La huida hacia adelante del Partido Popular en Santander y sus intentos de eludir sus responsabilidades en la crisis de las basuras en la capital le está llevando a implicar a los juzgados cántabros, cuerpos como la Guardia Civil e incluso a empresas como Apia para proteger judicialmente a su directora general de Medio Ambiente, aunque sea a costa de más gasto de dinero o pérdida de transparencia y (más) confianza con el socio de Gobierno.

Ha sido el de este jueves un Pleno en el que más de uno estaba pendiente también de lo que sucediera fuera, que también tenía que ver con la crisis de las basuras: si dentro se debatía sobre por qué se había derivado a una empresa privada el control del contrato de la nueva empresa de basuras, fuera había noticias judiciales.

TENER CONTENEDORES EN SANTANDER PASA POR LA JUSTICIA Y LA GUARDIA CIVIL

Por partes: el titular del Juzgado de Instrucción nº 4 de Santander ha concedido las medidas cautelares solicitadas por el Ayuntamiento de la capital cántabra en la denuncia que éste presentó contra la anterior adjudicataria del servicio de basuras, la empresa ASCAN, el pasado 10 de noviembre.

En un auto fechado en el día de ayer, el magistrado acuerda que miembros de la Guardia Civil, auxiliados por Policía Local de Santander, “accedan al interior de la nave de ASCAN a fin de proceder a la incautación de los bienes que constan documentados en el atestado de la Policía Local, que se entregará como adjunto a la fuerza actuante”.

La resolución, conviene aclarar, no afecta al fondo del debate, a de quién son los bienes en cuestión (Ascan sostiene que son suyas, el PP también, en un discurso vacilante que llegó a decir tres teorías sobre la propiedad de los contenedores en el mismo día del cambio de ASCAN a CESPA: que se los estaba llevando la empresa, que sí que eran de la empresa, y que aún así les denunciaba).

Es decir, el auto (no una sentencia, por tanto) lo que hacía era estudiar las medidas cautelares, que se piden ante el riesgo de que se produzcan daños irreparables, y en este caso de lo que se trataba de proteger era la limpieza de las calles de la ciudad, profundamente deteriorada pese a que desde el Ayuntamiento se garantizó que no habría ningún problema en el cambio de ASCAN a CESPA.

En esa transición, recordamos, se dieron escenas como agentes de la Policía Local identificando a conductores de ASCAN cuando se llevaban material a la sede de la empresa, en Camargo. La relación con la empresa a la que adjudicaron servicios y obras y de la que proceden distintos cargos del equipo de Gobierno es, ahora, mala: desde el grupo SADISA les acusaban de mala fe, cuestionando sus prisas, toda vez que el análisis de la maquinaria tenía unas fechas fijadas por el propio Ayuntamiento que se extendían a la semana que viene.

En cualquier caso, durante su intervención en el Pleno municipal de este jueves, la alcaldesa ya apuntaba que la ciudad iba a recuperar la maquinaria.

Novedad relevante tras unas semanas en los que el servicio se ha movido entre el desconocimiento de cuántos contenedores se habían perdido (el propio Consistorio ha pasado de decir cientos a sesenta) o el andamiaje de la infraestructura a parches, con contenedores y vehículos venidos de otras ciudades o alquilados sobre la marcha (una de las circunstancias que en la propia propuesta de CESPA se invocaba como fuente de sobreprecios respecto al contrato inicial).

EL PP HA ADJUDICADO UN NUEVO CONTRATO PARA LA SUPERVISIÓN DEL SERVICIO A UNA EMPRESA PRIVADA

Y dentro del propio Pleno se debatía sobre la supervisión del contrato a CESPA (contrato de emergencia, por tanto, adjudicación directa, a dedo, a la empresa que en el anterior concurso quedó descabalgada por el peso que entonces se le dieron a los criterios no objetivos).

Supervisión que, pese a la invocación permanente del PP a los técnicos municipales como escudo anticríticas de la oposición, no ha recaído en los servicios del Ayuntamiento, sino en una empresa, APIA, los responsables de la redacción del PGOU –anulado en los tribunales–, que ya asumió la misma función en el pasado y en la que trabajó en su día el exalcalde Íñigo de la Serna, que en sus distintas responsabilidades abanderó la redacción del plan o la adjudicación de las basuras.

El dato de la adjudicación a una empresa privada (por un importe de 261.360 euros anuales, más del doble que el anterior contrato de fiscalización) fue desvelado ayer mismo por el portavoz socialista, Daniel Fernández y aglutina varias circunstancias:

-Aparte del propio precio o del recurso a una empresa privada en lugar de a los servicios municipales pese a que el modelo está en cuestión por los propios resultados… (lo que para Miguel Saro, de Unidas por Santander, supone una falta de confianza en las propias capacidades gestoras de un PP que siempre que pueda reivindica que gestiona mejor por la experiencia acumulada en el Gobierno –la que les da el que no se haya producido nunca relevo político en la ciudad–)

-Está el hecho de que el propio PP aseguró que el control era municipal la semana pasada, cuando el PRC pedía que esa fiscalización se remunicipalizara (la moción que se debatía)

-O de que justo semana, el lunes, se celebraba una comisión municipal en la que no se informó de este asunto

-Que de hecho ha provocado un desencuentro entre los socios de gobierno, PP y Ciudadanos, en este caso con tintes de noticia porque ha sido en medio del pleno y no de rueda a rueda de prensa, y porque ha sido tenso en el tono: Javier Ceruti, crítico con la gestión de la crisis de las basuras, incluyendo el contrato de emergencia, se quejaba de la falta de información sobre este contrato de supervisión, y la alcaldesa, advirtiéndole de que no estaba en el uso de la palabra, se mostraba “sorprendida por la sorpresa”.

El remate lo dio la concejala de Medio Ambiente, Margarita Rojo, cuando, ante unos atónitos concejales de la oposición –y del gobierno– confirmó que este último contrato a APIA  con más coste, sin información a los socios, sin paso por comisiones municipales y despreciando a los técnicos del Ayuntamiento, se hacía por un motivo: proteger a la directora general de Medio Ambiente de más acciones , Belén Domínguez –a quien el PP viene presentando como un cargo técnico cuando en realidad lo es de confianza, designado por el equipo de Gobierno— ante la incierta deriva judicial de todo esto, que va ya más allá de sanciones, recursos contenciosos, petición de indemnizaciones… y se ha extendido a querellas criminales.

Todo, desde la Policía Local o la Guardia Civil, pasando por los juzgados y no pasando por los organismos municipales, atrapado en la huida hacia adelante con la que el PP en el Gobierno quiere intentar que la solución a la crisis de las basuras quede lo más lejos posible de la cita electoral.