La apertura de la residencia La Pereda, en El Sardinero, en Santander, es inminente, una década después de su cierre.

Las propias fechas nos ponen en contexto: hace diez años, en la onda expansiva de la anterior crisis–la vida empieza a ser eso que sucede entre crisis y crisis, en aquel caso, una mezcla de financiera e inmobiliaria, valga la redundancia—, que a diferencia de las dos últimas –tan seguidas que parecen una, la pandemia y la guerra en Ucrania–, se abordó a base de recortes y el austericidio. Entre ellas, el cierre de la residencia La Pereda, que despertó una intensa movilización social de familiares, trabajadores públicos, partidos, ciudadanos y el 15M.

LA NUEVA PEREDA: DE LO PÚBLICO A LO PRIVADO

El centro residencial La Pereda tiene una superficie construida de 8.580 metros cuadrados sobre una parcela de 10.189 metros cuadrados en la zona de El Sardinero.

El cierre fue justificado por el Gobierno cántabro –en ese momento, el PP con una inusual mayoría absoluta—por los altos costes que supondría adecuar la que en su momento se conoció como Residencia Marcano a las exigencias de un espacio para la atención y cuidados a mayores. Según detallaron, se habían gastado ya 3,5 millones y un informe estimaba que serían necesarios otros 9 para culminar la adaptación.

Después los gobiernos socialistas acometieron su salida de lo público, en 2018, enmarcada en distintas acciones de venta de patrimonio público, y recordando en el caso de La Pereda el consejero Sota los altos costes de IBI — 106.886 euros anuales, sumando otros gastos como agua, luz, mantenimiento– que les suponía tener la instalación, sin uso –que llegó a sugerirse para la acogida a refugiados sirios–, y lo desafectó –le quitó las connotaciones públicas al suelo—

Una empresa privada se hizo con el terreno tras una subasta: un alquiler durante 20 años por un importe de 28.120 euros al mes, con opción compra de 6,6 millones de euros, adjudicada en concurso público. Se rebajó   varias veces el precio, desde los 28 millones iniciales. Los costes de mantenimiento los asumía la empresa desde entonces.

Un año después, el Ayuntamiento de Santander autorizó la modificación del PGOU que permitió el cambio de uso de lo público a lo privado.

Finalmente, se ejecutó la venta, por 6,6 millones de euros, que la empresa pudo conseguir gracias a la financiación de Liberbank (la antigua Caja Cantabria, hoy Unicaja).

La alcaldesa visita las instalaciones de La Pereda

La empresa es Mundiresidencias La Pereda, y anunció una inversión de 4-5 millones de euros para la adecuación. Entre los argumentos para la venta,  el coste de una nueva residencia se estimaba entre 5 y 6 millones de euros.

Es decir, con una inversión que suma 10-11 millones de euros entre la compra del terreno y las obras, la empresa se hizo con unas instalaciones que podían haber sido públicas con una inversión de 9 millones tras haber ejecutado previamente 3,5 ya invertidos-

En La Pereda original se atendía a 94 mayores que fueron realojados en los otros centros públicos de una comunidad en el que el modelo de residencia que predomina es el concertado o privado.

En esta podrán residir 181 personas, distribuidas en 91 habitaciones individuales y 45 dobles.

De ellas, se van a reservar 10 plazas para personas mayores de la ciudad a precios reducidos, según destacaba la alcaldesa Gema Igual esta semana tras visitar las instalaciones.

El centro incluirá también un apartamento tutelado para mayores y 30 plazas de centro de día. De hecho, en realidad las plazas económicas que se van a reservar son cinco en la residencia y cinco en el centro de día.

La elección de acceso a las plazas correrá a cargo exclusivamente del Ayuntamiento que designará aquellas personas que tengan las necesidades sociales y de edad para el ingreso en dicho centro, a unos precios ventajosos como plaza pública.

Lo que el Ayuntamiento llama precios ventajosos son, directamente, los que tendrían las plazas si fueran públicas: el coste de esas cinco plazas residenciales, según el convenio aprobado con la empresa, será el determinado por las plazas públicas publicado cada año por el Instituto Cántabro de Servicios Sociales, en residencia 24 horas grado gran dependencia. En cuanto a las 5 plazas de Centro de Día, se establece un precio de 650,00 euros más los impuestos en vigor incluidos (IVA), dicho precio se verá incrementado por el IPC de cada año.

El centro incluye el nuevo modelo de atención centrada en la persona, servicios sanitarios, nutrición personalizada, jardín terapéutico…

UN CIERRE QUE DESPERTÓ MOVILIZACIÓN SOCIAL

Una de las protestas contra el cierre de La Pereda

Nuevamente la fecha nos lleva a otro de los contextos: apenas un año antes había sido el 15M, aquella explosión de indignación que llenó de debate y propuestas plazas de todo el país (en Santander, fue en La Porticada, donde tras la acampada quedó un puesto informativo que fue uno de los últimos en resistir–.

El cierre de La Pereda fue una de las causas a las que miró el 15M, participando en las frecuentes protestas que se produjeron en torno al cierre, que agruparon a familias de residentes, trabajadores públicos, colectivos sociales, partidos y ciudadanos a título particular-.  Incluso un usuario se encerró, negándose a salir para no verse alejado de su pareja, en una relación surgida allí mismo.

De la Plaza surgieron entonces reflexiones y acciones en torno al fracking (método para extraer gas del subsuelo criticado por la contaminación de acuíferos, que generó mucha movilización social en Cantabria) y fue clave en la génesis de la PAH, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, entre otros movimientos reivindicativos.

CUANDO EL URBANISMO SE VOLVIÓ COLECTIVO

En dos capítulos de ‘Expulsados. Santander, la transición urbanística pendiente’, el libro del equipo de EL FARADIO (Oscar Allende, Guillem Ruisánchez y Eva Mora) se aborda el cambio que se produjo en la percepción del urbanismo a lo largo de los sucesivos períodos de información pública del frustrado Plan General de Ordenación Urbana de Santander.

Primeros ejemplares de ‘Expulsados’

Los avatares del documento hicieron que se tuviera que añadir un nuevo período al de 2008, y este fue en 2012.

El análisis de las alegaciones que llevó a cabo EL FARADIO para este proyecto, ganador del I Premio de Periodismo de Investigación de Libros.com, afloró como sus contenidos evolucionaron de la tónica dominante de las situaciones particulares habituales en estos textos (cambios de clasificación de suelos que permitieran construir en suelos en los que no se podía, fundamentalmente) a una preocupación por la ciudad que manifestaban particulares que alegaban contra proyectos que no les afectaban directamente.

Uno de esos casos fue La Pereda, objeto de cientos de alegaciones de vecinos y activistas implicados en distintas causas en la ciudad, que pidieron al Ayuntamiento de Santander que preservara el valor sociosanitario de La Pereda, preservando su valor público para evitar futuras tentaciones especulativas en una parcela muy bien ubicada frente a la zona de playas.

El otro fue la tramitación del Centro Botín sobre terrenos portuarios cuyo uso se cambió a través de modificaciones realizadas de forma exprés.

La concepción de la ciudad había cambiado, por factores como el 15M, que convirtió en preocupaciones colectivas lo que antes se habían considerado problemas individuales (del paro al éxodo juvenil, pasando por los desahucios o los abusos del sector financiero).

Y aquello fue a más: la expropiación de la finca de Amparo para construir el vial de COPSESA (empresa presidida entonces por un compañero de partido del entonces alcalde, Íñigo de la Serna) consiguió inspirar a numerosos vecinos y movimientos que se articularon en torno a las consecuencias de un modelo urbanístico, desde el diseño de la senda costera –se paralizó- al miedo a las expropiaciones en El Pilón –que llegó a inspirar una modificación legal que alejó el proyecto inmobiliario que les amenazaba——-. El urbanismo se volvió un problema colectivo.