No son tiempos tranquilos tampoco para la administración: la semana  arranca con la noticia, adelantada por EL DIARIO MONTAÑÉS, de la dimisión de la consejera de Economía y Hacienda, María Sánchez.

Sánchez será sustituida por la consejera de Empleo y Políticas Sociales, Ana Belén Álvarez, a quien releva en esa consejería alguien que ya estaba dentro del equipo, la directora general de Vivienda, Eugenia Gómez de Diego.

A las tensiones habituales entre una consejería de economía y el resto –básicamente la función de Economía es cuadrar las cuentas, eso se hace básicamente a base de decir que no y en la mezcla de pandemia e impacto de la guerra las necesidades se incrementan- se han sumado disensiones que han trascendido, en torno a la gestión de los fondos europeos o las alusiones del consejero saliente de Sanidad, Miguel Rodríguez.

Recientemente, la consejera anunciaba una medida que se traducía en una rebaja en el IRPF, no siéndolo estrictamente: lo que planteó Economía fue un cambio en el cálculo sobre el que se hace el impuesto, que tiene en cuenta el coste de la vida para aplicar la renta a la parte de ingresos que no sufraga ese coste de la vida. Se partía de la premisa que el IPC ha elevado ese coste de la vida, por tanto, se aplicaba un cálculo que lo consideraba mayor y que en la practicaba aplicaba la fiscalidad a menos cifra, generando un descuento en una medida que también parece haber generado alguna tensión.

La adaptación del presupuesto a los cambios fiscales que requiere el impacto de la guerra en Ucrania, en Economía, y la gestión de los fondos europeos en materias como la política de vivienda o las políticas sociales o las residencias, en Empleo, son los grandes retos a los que se enfrentan las nuevas consejeras.