El Gobierno de Cantabria ha aprobado hoy el anteproyecto de Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación, una norma con rango de ley que apuesta por un modelo productivo con una mayor presencia y peso de la ciencia y la innovación y una de las principales apuestas del vicepresidente Pablo Zuloaga.

Así lo ha anunciado la consejera de Economía y Hacienda, Ana Belén Álvarez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, explicando que pivota en cuatro pilares básicos, entre los que se incluye la financiación, estando previsto destinar antes de 2027 el 3% del presupuesto a I+D+i para blindar la evolución del gasto público en ciencia e investigación.

Como segundo pilar ha citado la gobernanza y la planificación estratégica, contemplándose la creación de un Consejo de Política Científica, Tecnológica y de Innovación como máximo órgano gestor de este ámbito en Cantabria. Este Consejo se apoyará en Sodercan y en la Fundación de Investigación y Transferencia de Cantabria que tendrá un carácter público.

La planificación, ha comentado la consejera, se concretará a través de una estrategia plurianual de ciencia, tecnología e innovación, que servirá de soporte al desarrollo de iniciativas en I+D+i y que jugará un papel fundamental en el cambio de modelo productivo en Cantabria.

La atracción y retención de talento será el tercer pilar de este anteproyecto, favoreciendo la contratación de investigadores para alcanzar una tasa de 4.000 investigadores a jornada completa por millón de habitantes, que en Cantabria se sitúa en 2.000 y en España en 3.000.

Estamos hablando de empleo de calidad, de conocimiento y de prosperidad para retener talento investigador, ha indicado la consejera.

El último pilar referido ha sido el de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y de igualdad de género, como garantía de orientación de la política científica hacia los retos globales que demanda la sociedad y de avance hacia la erradicación de la brecha de género en ciencia, tecnología e innovación.

El Consejo de Gobierno también ha aprobado el decreto que regula la concesión directa de subvenciones a las gasolineras para contribuir a la financiación de la bonificación de 20 céntimos por litro de combustible establecida en el plan de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania.

El Ejecutivo ha autorizado además la convocatoria de ofertas de estabilización de empleo público dotadas con un total de 3.129 plazas para personal sanitario y 886 para cuerpos docentes.