La Plataforma Ciudadana contra la Exclusión Sanitaria, que nació para denunciar y atender casos en los que inmigrantes quedaban marginados de la atención en la sanidad pública, ha atendido 108 casos después de la reforma de 2018 con la que se trató de paliar esa discriminación, si bien, como prueban los datos, no fue total.

Organizado por la Asociación Cántabra de Matronas, el pasado 22 se celebró un seminario on line sobre situaciones de exclusión sanitaria en Cantabria orientado a este colectivo profesional y en el que el representante de la Plataforma “Ciudadanía contra la Exclusión Sanitaria”, Fernando Gutiérrez, ha expuesto cuáles son los casos más habituales que se vienen encontrando los voluntarios de esta Plataforma en sus labores de acompañamiento a personas extranjeras sin cobertura sanitaria.

En su exposición, Fernando Gutiérrez ha explicado que, a pesar de la reforma de 2018 del gobierno de Pedro Sánchez que pretendía recuperar la universalidad del sistema sanitario público español perdida en 2012, sigue habiendo hoy en día graves carencias que llevan a situaciones de exclusión sanitaria incompatibles con el respeto al derecho internacional.

Así, ños 104 casos de acompañamiento que esta Plataforma ha realizado después de la reforma de 2018 muestran una «alta frecuencia de obstáculos serios o, incluso, insalvables, que dejan a muchas de estas personas, titulares del derecho a la salud de acuerdo al derecho internacional, a juicio de la Plataforma, indefensas ante posibles gastos sanitarios que pueden ser un grave quebranto para su economía familiar».

En detalle, los datos de la Plataforma sobre estos 104 casos, muestran que ocho corresponden a mujeres embarazadas, de las que 5 encontraron dificultades serías para obtener la atención que requerían. El ponente también ha descrito el escaso eco que estas denuncias han tenido en la Consejería de Sanidad, aunque se ha mostrado esperanzado con el nuevo equipo directivo de esta.

Finalmente, se ha resaltado la obligación de las autoridades sanitarias de dar cumplimiento al mandato del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, que, en fecha reciente, recordó a España la obligación de asegurarse que “sobre los hogares más pobres no recaiga una carga desproporcionada, en lo que se refiere a los gastos de salud, en comparación con los hogares más ricos”.