Cantabria se expone a un borrón en su expediente en materia de derechos humanos por el uso de las concertinas –las alambradas con pinchos—que ha instalado el Puerto de Santander y que quiere extender a todo su perímetro con el objetivo de disuadir a los migrantes que intentan ir a Reino Unido de unos accesos que hace tiempo que se están quedando en intentos no consumados.

La organización Pasaje Seguro Cantabria ha elevado una queja por su uso al Defensor del Pueblo, organismo de ámbito estatal que actúa ante las quejas ciudadanas por los fallos en el funcionamiento de las administraciones.

Y este organismo tiene claro el criterio, fijado hace años para puntos con mayor presión migratoria que el Puerto de Santander: la propia frontera sur de España de Ceuta y Melilla.

El Defensor del Pueblo ve  “de una crueldad extraordinaria” las concertinas y se ha mostrado totalmente contrario a la utilización de estos mecanismos.

Ya en 2013, tal y como refleja el informe del Defensor del Pueblo, consultado por EL FARADIO, se realizó una recomendación al Ministerio del Interior para que sustituyera las concertinas de la valla por un mecanismo no cortante que cumpla la función de dificultar el salto, pero sin causar esos daños personales, que llegaron a causar incluso el fallecimiento de personas.

Esas recomendaciones no fueron atendidas por el Ministerio en ese momento. Su retirada fue uno de los primeros anuncios realizados al tomar posesión por el ministro del Interior Fernando Grande Marlaska.

El rechazo a las concertinas por parte del Defensor del Pueblo se extiende a su utilización en otras instalaciones con más necesidades de seguridad que un Puerto, como cárceles

En realidad, el rechazo a las concertinas se remonta a 2005, con peticiones expresa de retirada y hablando, frente al tópico del efecto llamada, del “efecto expulsión” de África por sus ”condiciones de vida insoportables”.

De modo que para afrontar esta situación “no vale solamente con el control de fronteras, pieza muy importante, pero no única”, por lo que reclamaba “voluntad política, una dotación de recursos suficientes, una colaboración institucional y social imprescindible y ciertos cambios legislativos”.

Es un criterio que se viene produciendo durante distintas legislaturas y con distintos titulares al frente del Defensor del Pueblo.

En 2019 comenzaron obras de cambio en el puesto fronterizo de El Tarajal, en Ceuta, con un proyecto que pasaba por la sustitución de las concertinas por elementos “más eficaces” (es decir, no se está planteando eliminar los controles, y a la vez se apuesta por fórmulas que cumplieran ese control), pero “sin riesgo para las personas”.

De hecho, en junio del 2017 un informe de Interior ya apuntó que las concertinas no son un elemento «disuasorio» para las personas que tratan de acceder a España, en línea con la Comisión Europea, que las ve «inútiles» porque no impiden el acceso y además causan heridas o incluso muertes.

Se ha constatado su retirada de la mayoría de ellas en la parte española (en Marruecos sí se siguen usando, lo que no ha impedido la marcha de ese país rumbo a España). El nuevo sistema pasa por tubos antitrepado, con rodillos giratorios y una mayor altura, según un proyecto diseñado por Defensa.

El uso de concertinas se rechaza también en los centros de menores extranjeros no acompañados, al considerar que confieren a unos dispositivos que debieran tener una función educativa un aspecto más “carcelario”, como observó el Defensor del Pueblo en su informe de 2020.

A la petición ante el Defensor del Pueblo de Pasaje Seguro se suma la que han trasladado Izquierda Unida y No Name Kitchen ante la Comisión Europea.