El colectivo ciudadano Pasaje Seguro Cantabria estará este sábado recogiendo firmas para  sumar voces a la petición de regulación extraordinaria de migrantes.

En concreto, estarán de 12 a 14 horas en la calle Burgos, en Santander, dentro de  la iniciativa #Esenciales.

La Iniciativa Legislativa Popular ‘Esenciales’ busca la regularización de más de medio millón de migrantes, que al no estarlo carecen de los mismos derechos que el resto, tanto políticos como laborales (la no regularización condena a trabajos en peores condiciones y abre la puerta a situaciones de explotación).

En Cantabria, se han adherido a esta campaña organizaciones como Alouda Cantabria, las Asambleas Feministas Abiertas de Cantabria, ACCAS, La Vorágine, Cáritas Santander, Colectivo La Ruda, Ruta6 (miembro de la Coordinadora Cántabra de ONGDs), la Red Cántabra contra la Trata y la Explotación Sexual, junto a cientos de organizaciones por todo el país con presencia también en Cantabria, como Entreculturas, las organizaciones salesianas, PROYDE, las entidades de la institución teresiana, PROCLADE, Oxfam Intermón, –que en Cantabria se integran en la Coordinadora de ONGDs–. Es un listado abierto a más incorporaciones desde este enlace.

También se puede firmar a título personal directamente en la Web de la campaña

Una Iniciativa Legislativa Popular es un instrumento reconocido en la legislación estatal que permite que sean los ciudadanos los que lleven leyes al Congreso, en lugar de esperar a que lo hagan y asuman los partidos políticos o gobiernos. Pero para ello es necesario que sume un buen número de firmas: en concreto, 500.000, tantas como migrantes aspiran a regularizar.

También hay en este momento dos puntos fijos en los que se puede firmar:

• La Tienda De Comercio Justo Lacampa  (C/ Conde Torreanaz, s/n (parroquia La Asunción)
  Torrelavega)
• La Vorágine Santander (C/Cisneros, 69, Santander)

LA CAMPAÑA ESENCIALES

La campaña ha lanzado la la Iniciativa Legislativa Popular para una Regularización Extraordinaria de personas migrantes en España, con la que busca promover el debate social sobre la regularización y  conseguir un cambio de percepción en la sociedad sobre las personas migrantes, para que sean consideradas personas de pleno derecho y no sean vulnerabilizadas.

Tal y como explican sus impulsores, “durante la pandemia, especialmente durante los primeros días de confinamiento, descubrimos que sin personas que se encarguen de los cuidados, sin personas que se ocupen de recolectar y llevar a la mesa los alimentos que comemos, y sin personas que se encarguen de los trabajos sanitarios, nuestra sociedad es frágil”.

Y añaden que también se descubrió la fragilidad de esos sectores, al entender que sus condiciones laborales y de vida estaban tremendamente vulnerabilizadas.

“Son las personas que llamamos esenciales. Personas que tienen responsabilidades fundamentales, pero que carecen de derechos equivalentes”, explican, por lo que reclaman para ellos derechos que son, también, esenciales.

La campaña la promueven a nivel estatal organizaciones como Regularización Ya, Fundación para una Ciudadanía Global, Fundación por Causa, Redes, Alianza para la Solidaridad y Partido por un mundo más justo.

UNA ILP CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL Y LABORAL

Según detalla el texto de la ILP, el sistema de acceso a la residencia contemplado en la ley de extranjería LO 4/2000 resulta insuficiente y limitado y no se ajusta a la realidad actual de las personas migrantes que viven y trabajan en el Estado español.

Ello debido a que, por una parte, los criterios de acceso a la residencia son altamente restrictivos y de muy difícil cumplimiento, y por otra, el procedimiento administrativo implementado es lento, burocrático y cuenta con un elevado margen de discrecionalidad a la hora de conceder las autorizaciones o su renovación.

Además del argumento esencial de los derechos humanos, “la irregularidad supone una condena a la explotación laboral, la invisibilidad frente a las instituciones, la desprotección legal o la exclusión de facto de servicios públicos esenciales como la educación y la sanidad”). la iniciativa invoca otros argumentos, como los económicos y fiscales: al no estar regularizados, sus trabajos no generan aportaciones en forma de impuesto al conjunto de la sociedad.

Una estimación reciente de la Universidad Carlos III sugiere que la aportación neta media de los trabajadores regularizados se incrementaría por encima de los 3.250 euros por persona y año.

Además, reivindican que “las comunidades de migrantes en situación irregular han dado la cara por la sociedad en sectores imprescindibles como el de los cuidados, el reparto a domicilio o la recogida de fruta y verdura”. Y con ello “pagaron un altísimo precio en forma de contagios y muertes”, por lo que “nuestra sociedad tiene una deuda de gratitud con uno de sus colectivos más vulnerabilizados”.

La regularización extraordinaria es habitual en numerosos países y España lo ha aplicado en anteriores ocasiones, tanto con gobiernos del PSOE como del PP.

ASPECTOS LEGALES

Esta propuesta se limita a modificar, en un artículo único, la disposición transitoria primera de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.

Esta disposición transitoria no tiene naturaleza orgánica, ya que no regula ninguno de los derechos fundamentales que se relacionan en los artículos 15 – 29 de la Constitución Española. Esto es confirmado por la propia Ley Orgánica 4/2000, que en su disposición final cuarta, otorga a la disposición transitoria mencionada un carácter no orgánico.

El carácter no orgánico de la disposición transitoria mencionada permite, por tanto, que sea modificada por una iniciativa legislativa popular, con rango de ley, sin afectar a materia orgánica.

La disposición transitoria original ordenaba al Gobierno el establecimiento de un procedimiento para una regularización extraordinaria, que fue decretada por el Gobierno en el Real Decreto 239/2000. La modificación que se propone, modifica las fechas, e insta de nuevo al gobierno al establecimiento de un nuevo procedimiento para una nueva regularización.

El nuevo contenido de esta disposición mantiene su carácter no orgánico, ya que su redacción es idéntica a la disposición transitoria original, salvo en el cambio de fechas. Además, mantiene su carácter transitorio ya que sigue estableciendo un mandato en un momento concreto, sin ser un cambio permanente de ley.