El PP ha sumado sus votos a una moción de Vox sobre el Puerto de Santander –que finalmente no ha salido adelante– en cuya exposición de motivos se establece una relación de “consecuencia” entre la inmigración “descontrolada” (y “estimulada” por las instituciones) y un “aumento exponencial” de la inseguridad.

Después, en el debate, el PP ha rechazado que vincule ambas cuestiones, si bien están plasmadas en la exposición de motivos del documento que se votaba y por parte del Grupo Popular quien intervino fue Pedro Nalda, responsable de las competencias de seguridad y policía local, en lugar de otros ediles con competencias en servicios sociales, migración o en la relación con el Puerto de Santander.

Nalda ha llegado a hablar de un “efecto llamada” sobre las intrusiones en el Puerto de Santander y ha afirmado que “nadie quiere que el Puerto se convierta ya, si no lo ha hecho ya, en campo de trabajo de las mafias”, tal y como ha sostenido en la misma sesión en la que advertía del activo que supone el Puerto.

Extremo este, el de la existencia de mafias con las que se trata de vincular a quienes en todo caso serían sus víctimas que, como le recordaba desde Unidas por Santander Miguel Saro, impulsor de la moción, no ha detectado ni la Policía Nacional ni las sucesivas memorias anuales de la Fiscalía, por lo que consideraba esas afirmaciones “gratuitas” y una “exageración”.

En el Pleno municipal de este mes se debatían dos mociones: una de Unidas por Santander, haciéndose eco de las peticiones de Pasaje Seguro, Cáritas, Amnistía Internacional o Juventudes Socialistas. pidiendo la retirada de las concertinas –las cuchillas antimigrantes instaladas ya en parte del Puerto y previstas, aunque paralizadas, en el resto—del Puerto, y otra de Vox en la que se ponía el acento en las situaciones de inmigración irregular.

La moción de Unidas por Santander recibió el apoyo del Grupo Socialista, y la de Vox la del Partido Popular. Desde el PRC se rechazaron ambas, y desde Ciudadanos se rechazó la de Vox y se abstuvo en la de Unidas por Santander. Ninguna de las mociones salió adelante.

LOS ARGUMENTOS PRO-CUCHILLAS ASUMEN LA TEORÍA DE LA PÉRDIDA DE EMPRESAS HACIA PUERTOS…QUE NO TIENEN CONCERTINAS

En general, los argumentos pro-cuchillas establecían también una relación entre los intentos de acceso al Puerto y los riesgos para la seguridad y para su contribución a la economía de la ciudad y la comunidad autónoma, así como a la pérdida de empresas si no se evitan.

Si bien el Puerto de Santander es el único que recurre a las concertinas: los demás usan otros métodos frente a una tendencia de accesos que también experimentan –por lo tanto, las posibles marchas de empresas desembocarían en destinos en los que sucede lo mismo de lo que en teoría están huyendo–.

Los mensajes sobre el riesgo para el Puerto obvian que ahora mismo sólo hay un tramo con concertinas, por lo que esas marchas ya se estarían produciendo, y se dan justo en un momento en que se acaba de anunciar un récord histórico de tráfico de mercancías en 2012 y una previsión anual tanto de inversiones como de llegada de cruceros.

NEGOCIANDO DERECHOS HUMANOS

El PP negoció algunos aspectos de la Vox, que, tras su modificación, asumió y votó, y que según apuntaba Miguel Saro, de Unidas por Santander, por lo menos hicieron que su contenido respetara la Constitución.

Saro también llamó la atención sobre la falta de información real y datos por parte del Puerto, cuando se le han solicitado, tanto en cifras como en medidas de seguridad, más allá de lo que la propia Autoridad Portuaria va trasladando a los medios cuando lo cree conveniente. En sus declaraciones públicas, el Puerto evita distinguir entre accesos consumados e intentos frustrados, matiz que se viene incorporando según se desarrolla el discurso, pero no en las tesis principales.

Desde el PRC, su portavoz, José María Fuentes-Pila –los regionalistas proponen el cargo que ocupa la presidencia de la Autoridad Portuaria- asumía que había un “dilema” entre las medidas de seguridad y la integridad física de los migrantes.

Entre los argumentos pro-cuchillas convivían los que esgrimían las sucesivas inversiones en seguridad por parte del Puerto de Santander, que enumeraron y cuantificaron, con los que ven las concertinas como la única alternativa posible en ausencia de más efectivos policiales.  Miguel Saro recordaba el rechazo ciudadano a unos métodos «medievales».

La tesis del PRC de retirar las concertinas cuando se incrementen los medios personales que dependen del Estado –no así los propios, como seguridad privada o policía portuaria—fue asumida y replicada por el PP.

La socialista Ana Santurtún insistía en que el debate de las concertinas debería partir de que no se pueden adoptar ni llegarse a plantearse estos métodos por un mínimo concepto de derechos humanos, preguntando si se estaría dispuesto a poner en el Puerto a personas con cuchillas pinchando a quien intente acceder, recalcando que el efecto es el mismo.

Santurtún instaba a hablar con Cáritas, organización de la Iglesia que se ha pronunciado contra las concertinas pidiendo  medidas de seguridad que respeten los derechos humanos, sobre la situación de los migrantes en Santander, recalcando, frente al discurso de las mafias, que lo que sufren en muchas ocasiones son explotación laboral.

Por parte del PRC también intervino la concejala Myriam Martínez, quien, desde una perspectiva más social, negó la vinculación entre migración y delincuencia y aclaró que las ayudas sociales –la moción inicial llegó a pedir la retirada de ayudas sociales a migrantes irregulares—ya excluyen por definición a personas en situación irregular debido a que se exige el padrón y la residencia legal.

Desde Ciudadanos, Javier Ceruti rechazaba la “estigmatización” de los migrantes que pueden provocar estos asuntos, además de hacer hincapié en que las concertinas no son un método eficaz, sino que resultan “polémicas” y “poco útiles”, aunque añadía que no quería contribuir a un “blanqueamiento” de los que sí cometen delitos ni contribuir a que haya “barra libre” en los accesos.