La asociación de madres y padres del instituto Cantabria, en La Albericia, que lucha contra la que sería la cuarta gasolinera en la misma calle, y esta última, ya en obras, junto al propio centro, sigue con los contactos para tratar de frenarla.

De la reunión de este martes con la Consejería de Educación han traslucido que no se tenía total conocimiento de las características de la instalación –además en una zona marcada por la presencia de naves, talleres mecánicos o hipermercados más propias de polígonos industriales que de entornos educativos–. Y, recordando que la licencia fue concedida por el Ayuntamiento, advierten de que desde el Consistorio no se les ha facilitado toda la documentación del proceso, que además necesitan para tratar de frenarla en los tribunales.

Mientras, siguen sumando apoyos: además del resto de centros que acudieron la semana pasada a la primera concentración, está la de colectivos como FAPA o la FECAV, al que añadían el de la Junta de Personal Docente, que representa a los trabajadores de la educación, formada por los sindicatos STEC, ANPE, TU, CCOO, UGT y CSIF.

La Junta entiende y apoya dicha reivindicación, avalada por varios informes que advierten de la necesidad de que las gasolineras se ubiquen a un mínimo de 50 metros de las zonas habitadas y más de 100 metros de edificios “vulnerables” como colegios u hospitales.

“Parece incongruente autorizar, por la vía de los hechos, o por la inacción  dicha construcción, cuando por otro lado se anuncia y declara que se cree en la humanización de los entornos educativos, en la creación de “caminos escolares seguros”, etc.”, apuntan.

En concreto, reclaman

• Que se reúna el Comité de Prevención de Riesgos Laborales de la Consejería de Educación e informe de la valoración del impacto de dicha construcción en el día a día de la Comunidad Educativa y de forma específica en el desempeño de la función Docente.
• Que se paralicen de forma cautelar y con carácter de urgencia las obras y se proceda a revisar de forma exhaustiva los informes medio ambientales y estudios previos realizados para la concesión del permiso de obra.
• Que se impida de cara al futuro de forma clara e inequívoca, que actividades comerciales que afecten de forma negativa a la salud de las personas, se construyan cercanas a centros educativos.

En definitiva, piden a la consejera que “presione ante el Gobierno de Cantabria para que este despropósito no se lleve a término.”

A TIEMPO DE EVITAR QUE PREVALEZCA LO ECONÓMICO SOBRE LO COLECTIVO

En el apartado ambiental, apuntan que “acudir a una gasolinera es un acto cotidiano que realizamos muchas veces sin ser conscientes del nivel de contaminación que se produce en las estaciones de servicio y su entorno”.

Así, inciden en que hay numerosos informes que alertan de los efectos negativos que pueden producir respirar el aire que hay en ellas, como el publicado en el ‘Journal of Environmental Management’, que demuestra que el aire de las gasolineras y de sus inmediaciones está sobre todo afectado por las emisiones procedentes de la evaporación de los combustibles de automoción, junto a la contaminación acústica.

Y en lo estrictamente educativo, llaman la atención  sobre el contraste respecto a la atención  que el currículo educativo presta al medio ambiente y la crisis climática con medidas como esta.

“Será difícil y claramente incoherente, educar en la protección del medio ambiente, cuando se permite tener una gasolinera pegada al espacio educativo, si no es para demostrar que las políticas no atienden a razones científicas sino puramente económicas”, aseveran, recordando que “sobran ejemplos en nuestra comunidad autónoma de decisiones urbanísticas nefastas asumidas tiempo atrás” y alertando de que “ahora aún estamos a tiempo de evitar otra más, no cabe más adelante justificarse aludiendo “que ya se edificó así”.