Izquierda Unida recuerda al consejero de Industria, Turismo, Innovación Transporte y Comercio, Javier López Marcano, que su Decreto de viviendas turísticas “debe cumplir” con la Ley de Propiedad Horizontal, de rango superior.

En un comunicado, el coordinador general de IU en Cantabria, Israel Ruiz Salmón, ha respondido a las intenciones de la Consejería de eliminar la obligatoriedad de justificar los estatutos o acuerdos adoptados por la Comunidad de Propietarios en los que se dé consentimiento por parte de la comunidad al uso del inmueble con fines turísticos.

Según explican desde la coalición cántabra, la Ley de Propiedad Horizontal dice, textualmente, que “el acuerdo por el que se limite o condicione el ejercicio de la actividad, suponga o no modificación del título constitutivo o de los estatutos de la comunidad, requerirá el voto favorable de las tres quintas partes del total de los propietarios que, a su vez, representen las tres quintas partes de las cuotas de participación”.

Para Ruiz Salmón, tanto las declaraciones públicas desde la Consejería como el propio proyecto de Decreto que ahora está en consulta pública abren la puerta a “incumplir” la Ley de Propiedad Horizontal con la excusa de disminuir la burocracia que, en realidad, únicamente supone presentar una declaración de que la comunidad de propietarios está conforme”.

De hecho, afirman desde IU, la justificación incluida en la resolución publicada en el Boletín Oficial de Cantabria dice, también textualmente, que “se trata de un aspecto de carácter estrictamente privado -en el que cualquier tipo divergencia debe ser resuelta en el orden jurisdiccional civil-, debiéndose evitar la imposición de cargas administrativas que constituyen obstáculos que no son necesarios ni proporcionados”.

“Esto, a efectos prácticos, supondrá que la burocracia que se ahorre el promotor de la vivienda turística al no presentar la declaración será sustituida por la burocracia cuando la comunidad le pida explicaciones, dando pie a la litigiosidad que pueda venir de oponerse la comunidad y no haber sido notificado y aprobado en estatutos o en un acuerdo de reunión vecinal”, temen desde IU.

Además, consideran que el reglamento actual “no es un problema a solucionar en absoluto” en Cantabria y, más bien, la voluntad del gobierno “muestra un enfoque más cercano a la especulación de grandes empresas y lobbies inmobiliarios que a la función social que realmente tiene una vivienda y que el gobierno de la comunidad no aborda suficientemente”.

“Nos gustaría saber cuál es la opinión del PSOE, competente en materia de vivienda, sobre este asunto, dado que existe una fuerte tensión entre garantizar la vivienda como derecho y usarla como lucro como propone el PRC, más cuando en Cantabria sigue habiendo amenazas de desahucios de forma continua y la gentrificación que producen las viviendas turísticas está afectando cada vez más a los núcleos de población más grandes como Santander”, ha sentenciado.