“El tema ya no da más de sí”, aseguraba lacónicamente Carmelo Renedo, coordinador de la Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de Comisiones Obreras en Cantabria al abordar la última oleada de incendios forestales con que acabó y arrancó el año (medio centenar sólo a partir del uno de enero).

Está el problema y está el diagnóstico: “los incendios forestales son intencionados, como lo constatan los informes de los agentes del medio natural, y ahora toca dar un paso más e investigar y detener”, ha reivindicado Renedo, que ha recalcado que “tenemos el cuerpo de agentes del medio natural para poder hacerlo, pero hay que organizarlos y crear una ‘brigada’ de investigación y persecución del delito con permanencia en el tiempo”.

Ahí aparece una de las claves: pese a que los incendios han pasado de quemar 3.000 o 4.000 hectáreas en menos de 300 incendios anuales a quemar más de 15.000 hectáreas, con 700 incendios, en el año 2021 –solo hasta octubre-, lo cierto es que sólo el 1% de estos delitos se resuelven.

Los representantes de los trabajadores públicos perciben un “cuello de botella” en las denuncias que los agentes del medio natural elevan a la Consejería “y que no sabemos si se están trasladando a la Fiscalía de Medio Ambiente de Cantabria”, como ha manifestado Renedo. Por eso, este lunes pedirán una reunión a la Fiscalía para “esclarecer la situación y ver dónde está el problema para poner en marcha un mecanismo de persecución de estos delitos, fundamentales para esclarecerlos”.

Lo que plantean es un un mecanismo “que investigue y detenga a los incendiarios de manera efectiva para que se pueda “perseguir de verdad los delitos medioambientales, como se persigue cualquier delito”.

En definitiva, la clave en la que se ha apuesto el acento en esta suerte de día después es en la vigilancia para tratar de identificar a los que provocan los incendios forestales (es habitual en estas oleadas que no se identifique, al producirse muchos de noche, y también que, en caso de llegarse a juicio, la pata de la identificación cojee por la falta de testigos, lo que lleva a absoluciones y a la sensación de impunidad).

En esa línea, desde las instituciones, la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, y la Delegación del Gobierno de Cantabria y la Guardia Civil han acordado reforzar los sistemas de coordinación ya existentes para intensificar la vigilancia en los puntos más susceptibles de sufrir incendios forestales, “con el fin de identificar y poner ante la justicia” a todos aquellos que los provoquen.

Así lo han indicado el consejero de Medio Ambiente, Guillermo Blanco, y la delegada del Gobierno en Cantabria, Ainoa Quiñones, tras el encuentro que han mantenido este viernes y en el que también han participado el jefe interino de la 13 Zona de la Guardia Civil, el teniente coronel Juan Martínez Ros, y el sargento primero de la oficina técnica del Seprona, Alberto Suero.

De este modo, todos los representantes institucionales se han comprometido a dar continuidad a las reuniones periódicas que vienen manteniendo con el fin de reforzar los protocolos de colaboración y coordinación “que ya son magníficos”, según ha resaltado Blanco, con el objetivo de “identificar y poner ante la justicia a los incendiarios”.

“La información ya fluye de manera muy ágil, pero queremos dar un paso más en vigilancia preventiva antes de que se produzcan los incendios y, una vez que se produzcan, tener información para poder identificar a los posibles causantes”, ha insistido el titular de Medio Ambiente.

Además de impulsar la comunicación entre todos los agentes implicados “y sumar esfuerzos para conseguir que el menor número de incendios queden impunes”, en palabras de Blanco, se reforzará “día a día” las técnicas y se organizarán actuaciones conjuntas entre los Agentes del Medio Natural de la Consejería y la Guardia Civil.

En este punto, ha informado de que, por parte de la Consejería, trabajarán los Agentes del Medio Natural “que son agentes de la autoridad” y que, entre sus labores, además de dirigir la extinción de los incendios, “intervienen en la investigación de las causas y además conocen el medio rural”.

Desde la Guardia Civil, la delegada del Gobierno ha indicado que se reforzará la prevención y la vigilancia que realizan las diferentes unidades, en especial el Seprona, con el apoyo de un helicóptero y de un batallón de caballería. “De esta forma, trataremos de reforzar la vigilancia sobre aquellas zonas más susceptibles de sufrir incendios”, ha dicho Quiñones.

Tanto la delegada como el consejero han confiado en que esta intensificación de la coordinación entre agentes de todas las instituciones permita un refuerzo de la inspección de las zonas de la región donde se registran más incendios.

Por último, Blanco ha destacado “la labor de vigilancia preventiva en las zonas y épocas del año en las que se provocan los incendios” es una actuación más dentro de las contempladas en el vigente Plan de Incendios, cuya primera evaluación tendrá lugar en 2022 como se acordó en la Mesa de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales.