En febrero de 2021, Gobierno de España y Conferencia Episcopal empezaron a mantener contactos para avanzar en ver la situación de los bienes inmatriculados que gestiona la Iglesia Católica. La lupa se ponía respecto a los bienes que fueron apropiados entre 1998 y 2015, mientras estuvo vigente la Ley Hipotecaria aprobada por el Gobierno que encabezaba José María Aznar.

En ese periodo, si contamos el total estatal, hay 34.976 bienes a investigar. Según un informe de la Conferencia Episcopal consultado por EL FARADIO, 32.401 no generan ninguna duda, pero hay diversas casuísticas que afectan a los otros 2.575. La propia Iglesia ha reconocido que hay casi 1.000 que no le pertenecen y el objetivo es que sean devueltos a sus propietarios o a sus herederos.

De los casi 35.000, unos 20.000, según el Gobierno central, que es quien elaboró en primer lugar el listado, son lugares de culto. Félix Bolaños, ministro de la Presidencia y que ha sido el encargado de continuar la labor iniciada por Carmen Calvo en esta cuestión, reconocía el pasado lunes, en declaraciones a la Cadena SER, que «se han centrado» en los otros casi 15.000 bienes. También dejaba caer que la idea es comprobarlos todos.

En la división por Comunidades Autónomas, el total de Cantabria son 2.056, siempre según el informe de la Conferencia Episcopal. De ellos, 1.923 estarían bien acogidos a la normativa hipotecaria vigente entre 1998 y 2.015 y sobre los otros 133 podrían caber dudas.

Este informe de la jerarquía eclesiástica divide esos 133 en ocho casuísticas distintas (2.575 a nivel estatal):

1. Bienes que pertenecen a Comunidades religiosas u Otras entidades religiosas. Aparecen un total de siete bienes en la Comunidad.

De estos siete, seis localizados en Limpias y uno en Ampuero. La media docena que están en Limpias son: el colegio del Barrio del Rivero, dos terrenos rústicos y un solar, todos ellos de la Congregación Misión de San Vicente de Paul, más un local comercial y una vivienda de la Congregación de las Hijas de la Cruz. El de Ampuero es un terreno rústico, también de San Vicente de Paul

2. Registros Duplicados. Se trata de bienes que aparecen repetidos dos veces en el listado. Son un total de nueve. Todos menos uno están registrados por la Conferencia Episcopal entre los correctamente inmatriculados, y la excepción es una vivienda en Ampuero, conocida como Casa Poveda, y que consta como vendida en 2020.

3. Bienes sobre los que faltan datos para su identificación. Se trata de registros que, por falta de información, resultan desconocidos para las diócesis. Se trata de un grupo de otros nueve bienes.

Uno de ellos es un terreno urbano en el concejo de Bedoya, en Cillórigo de Liébana. Otros tres terrenos están en Cambarco, en Cabezón de Liébana, dos más en Somballe, pedanía perteneciente a Santiurde de Reinosa y uno más en Bareyo. Estos siete pertenecen al Obispado de Santander, y hay dos más en Ontaneda, pertenecientes a la parroquia de esa pedanía de Corvera de Toranzo. Sin embargo, en las anotaciones del informe dice que no constan en inventario.

4. Bienes inmatriculados o adquiridos por otros títulos anteriores al periodo 1998 – 2015. Se trata de 22 registros que la Conferencia Episcopal considera que no deberían estar incluidos en este listado.

Aquí se incluyen terrenos, fincas rústicas, cabañas, cementerios, viviendas, algunas de enterradores, solares o casas parroquiales. Algunas fueron inmatriculadas, otras compradas, otras se recibieron a través de donación o herencia, pero siempre antes de 1998. Cinco de esos registros están en Somo (Ribamontán al Mar), tres en Suesa (Ribamontán al Mar), tres más en San Vicente, otras tres en Ampuero, dos en Voto y una en Selaya, Soba, Pesquera, Colindres, Alceda (Corvera de Toranzo) y Rucandio (Valderredible).

5. Bienes sobre los que no consta inmatriculación. Se trata de 3 registros sobre los que la diócesis declara que no le consta la inmatriculación de los mismos.

En este caso se trata de la ermita que hay en Udías, «dentro de un monte de utilidad pública», un prado en Frama (Cabezón de Liébana) y un aparcamiento en Esles (Santa María de Cayón).

6. Bienes sobre los que se detectan errores o no consta en la diócesis información sobre los mismos. Son dos en Cantabria, y que no existen, según el informe: una parcela rústica de la parroquia de Boo de Piélagos y otra de la parroquia de Camargo.

7. Otros titulares. Son bienes que no son propiedad de la Iglesia por estar vendido, donado, expropiado, por pertenecer a Ayuntamientos o por error de inscripción de propiedad. Se trata de un total de cinco bienes.

Cuatros de esos cinco constarían como vendidos: una huerta de la parroquia de San Román de la Llanilla, en Santander, la antigua ermita de Santa Lucía y su terreno contiguo, de la parroquia de Cereceda (Rasines), y un terreno del Obispado de Santander en San Miguel de Meruelo. El otro es la ermita de San Mateo, de la parroquia de Beranga (Hazas de Cesto), que el informe dice se dio de baja, aunque podía constar que era de la Diócesis de Santander por algún error de inscripción.

8. Adquisiciones por métodos diferentes a la certificación (compraventa, donación, permuta, herencia, etc.) entre 1998-2015. Se trata de un total de 76 bienes.

Aquí es donde vuelve a aparecer la Casa Poveda de Ampuero que ya se incluía entre los registros duplicados. Y también lo hacen campos de cultivos, terrenos rústicos, alguna casa rectoral, zonas de pastos y monte bajo, plazas de garaje, viviendas, y en lugares tan variopintos de Cantabria como Voto, Rionansa, Laredo, Valdáliga, Soba, Piélagos o Ramales de la Victoria.

Varias voces han pedido al Ejecutivo que vaya más lejos, que no se conforme con este acuerdo en el que sólo se valida la devolución de unos 1.000 bienes, sobre 35.000 que aprovecharon la concesión de Aznar, que amparaba la protección de la normativa hipotecaria franquista, de 1946.

Sin embargo, el Gobierno central prefiere poner en valor el haber podido acordar algo con la Iglesia Católica, pese a que esta petición venía de largo por parte de diversos colectivos. De hecho, se estima que si se contabilizan los 76 años transcurridos desde aquella legislación aprobada durante la dictadura, y que da a la Iglesia las mismas ventajas que a los organismos públicos en materia de inmatriculaciones o de pago de impuestos, la cifra se iría muy por encima de los 35.000 bienes.

El ministro Bolaños también comentaba que los Ayuntamientos pueden ser los grandes beneficiarios de esta devolución de bienes por parte de la Iglesia, ya que les tocará a ellos gestionar esos espacios.