Cada trimestre, desde la anterior crisis, los juzgados cántabros hacen balance de cómo impacta en la Justicia todo lo relacionado con la situación económica: al final son uno de los mejores termómetros ya que a un juzgado acaban llegando despidos, cierres de empresas o pérdidas de vivienda.

En este caso, se acaba de difundir el del cuarto trimestre, lo que permite cerrar todo el año 2021 en cuanto a datos.

Y frente a discursos que priorizan unos problemas frente a otros, lo que está sucediendo en los juzgados en la crisis de vivienda, manifestación más extrema de los problemas económicos, es que los procedimientos verbales por ocupación ilegal de vivienda descendieron un 46,5 por ciento –cierto discurso dice que no se hace nada ni se toman medidas–.

En cambio, en 2021 sí aumentaron en Cantabria los procedimientos de ejecución hipotecaria –el fin anticipado de una hipoteca– (un 32,2 por ciento), en línea con lo sucedido a nivel nacional, donde el incremento de estas demandas fue del 36,2 por ciento.

Los lanzamientos –las expulsiones de viviendas, los desalojos– también fueron más: crecieron un 21,3 por ciento, la mitad que el aumento que estos procedimientos experimentaron a nivel nacional, donde el incremento se cifra en un 40,6 por ciento.

De ellos, destaca el crecimiento de los lanzamientos debidos a ejecuciones hipotecarias –los desahucios por impago de hipoteca–, que en Cantabria crecieron un 62,3 por ciento (el aumento de la media nacional fue del 46,1 por ciento).

LOS EFECTOS DE LA BANCA EN LOS JUZGADOS

Además, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021, el juzgado de cláusulas suelo de Santander, que atiende todas las demandas de este tipo de Cantabria, ingresó 3.534 asuntos –un 5,1 por ciento más que en 2020- y dictó 3.596 sentencias, lo que supone un incremento del 50 por ciento sobre las de 2020.

BAJAN LOS DESPIDOS Y CONCURSOS

Y en la parte más laboral/empresarial, empieza a pasar que las demandas por despido presentadas ante los juzgados de lo social en Cantabria a lo largo de 2021 bajan: fueron 945, lo que representa una disminución del 13,8 por ciento respecto a las que llegaron un año antes, un descenso más acusado que el registrado a nivel nacional, que fue del 9,3 por ciento.

También fueron menos los concursos de acreedores –cuando las empresas no pueden afrontar sus gastos y deudas–ingresados (un 5,7 por ciento menos), y los monitorios –las reclamaciones de deudas (un 5,2 por ciento menos).