Izquierda Unida ha elevado a la Comisión Europea la instalación de casi 10 kilómetros de concertinas que la Autoridad Portuaria prevé realizar en torno a la zona logística.

El asunto llega a la Comisión Europea tras la preocupación mostrada por colectivos locales como Pasaje Seguro, que lo ha denunciado al Defensor del Pueblo, o la ONG internacional No name Kitchen, la cual ha impulsado la iniciativa registrada por la candidata de La Izquierda a presidir la Eurocámara, Sira Rego, y el también eurodiputado de IU, Manu Pineda.

En agosto de este año, el Puerto de Santander comenzó la instalación de una alambrada de concertinas, frente al criterio del Defensor del Pueblo o de la propia Comisión Europea, apenas unos meses después de que las concertinas se retirasen de Ceuta por “inhumanas”.

Según recoge el escrito dirigido a la Comisión Europea, “la instalación de esta alambrada se realiza para supuestamente evitar la entrada de polizones en las zonas de transporte marítimo, siendo esta infraestructura de acero galvanizado que contiene cuchillas que provocan graves cortes y lesiones”.

La propia institución europea ha afirmado en el pasado que “aun reconociendo que el uso de verjas, reforzadas por alambre de púas u otros dispositivos, como medida de vigilancia de fronteras no está prohibido por la legislación de la UE, la Comisión no fomenta su uso y anima a utilizar medidas alternativas de vigilancia de las fronteras”. Y planteó que “toda medida de vigilancia de fronteras debe ser proporcionada a los objetivos que se persigan y deberá respetar los derechos fundamentales”.

Por ello, IU pregunta si la Comisión considera proporcionada la instalación de 10 kilómetros de concertinas que provocan graves lesiones y si se pondrá en contacto con las autoridades españolas y la Autoridad Portuaria de Santander para recomendar el uso de medidas alternativas de vigilancia.

Ruiz Salmón recuerda que, pese a que Puertos depende del Gobierno central, su presidente, Francisco Martín, que hasta hace unos meses era el consejero de Industria, es nombrado por el Ejecutivo cántabro.

“Son muchas las explicaciones que debe dar el presidente de la autoridad portuaria y su máximo valedor, el presidente Miguel Ángel Revilla, tras una decisión contraria a la convivencia, los derechos humanos y las buenas prácticas en materia de seguridad”, aseguran desde el coordinador autonómico de IU, Israel Ruiz Salmón.

Además, tal y como también señalan colectivos y ciudadanos movilizados, se ha tomado una decisión “unilateral y unipersonal”, que no ha contado con la autorización del Consejo de Administración de la entidad portuaria y tampoco lo ha hecho la licitación de 188.000 euros.

“Ni por las formas ni por el fondo la instalación de concertinas tiene cabida alguna, pues la respuesta ante posibles polizones debe ser proporcional y no una que puede llevar a una persona a morir desangrada”, ha criticado.

Y añade que “los posicionamientos reaccionarios están copando las instituciones públicas en un ejercicio irresponsable de retroceso como sociedad y que alimenta posturas xenófobas y contrarias a la convivencia y que deberían ser aisladas y rechazadas”.

EL PUERTO PRESUME DE DATOS HISTÓRICOS TRAS SUS ADVERTENCIAS SOBRE EL RIESGO DE LOS POLIZONES (SIC)