El ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha inaugurado este jueves la jornada organizada por la Red Cántabra contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN Cantabria) sobre la cuenta bancaria básica.
En el encuentro, ‘Cuenta de Pago Básica. Inclusión financiera, ¿conoces tus derechos?’, celebrado en la Biblioteca Central de Cantabria, el titular de Consumo ha compartido cartel con Alberto Soler, de la Unión de Consumidores de Cantabria; Cristina Cruz Martín, abogada del Servicio Jurídico de Cruz Roja; Álamo Abdou Mohamed, Técnica de Intervención social del Programa de Asilo de Movimiento por la Paz, con la moderación de Daniel Pesquera, presidente de EAPN Cantabria.

En su intervención vía telemática, el ministro y coordinador federal de Izquierda Unida ha apuntado que “en momentos como los actuales, después de una crisis financiera aguda y tras una pandemia, nos encontramos todavía con muchos servicios fundamentales sin satisfacer”, en referencia a las personas que no tienen acceso a las cuentas bancarias que “son fundamentales para el día a día”, bien por su ubicación geográfica o por motivos socioeconómicos.

En este sentido ha indicado que, por un lado, existe la exclusión financiera física y presencial debido a la ausencia de lugares que puedan atender de manera “satisfactoria y digna” a las personas consumidoras. Por otro lado, a los sectores especialmente vulnerables que tienen una serie de derechos y servicios recogidos en nuestra normativa como son las cuentas de servicio de pago básicas y que, “sin embargo, muchas entidades financieras todavía no están prestando como corresponde”.

“Según varias entidades sociales, las estimaciones apuntan que hay unas 300.000 personas potencialmente beneficiarias de estas cuentas básicas, mientras que los datos oficiales del Banco de España señalan sólo 18.000 contratos establecidos de esta modalidad”, ha afirmado.

Por ello, ha explicado que desde el Ministerio de Consumo se ha actuado pidiendo la intervención a las entidades financieras y al Banco de España para resolver esta brecha “entre lo potencial y lo realmente establecido”.

Al tiempo, el Ministerio de Consumo promueve una mayor información para que todo el mundo potencialmente beneficiario pueda ver esta medida en la sucursal más cercana, allí donde reside. “Muchas veces, es la falta de información, y no sólo la falta de disposición, aunque ambos fenómenos se dan la mano en la realidad”, ha incidido.

“El Ministerio de Consumo, y el Gobierno de España en su conjunto, es un instrumento para la ciudadanía, una herramienta pública para transformar la sociedad y cubrir las necesidades más urgentes como la pobreza y la exclusión financiera”, ha sentenciado.

De igual modo, Garzón ha declarado que “seguirán trabajando” para que “más medidas fructifiquen” y ha aprovechado para agradecer al “empuje de la sociedad civil” y a la información que recibe el Ministerio por parte de EAPN y las entidades que forman la red.

En Cantabria, EAPN está integrada por la Asociación Cántabra de Lucha contra el Paro/Talleres Juveniles Brumas, Asociación Ciudadana Cántabra Antisida (ACCAS), Asociación La Columbeta, Asociación Nueva Vida, Asociación Pasiega de Desarrollo Social y Cultural, Cáritas Diocesana de Santander, Cocina Económica de Santander, COCEMFE Cantabria, Cruz Roja Española, Fundación Secretariado Gitano en Santander, Instituto Europeo de Estudios para la Formación y el Desarrollo (DOCUMENTA), Movimiento por la Paz (MPDL) y Proyecto Hombre Cantabria.

REQUISITOS Y PROCEDIMIENTO

Las cuentas gratuitas a las que tienen derecho las personas más vulnerables o en riesgo de exclusión financiera están exentas de comisiones y no obligan a la contratación de ningún producto extra. Esto permite a los usuarios contratar servicios básicos (agua, luz o gas), acceder a ayudas públicas, solicitar prestaciones como el Ingreso Mínimo Vital (IMV), retirar efectivo, o realizar operaciones con tarjetas de débito o prepago con un límite de 120 movimientos anuales.

Las personas solicitantes deben acreditar su identidad (a través de DNI, pasaporte, tarjeta de residencia, tarjeta roja o TIE) y cumplir al menos uno de los siguientes requisitos: residir legalmente en la Unión Europea (aunque no se tenga domicilio fijo), ser solicitante de asilo, o carecer de documentación en regla, pero estar en una situación excepcional que impida su expulsión del país (mujeres embarazadas, por ejemplo).

Además, quien solicite la cuenta bancaria gratuita también debe acreditar que se encuentra en situación de vulnerabilidad económica, justificando sus ingresos en relación al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) y aportando, junto al libro de familia (en el caso de las familias), cualquiera de los siguientes documentos: certificado de rentas del último ejercicio tributario; las últimas tres nóminas, el certificado de prestación o subsidio de desempleo; el certificado acreditativo de los salarios sociales o ayudas de asistencia social; o el certificado de prestaciones por cese de actividad.

No obstante, y con el objetivo de garantizar el derecho de las personas en situación de vulnerabilidad económica y financiera, el Ministerio de Consumo recuerda que, en caso de no disponer de ninguno de estos documentos, se puede entregar un informe emitido por los servicios sociales del ayuntamiento en el que se haya realizado el empadronamiento y que avale la idoneidad para abrir la cuenta.

Las entidades bancarias tienen un plazo máximo de 30 días desde que se aporta la documentación para resolver la solicitud. Dicha comunicación se hará por escrito y de manera gratuita. En caso de no recibir contestación en este plazo, se entenderá que se ha concedido al solicitante la cuenta gratuita, ya que la denegación debe hacerse siempre por escrito. En caso de necesidad, la persona interesada puede poner una reclamación ante el Banco de España.