En su repaso anual a los casos que viene tratando la Fiscalía Superior de Cantabria, este organismo advierte de algunas tendencias derivadas de los cambios en las costumbres que ha traído la pandemia.

Por ejemplo, el área que sigue lo relacionado con la delincuencia informática ha percibido el efecto no sólo del confinamiento en sus sucesivas fases o niveles, sino del mayor peso que han ido adquiriendo las actividades telemáticas.

El trabajo, la compra, los trámites administrativos o el ocio son actividades en los que cada vez se opta más por su realización a través de medios telemáticos.

Pero, según advierte la Fiscalía Superior de Cantabria en su memoria anual, consultada por EL FARADIO, esto también tiene consecuencias en un mayor auge de este tipo de delitos.

La propia Fiscalía precisa que no es que haya más delincuentes, sino que lo que se está produciendo es un “cambio” o “adaptación” en los delitos: “no hemos apreciado nuevas conductas delictivas o
hechos distintos de los que pudieran ocurrir antes de la pandemia, sino más bien una adaptación a la nueva situación”.

Y citan casos como las estafas relacionadas con la percepción de prestaciones del servicio público de empleo, que se ven “incrementados” por el número de hechos al haber más acceso y uso de Internet, por la “aceleración” en la implantación de la economía digital.

La “clave”, apuntan, es el uso de las tecnologías por personas no habituadas a ello, que carecen de experiencia y conocimientos, lo que les hace ser más “vulnerables” a sufrir este tipo de ataques, por lo que aboga por más formación y campañas de comunicación, lo que, confían, “conducirá de forma natural a una sociedad más formada y protegida”

El incremento del ocio a través de redes sociales por los confinamientos llevará a un incremento de los ataques a menores

Dentro de esta tendencia a un mayor uso de las tecnologías para todo tipo de actividades, se encuentra el ocio entre los menores, y un mayor impulso del acceso a redes sociales, al ser de las pocas vías que les quedaban, en especial en los momentos de confinamiento más cerrado.

Ahí es donde perciben aspectos “preocupantes”, al haber menos control paterno –“generalmente a causa de la falta de conocimientos”- o a los incumplimientos por parte de las propias plataformas de lo relacionado con los controles de acceso por edad.

Las redes sociales pueden dar apariencia de amigables, pero no lo son…

Esos aspectos son la exposición de menores a conductas que pueden ser en ocasiones delictivas tanto en su libertad, honor o indemnidad sexual, por lo que vaticinan que a corto plazo habrá un pico de casos que acaben llegando a los tribunales.

En la memoria, en su apartado centrado en nuevas tecnologías, la Fiscalía reclama –insiste—en la “conveniencia” de que se dé algún tipo de tratamiento legislativo a la usurpación de la identidad digital, un delito que, explican, en estos momentos “no existe como tal en nuestro ordenamiento jurídico”.

Lo que sucede, añaden, es que los “límites” del tradicional delito de usurpación de estado civil son, “sin duda”, “demasiado estrechos” para casos como la creación de perfiles falsos en redes sociales que luego pueden usarse para estafas, amenazas o delitos contra la intimidad.

Además, en la Fiscalía Alertan sobre la sensación de “impunidad y anonimato” que puede percibir un usuario medio, ya que buena parte de los hechos delictivos se producen por falta de cultura del uso de entorno virtuales, en los que los ciudadanos creen no ser observados pese a que precisamente la información recopilada sobre nuestras acciones por las grandes empresas de Internet resulta “apabullante”.

En este sentido, recalcan que se produce un fenómeno específico de nuestro país: la percepción de impunidad que interiorizan no solo los autores de las estafas informáticas, sino también las víctimas que, en muchas ocasiones no presentan denuncias, no se produce con la misma intensidad en otros países, como lo demuestra el número de órdenes europeas de  investigación que por dicho motivo se reciben de otros países europeos, en los que el volumen de denuncias no ha disminuido, como lo demuestra el incremento de expedientes de cooperación internacional que se han tramitado.