Los presupuestos de Santander para este 2022, presentados incumpliendo el plazo legal, incluyen la firma de un préstamo, por valor de 22,6 millones de euros.

La cifra es prácticamente equivalente a la rebaja fiscal anunciada por el equipo de Gobierno (una serie de deducciones o fijaciones de importes en tasas, impuestos y licencias).

De hecho, Intervención, el departamento del Ayuntamiento que fiscaliza la correcta ejecución económica, advierte en un informe de que las reducciones fiscales aprobadas “condicionan” el mantenimiento de los ingresos, que repercutirá en la misma cifra en ejercicios futuros y que limita el crecimiento del gasto al afectar esas modificaciones a la reducción del techo de gasto.

El nuevo crédito sumará en este ejercicio 60.000 euros en concepto de intereses, según recoge documentación presupuestaria consultada por EL FARADIO.

Ese crédito tiene un plazo de diez años para su pago, y se recoge un tipo de interés de un Euribor trimestral del 0,5000 %.

La operación se suma a los préstamos que viene manteniendo el Ayuntamiento.

Es Liberbank, el banco del que forma parte la antigua Caja Cantabria, ahora integrada en Unicaja, la entidad con la que más compromisos mantiene el Ayuntamiento de Santander.

En concreto, son tres préstamos por un importe total de 42,5 millones de euros, de los que el último en vencer –excluyendo al recién firmado–, suscrito en 2020, lo hará en 2030. La deuda pendiente asciende a 28,1 millones de euros, y los intereses que generan en este 2022 suman 222.676 euros.

Le sigue Bankia, con dos préstamos que suman 18,6 millones de euros, por los que este año se pagan 107.937 euros

Con el Banco Santander se mantiene un único crédito, por valor de 8,5 millones de euros, que terminará de pagarse el año que viene (se firmó en 2005 por un plazo de 18 años) y para el que este ejercicio se consignan 44.200 euros en intereses.

También se refleja un préstamo de  8 millones con el BBVA, que quedará pagado en 5 años y por el que en 2022 hay que pagar 108.888 euros de intereses; y con Eurocaja Rural, 12 millones cuyo pago finalizará en 2029 por el que este año se generan intereses por valor de 30.225 euros.

Con el Sabadell la cifra asciende a 8,5 millones, con ocho años pendientes y 18.214 euros de intereses este año.

En general, según recoge Intervención, laa amortización de préstamos en 2022 aumenta en un 2,65 %, Las operaciones de amortización de préstamos se financian con recursos ordinarios, por lo que está asegurado el cumplimiento del compromiso de devolución de los préstamos del Ayuntamiento.

LA ANULACIÓN DEL PGOU SIGUE DEJANDO DEUDAS POR VALOR DE 1,1 MILLONES DE EUROS

Además de las deudas bancarias, están las deudas ligadas a las consecuencias de la anulación del Plan General de Ordenación Urbana (cuando el Supremo lo anuló, la primera reacción del equipo de Gobierno fue negar que fuera a tener consecuencias económicas).

Con la Fundación Caja Cantabria el crédito fue de 6,9 millones de euros, y por el convenio urbanístico de Fuentellata, 3,2 millones, de los que quedan por paga 750.000 euros y 490.142 euros, respectivamente.

Antigua residencia de Caja Cantabria en Cazoña

Con Caja Cantabria lo que sucedió deriva del convenio urbanístico recogido en el Plan General para la antigua residencia de  mayores de Cazoña: en diciembre de 2010 se contempló un cambio de usos de la parcela de Cazoña propiedad de la entonces Obra Social de Caja Cantabria para dotarla de usos residenciales en la revisión del PGOU que estaba en curso.

En virtud de aquel acuerdo, tras la entrada en vigor del Plan General de 2012, la entidad abonó al Consistorio 6.940.892 euros por la revalorización de los terrenos, un importe que ahora solicita que se devuelva, al haber quedado sin efectos el convenio urbanístico y haber perdido la parcela el uso residencial.

Y con Fuentellata, se afecta al área de Mataleñas, y se trata de un convenio urbanístico aprobado por el pleno de la Corporación en diciembre de 2010 para afrontar la obligación de expropiar dichos terrenos a instancia de sus propietarios.

A cambio de esos suelos, pertenecientes al sistema general previsto en el PGOU y valorados en casi 2,2 millones de euros por el Jurado Provincial de Expropiación, se otorgó a los titulares aprovechamientos urbanísticos en un nuevo área específica incluida en el PGOU de 2012, acuerdo que también quedó sin efecto por la anulación del plan.