Los Letrados de Justicia, un cuerpo directivo importante en el día a día de los juzgados, que coordina la Oficina Judicial, irán a la huelga el próximo 26 de enero, ante el incumplimiento de sus promesas que denuncian por parte del Ministerio de Justicia.

Esta huelga fue convocada por la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ) y a ella se han adherido la
Asociación Independiente de Letrados de la Administración de Justicia, AINLAJ, y mayoritariamente las asambleas que se siguen celebrando en todo el territorio nacional.

Según explican, rechazan el diseño de una «justicia low cost» y reivindican que «un servicio público de calidad necesita profesionales adecuadamente retribuidos y considerados».

Entre sus demandas, destacan dos

le1.-Por el reconocimiento de una negociación colectiva propia. La negociación colectiva es un derecho fundamental «que los letrados de la
administración de Justicia no tenemos: nuestras asociaciones y sindicatos no se incluyen en las mesas de negociación y las cuestiones
fundamentales que nos afectan profesionalmente se están discutiendo por los sindicatos generalistas», explican.

Tal y como argumentan, la especificidad y responsabilidad que suponen sus funciones  justifican que tengan un marco de negociación colectiva propio.

Pero, además, con el cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia se produce «una circunstancia excepcional que no se da en ningún otro grupo de la administración pública que es que dependemos del Ministerio de Justicia, como cuerpo nacional, mientras que el resto de la oficina que dirigimos pueden depender de las comunidades autónomas, sin competencia sobre los Letrados».

2.- Por la adecuación salarial. La gran reforma de la Administración de Justicia que se llevó a cabo en el año 2009 se apoyó en los Letrados de la Administración de Justicia para agilizar y modernizar el funcionamiento de las oficinas judiciales trasladando muchas de las competencias que antes eran de los jueces a los letrados.

«En el 2009 se nos dijo que la situación económica del país no permitía en ese momento la compensación por las nuevas funciones asumidas. Diez años después, el Ministerio de Justicia no nos ha adecuado todavía el
sueldo a las nuevas funciones que se nos otorgaron», señalan, haciendo hincapié en que la Ley de Presupuestos Generales del estado 2021 obligó al Ministerio de¡ Justicia a negociar la adecuación salarial, sin que después se haya materializado este mandato parlamentario.