Tras haber demostrado su inocencia ante un “montaje político y policial” que llegó a imputarles penas de hasta 12 años de cárcel (42 en total) y haberse tomado un tiempo para desconectar de la Justicia y la exposición mediática, prolongado forzosamente por las limitaciones de la pandemia, la asamblea de ‘Preguntar No Es Delito’ ha regresado a los juzgados, en esta ocasión para interponer denuncia.

Las constantes noticias de casos de represión bajo la ‘Ley Mordaza’, amparadas únicamente en la palabra de policías que cuando se demuestra falsa no implica consecuencias, les ha llevado a plantear su caso, excepcional por contar con dos vídeos inesperados que evidencian la falsedad de la acusación.

“Si las imágenes valen más que mil palabras, entendemos que es una oportunidad única para que se haga auténtica justicia o para evidenciar los resortes del poder que lo impiden”, señalan desde la asamblea que conformaron los imputados por participar en una protesta estudiantil contra el expresidente Ignacio Diego en la UC.

En concreto, han presentado denuncia por la agresión y la denuncia falsa que entienden que protagonizaron los policías, así como por falsedad documental, al presentar las empresas de renting que prestaba servicios para el Gobierno de Ignacio Diego facturas que justificaran el delito con varias irregularidades, incluyendo daños inapreciables a la luz de los vídeos.

A lo largo de los más de cuatro años que duró el “tortuoso” proceso, los imputados recibieron un apoyo «impresionante» en las ruedas de prensa, en las huelgas estudiantiles o el propio juicio.

Ahora quieren devolver una parte de toda esa solidaridad, abriendo un proceso contra los policías y empresas que fabricaron el presunto montaje, principalmente para sentar un precedente que pueda evitar futuros casos de represión como aquél por defender la Educación Pública o, como actualmente está ocurriendo, por parar un desahucio en Astillero.

Además, recuerdan que el apoyo de profesores, personal y estudiantes nunca se vio culminado con el compromiso demandado al entonces rector (Gómez Sal) de la institución, de que la Universidad de Cantabria se consagrara como espacio de libertad y debate, de que nunca volvería a censurarse como ocurrió aquella mañana.

Desde #PreguntarNoEsDelito esperan seguir recibiendo el apoyo popular que hizo posible la sentencia exculpatoria, para acabar con la impunidad de quienes son capaces de mentir y falsificar pruebas, utilizando el dinero público con el objetivo de perseguir cualquier disidencia. Como recogía el manifiesto por la absolución y la no repetición de aquel proceso, que firmaron cientos de personas, “la arbitrariedad conlleva que mañana podamos ser cualquiera de nosotras quienes enfrentemos algo así de forma injusta”.