segundo orden, bajo cuya denominación se incluye al entorno de las mujeres víctimas de violencia de género (familias, amistades, asociaciones) que, en muchas ocasiones, también sufren agresiones o situaciones de acoso cuando les apoyan o protegen.

“Es un aspecto de la lucha contra la violencia de género que conocen bien quienes han trabajado con mujeres víctimas y que empieza a reconocerse como una pieza clave si se quiere que la protección sea integral; las medidas seguirán siendo insuficientes si las personas que ayudan a las víctimas también sufren agresiones, amenazas o acoso”, afirma Martín.

Por ello, lU destaca que “es posible” incluir al entorno de las mujeres víctimas en la Ley “y que sea una realidad el 1 de enero de 2022”, mediante leves modificaciones de la Ley cántabra de 2004, “pionera” en todo España.

Y lo puede hacer, según defienden, el Gobierno y, concretamente, el vicepresidente y la Dirección General de Igualdad y Mujer, mediante enmiendas a la Ley de Acompañamiento que incluyan el supuesto de acoso de segundo orden en el ‘Artículo 3. Formas de violencia de género’ de la normativa, en el cual ya se incluyen los malos tratos físicos, psicológicos o económicos o las agresiones y abusos sexuales a las mujeres y niñas.

De hecho, esta leve modificación fue la que se llevó a cabo en la ley catalana homóloga por unanimidad de todos los partidos. “Si Cantabria sigue los pasos, sería la segunda comunidad en aprobarlo y situaría a nuestra tierra a la vanguardia de la igualdad y la lucha contra la violencia de género”, asegura la portavoz de IU.

“La política debe ser útil y, en este ámbito, tejer una red de protección en torno a las mujeres que viven la violencia machista, dentro y fuera de sus parejas o exparejas, es una tarea colectiva pero que sólo quien gobierna tiene la oportunidad directa de incluirlo en la legislación”, ha incidido. “Es una cuestión de voluntad y el vicepresidente y la Directora General no pueden seguir obviando una propuesta que reúne el consenso de la sociedad», ha sentenciado.