«Una vez analizada la documentación facilitada por el Ayuntamiento de Santander, claramente incompleta al faltar informes claves en el procedimiento», indica Gabriel Moreno presidente del AMPA, «queda de manifiesto que si el Ayuntamiento tiene competencia para emitir informes tan vitales como el del ruido, el de incendios, el se seguridad vial, urbanismo,…es que sí tiene capacidad para haber dictaminado la no adecuación de ubicar una gasolinera pegada a las aulas del instituto, ni por salud ni por seguridad».

Tras la reunión mantenida con la consejera de Educación, que, según explican desde el Ampa, se manifestó sin competencias en la construcción de la gasolinera, las familias de los estudiantes del centro consideran que » la consejería, como titular del equipamiento educativo como empleadora del personal docente sí tiene competencia y capacidad para analizar por su personal técnico todos los informes emitidos en el expediente y analizar su idoneidad para la afección a la salud del profesorado, así como a la vida del centro educativo»

Por eso consideran  inadmisible que se fomenten valores como los Objetivos de Desarrollo Sostenible en los centros educativos en un contexto de crisis climática, para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero así como la dependencia de los combustibles fósiles, y que Vicepresidencia, por su parte, manifieste  «que no tiene competencia para ordenar a los servicios jurídicos de la Consejería a revisar el expediente para detectar alguna posible incongruencia».

Para las familias, lo más indignante es que  «la Dirección General de Salud Pública no se haya querido reunir con las familias argumentando que no tienen competencia en el expediente de la gasolinera cuando se ha publicado en ‘Journal of Environmental Management’ el estudio elaborado en la Universidad de Murcia, que demuestra que el aire de las gasolineras y de sus inmediaciones contienen compuesto orgánicos volátiles altamente contaminantes, como el benceno, que incrementa el riesgo de padecer cáncer y leucemia, máxime cuando forman parte de la Comisión de Comprobación Ambiental que ha emitido un informe favorable a la estación de servicio teniendo en cuenta que el Instituto hay cerca de 1300 menores de edad»

También critican  que la Dirección General de Medio Ambiente haya emitido un informe favorable a la gasolinera «teniendo en cuenta que la Ley 17/2006 de control ambiental obliga a que las las licencias para la realización de actividades que puedan ser causa de molestias, riesgos o daños para las personas, sus bienes o el medio ambiente se otorgarán previa comprobación y evaluación de su incidencia ambiental y debe establecer las condiciones necesarias para la protección de las personas y sus bienes, así como del medio ambiente, y las medidas preventivas de control».

La conclusión de los integrantes del AMPA no es otra que  durante la tramitación del procedimiento de la licencia para la construcción de la gasolinera a 10 metros de la ventanas del centro educativo, y en una calle en donde ya existen 3 gasolineras, las administraciones públicas, municipales y regionales han sido indiferentes ante la salud y seguridad del alumnado del centro eductivo y por ende de sus familias»