Más de 60 familias de Torrelavega se han acogido al decreto del Gobierno central en el que se incluía la suspensión de su desahucio por su situación de vulnerabilidad –y que finalizaría el 28 de febrero-, y más de 300 a la parte que evitaba el corte de suministros de energía básicos.

Son datos difundidos por ACPT (Asamblea Ciudadana por Torrelavega) tras recibir datos oficiales al respecto, y para el que reclaman planes y medidas por parte de Gobierno y Ayuntamiento, más allá de que el Gobierno central prorrogue la medida.

Esta situación de 60 familias pendientes de desahucio y 300 pendientes de un corte de suministros es un claro reflejo de la crisis socioeconómica que está atravesando nuestra ciudad, una crisis arrastrada durante décadas que han visto como el COVID únicamente ha venido a agravar la situación”, señalan.

La ACPT maneja datos que aseguran que hay más de 1500 familias en grave situación social, familias cuyos ingresos dependen de pensiones contributivas, Ingreso Mínimo Vital o Renta Social Básica, por lo que han edido reuniones al Gobierno de Cantabria y la creación de una mesa de trabajo formada por representantes de los Servicios Sociales y de Urbanismo donde se analice caso a caso y se aplique la solución adecuada.

“Por desgracia, estas familias no tienen cabida en el mercado libre inmobiliario, no solo por el precio abusivo de los mismos, sino por las exigencias que se pide para acceder al mismo: nóminas, avales, seguros, etc”, recalcan

“La medida de invertir de forma puntual una partida presupuestaria para la compra de vivienda de 500.000€, propuesta liderada por la ACPT, es insuficiente todavía y se ha de prolongar en el tiempo, razón por la cual vemos la necesidad de incluir en los próximos presupuestos municipales una cuantía igual o superior para este fin”, añaden.