El Comité Europeo de Derechos Sociales ha emitido un informe en el que recrimina a España la “insuficiente e inadecuada” baja cuantía mínima de sus prestaciones por desempleo, que en el caso de Cantabria afectaba el pasado mes de enero a un mínimo de 10.415 personas en el paro que perciben 463 euros mensuales por un subsidio de desempleo o por la Renta Activa de Inserción (RAI).

Según precisa UGT, que participa en la elaboración de las conclusiones de este organismo europeo integrado por 15 expertos en derechos humanos que supervisan el cumplimiento de la Carta Social Europea en los distintos países comunitarios, las cuantías de las prestaciones por desempleo no contributivas españolas y las mínimas fijadas para las contributivas (540 euros mensuales) no alcanzan siquiera el umbral de pobreza establecido por la UE en algo más de 600 euros.

Como aclara la secretaria de Protección Social de UGT en Cantabria, Pilar Santamaría, el informe del Comité Europeo de Derechos Sociales alude a las estadísticas de rentas y de umbral de pobreza aportadas por España y correspondientes al año 2019, “aunque incluso en los inicios de 2022, las cuantías mínimas de las prestaciones por desempleo están por debajo de los umbrales de pobreza de las últimas estadísticas disponibles de rentas”.

“El problema es que las cuantías mínimas y máximas de una prestación por desempleo y la mayor parte de otras prestaciones sociales en España se calculan por un indicador, el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), que como critica la propia UE ya de por sí es excesivamente bajo”, agrega Santamaría.

El informe del Comité Europeo de Derechos Sociales, publicado este pasado 23 de marzo, dice de manera textual que “el importe del IPREM por sí solo es inferior al 50% del ingreso medio equivalente (límite de umbral de pobreza en la UE) y, por tanto, las prestaciones calculadas están por debajo incluso del 40% de ese nivel de renta”.

En cifras, el 50% de la renta media equivalente o por unidad de consumo se situaba en España en el año 2019 en 626 euros mensuales y en Cantabria en 614 euros (aumentaron al año siguiente a 663 y 647 euros mensuales respectivamente), cuando el subsidio por desempleo o la Renta Activa de Inserción no han superado nunca los 500 euros mensuales y la cuantía mínima de las prestaciones por desempleo contributivas está en la actualidad en 540,41 euros mensuales, la mayor registrada hasta ahora pero casi 100 euros menos del umbral de pobreza fijado por la UE.

“Es evidente que calcular prestaciones y ayudas económicas sobre un IPREM muy por debajo de las necesidades sociales mínimas, empobrece a miles de personas en este país y agrava la desigualdad en la sociedad española”, puntualiza la responsable regional de Protección Social de UGT, que recuerda que en España hay en la actualidad 941.000 personas que perciben el subsidio por desempleo o la Renta Activa de Inserción.

La sindicalista agrega que “el IPREM es también el indicador utilizado para las pensiones no contributivas, por lo que no es de extrañar que el Comité Europeo de Derechos Sociales determine que su cuantía está también muy por debajo del mínimo recomendado”.

De hecho, el informe del organismo de expertos en derechos humanos de la UE precisa que el importe de la pensión no contributiva en España (entre 384 euros la de jubilación y 443 euros la de invalidez) “es manifiestamente insuficiente y no se ha demostrado que existan programas de atención sanitaria suficientes y asequibles, accesibles a las personas mayores”.

El informe del Comité Europeo de Derechos Sociales añade que “la condición de duración de la residencia (10 años) a la que está supeditada la concesión de una pensión de vejez no contributiva es excesiva”.

Reproches a la salud laboral y el IMV

El organismo de expertos que supervisa el cumplimiento de la Carta Social Europea también reprocha a España algunos requisitos para acceder al Ingreso Mínimo Vital (IMV) y que “las medidas adoptadas para reducir los accidentes laborales son insuficientes y las enfermedades profesionales no son objeto de vigilancia eficaz”.

En relación a este último punto, según aclara el departamento de Salud Laboral de UGT, en Cantabria no cesa de aumentar la siniestralidad laboral desde el año 2015 y el año pasado se acumularon 5.855 accidentes laborales con baja (13 mortales incluidos los in itinere), la mayor cifra de la última década sólo superada por los 5.978 de 2019.

Salud Laboral-UGT, que viene denunciando desde hace años la infravaloración de las enfermedades profesionales, recalca que el año pasado sólo se reconocieron en Cantabria 412; una cifra superior a la del año anterior de 2020 (299) donde la pandemia restringió el número de expedientes, aunque inferior a los 454 partes comunicados de enfermedades profesionales del año 2019 previo a la Covid-19.

Por último, en alusión directa al IMV, que en Cantabria afecta a más de 8.000 personas según las últimas estadísticas del Gobierno español, el Comité Europeo de Derechos Sociales rechaza que su concesión “está sujeta a una condición de residencia en la mayoría de las comunidades autónomas y a criterios de edad (25 años)”.

Además, el organismo de expertos recalca que “el Ingreso Mínimo Vital no se paga durante el tiempo que es necesario” y que “el nivel de asistencia social abonada a una persona sola sin recursos no es suficiente”.