Una periodista que informó sobre el inicio de la pandemia en Wuhan. Un monje tibetano que expresaba opiniones políticas en su web. Una defensora de derechos humanos que denunció casos de tortura. Un académico que proponía medidas para acabar con la discriminación de su etnia. Y un abogado desaparecido desde hace tres años. El próximo 4 de febrero darán comienzo los Juegos Olímpicos de Invierno en China y Amnistía Internacional ha lanzado una campaña para liberar a estos tres hombres y dos mujeres encarceladas a través de la iniciativa “Pekín 2022 se pasa la libertad de expresión por los aros”.

Por ello, en catorce ciudades de España, entre ellas Madrid, Barcelona, Valencia, Murcia, León o Vitoria, grupos de activistas de Amnistía Internacional organizarán  diversos actos de denuncia en espacios públicos. En ellas, tendrán lugar simulacros de ceremonias de inauguración y entrega de medallas mostrando visualmente estos cinco casos de la represión que se vive en el país que acoge este evento deportivo.

Desde la organización se quiere señalar que ya en el año 2008 el gobierno chino prometió que los Juegos Olímpicos de verano de ese año irían acompañadas de avances en materia de derechos humanos. Pero esto no solo no fue así, sino que de hecho la situación ha seguido empeorando desde entonces, y especialmente desde que Xi Jinping llegó a la presidencia en 2013.

“Con estos Juegos, las autoridades chinas buscan reforzar su condición de superpotencia y desviar la atención sobre la pésima situación de los derechos humanos en el país, tratando de lavar así su imagen internacional. Pero ni los aros olímpicos pueden tapar el trágico historial de represión en este país”, defendió Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en España.

“Los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín prometen ser un espectáculo deportivo memorable, pero su audiencia mundial no puede ignorar deliberadamente lo que ocurre en otras partes de China: hay abogados y activistas encarcelados por su trabajo pacífico; sobrevivientes de agresiones sexuales a quienes se castiga por denunciar; se estima que cada año se ejecuta a miles de personas; los grupos étnicos musulmanes son sometidos sistemáticamente a internamiento masivo, tortura y persecución”, ha declarado Alkan Akad, investigador sobre China de Amnistía Internacional.

Amnistía Internacional no pide a las Federaciones ni a los y las deportistas que boicoteen estos Juegos ni ninguna otra competición deportiva, pero sí reclama que la comunidad internacional aproveche esta oportunidad para recordarle al gobierno chino la obligación de respetar los derechos humanos, en particular el de la libertad de expresión.

EL PAPEL DEL COI Y LA PROTECCIÓN DE LAS Y LOS DEPORTISTAS

El gobierno chino ofreció una serie de garantías en materia de derechos humanos antes de albergar los Juegos Olímpicos de Invierno, asegurando que respetaría la libertad de los medios de comunicación y los derechos laborales, abordaría la cuestión de los “desplazamientos” y garantizaría que habría verdaderas oportunidades de celebrar manifestaciones pacíficas durante el evento. Amnistía Internacional pide al Comité Olímpico Internacional (COI) que asegure que se cumplen esas garantías y dé a conocer públicamente sus políticas y prácticas en materia de derechos humanos antes y durante los Juegos.

La preocupación de la organización ha aumentado tras las recientes declaraciones de un alto cargo del departamento de Relaciones Internacionales de Pekín 2022, Yang Shu, quien advirtió que los participantes en las competiciones serán castigados “si su comportamiento o discurso está en contra del espíritu olímpico y las leyes chinas”, según han recogido diversos medios.

Asimismo, la sección española de Amnistía solicita al Comité Olímpico Español (COE) que no solo proteja el derecho de los y las deportistas que quieran expresar su compromiso con los derechos humanos, sino que además tome la iniciativa e informe a toda la delegación nacional de cuál es la situación de esos derechos humanos en China.

Esta desprotección de los deportistas ante el ejercicio de la libertad de expresión quedó en evidencia en el caso de la tenista Peng Shuai, tres veces olímpica, quien a finales del pasado año denunció a un ex viceprimer ministro chino por abusos sexuales en una publicación en redes sociales que fue rápidamente censurada en China. Cuando se eliminó de Internet toda referencia a ella y desapareció de la vida pública, otros tenistas y la Asociación de Tenis Femenino expresaron sus temores sobre su suerte. Casi tres semanas después de que su publicación fuera censurada, la respuesta del COI fue organizar una videollamada con Peng para intentar disipar la preocupación sobre su bienestar y su paradero.

“El COI aceptó las garantías de que Peng Shuai se encontraba bien sin verificar si sufría alguna limitación de su libertad de expresión, circulación y derecho a la privacidad, corriendo con ello el peligro de encubrir posibles violaciones de los derechos humanos de la tenista”, ha señalado Akad.

LOS CINCO CASOS QUE ABANDERAN LA CENSURA EN CHINA

En los últimos años el gobierno chino ha demostrado ser un “verdadero campeón” en reprimir cualquier voz contraria a sus políticas, ya sean periodistas, juristas, personas del mundo académico o pertenecientes a minorías étnicas y religiosas. Para ello, lleva a cabo un sistema de control y censura a gran escala, usando avanzadas técnicas de vigilancia así como bloqueando contenidos en miles de sitios web y redes sociales. La aprobación en Honk Kong de una ambigua “Ley de Seguridad Nacional” y la mencionada desaparición durante días de la tenista Peng Shuai tras sus denuncias de agresión sexual suponen los últimos ejemplos de esta nueva vuelta de tuerca en sus mecanismos de represión.

Ante esto, durante la celebración de los Juegos, Amnistía Internacional pedirá de forma particular la liberación de cinco personas que considera “abanderadas” de está censura, pertenecientes a comunidades que han sufrido de forma especialmente dura la falta de libertad de expresión, y que han sido encarceladas o desaparecidas simplemente por expresarse pacíficamente.

Zhang Zhan: abogada que actuó como periodista ciudadana informando sobre la situación del COVID-19 en Wuhan. Fue sentenciada a cuatro años de prisión, su vida se encuentra en riesgo, debido a que su condición de salud continúa deteriorándose a un ritmo dramático. Admitida en el hospital el pasado mes de julio en un estado de desnutrición avanzado, su peso actualmente es menos de 40 kilos. No obstante, Zhang permanece decidida a continuar con su huelga de hambre parcial como forma de mantener su inocencia y como protesta por su sentencia. Zhan se encuentra en riesgo de seguir sufriendo torturas y otros malos tratos por las autoridades chinas, especialmente si continúa con la huelga de hambre.

Ilham Tohti: académico de la minoría uigur, fue condenado a cadena perpetua por escribir sobre criterios constructivos para superar el trato desigual entre los grupos étnicos en China. Profesor de economía en la Universidad, fundador del sitio web «Uighur Online» y un conocido crítico de las políticas étnicas y religiosas de China, Ilham Tohti, fue condenado a cadena perpetua en 2014. Permaneció incomunicado durante más de cinco meses. Su defensa jurídica y su esposa han comunicado que Ilham ha sido obligado a llevar grilletes en los pies, se le ha negado la comida durante 10 días y siente un dolor en el abdomen derecho. A Ilhman no se le ha realizado un reconocimiento médico y no está recibiendo ningún tratamiento. La esposa de Ilham Tohti, Guzelnur, está constantemente bajo vigilancia y, en determinados momentos, no se le ha permitido salir de casa.

Rinchen Tsultrim: monje tibetano condenado probablemente por expresar sus opiniones políticas sobre su cuenta de WeChat y su sitio web personal. En marzo de 2020 fue sentenciado a cuatro años y seis meses de prisión sin un juicio justo. Su familia se enteró de la sentencia un año después cuando se les informó oficialmente que estaba recluido en una prisión anónima en Chengdu, provincia de Sichuan. Hasta la fecha no se ha compartido ninguna otra información sobre su estado ni sobre los cargos por los que fue sentenciado. Sin acceso a su familia y representación legal, existe una gran preocupación por el estado y bienestar de Rinchen.

Li Qiaochu: defensora de derechos humanos detenida por publicar sobre la tortura y malos tratos dentro del Centro de Detención del condado de Linshu. La prominente defensora, particularmente de derecho de las mujeres, fue detenida por la policía el pasado 6 de febrero de 2021, poco antes del Año Nuevo Lunar. Según un aviso de detención, podría estar enfrentando cargos relacionados con la subversión. Se sospecha que la detención de Li está relacionada con sus esfuerzos por dar a conocer la tortura y los malos tratos en el Centro de Detención del condado de Linshu. Detenida en régimen de incomunicación durante un mes, existe la preocupación de que Li corra peligro de sufrir tortura u otros malos tratos, ya que no tiene acceso a su familia ni a asistencia legal de su elección.

Gao Zhisheng: abogado defensor de derechos humanos desaparecido desde agosto de 2017. Gao está sujeto a desaparición forzada y puede correr un alto riesgo de tortura y de muerte. No se conoce información sobre su paradero desde que se lo llevaron de su casa en la ciudad de Yulin, al noroeste de China. Gao ha compartido su experiencia de sufrir torturas repetidamente al encontrarse bajo custodia de las autoridades chinas como resultado de su trabajo de defensa de derechos. Por este motivo existe una alta preocupación de que Gao esté siendo torturado, recibiendo malos tratos o incluso existe riesgo de muerte.