Ya hace tiempo que María y su familia viven con angustia. Porque se sienten vigilados. De pronto, llega alguna persona hasta su vivienda, en Piélagos, que empieza a preguntar a sus vecinos por los horarios en que suelen estar en casa, el coche que tienen y diversas cuestiones más que tienen que ver con su vida privada y sus hábitos en el día día.

Se trata de buscar algo a lo que agarrarse para seguir adelante en su misión de hacer que abandonen la vivienda, después de múltiples momentos en que parecía que el desahucio se iba a ejecutar. Es un momento que no ha llegado todavía, pero la amenaza lleva ya mucho tiempo sobrevolando sus vidas, incluida la del hijo menor de la pareja.

María se apoya desde hace mucho en la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Santander, donde encuentra refugio, consuelo y fuerzas para luchar por seguir viviendo en el sitio que eligieron.

Ahora han tenido una novedad: una oferta económica para dejar atrás ese inmueble. Les ofrecen 3.000 euros. Después de más de una década repleta de lágrimas y sinsabores para defender lo que consideran suyo, ese es el precio que tiene abandonar su propio hogar. «Podrían llegar a 5.000», les han dicho.

Se podría hacer un ejercicio de plantear las cosas desde el punto contrario. Cuando llegó la crisis financiera, la terrible crisis de 2008 que tantos proyectos vitales frustró, se pensaba y se decía que el sistema financiero español era sólido y robusto. Podía sufrir, pero también estaba preparado para resistir un golpe tan fuerte. En 2012, con Grecia, Irlanda y Portugal en situación de rescate, el nuevo Gobierno de España, encabezado por Mariano Rajoy, acabó solicitando un rescate bancario. Se aseguró que todo lo prestado se devolvería, y a día de hoy ya ha quedado claro que nunca se recuperará buena parte de los más de 60.000 millones de euros que se inyectaron en algunas entidades, siendo Bankia la más destacada.

En ese momento de quiebra de una parte del sistema, ¿hubiese sido lícito que particulares ofrecieran cantidades muy bajas por inmuebles en propiedad de los bancos? Ofrecer 3.000 euros para ayudar al banco a tener más liquidez a cambio de un título de su cartera inmobiliaria. Ahora, el entramado que conforman bancos y fondos de capital riesgo hacen exactamente eso, pero desde una posición de fuerza.

Además, consiguen hacerlo valiéndose de empresas que sirven para llevar a cabo, utilizando una frase hecha, ‘el trabajo sucio’. En el caso de María, se trata de Inforsa, una gestora. Detrás de ella se encuentra el fondo Altamira, que fue propiedad del Banco Santander y que entró en 2018 como apoderado en Los Peñicas, el fondo ligado a Liberbank que está detrás de varios desahucios en Cantabria. La idea es sacarle mucho más partido a la vivienda del que le sacan en la actualidad.

Precisamente ese es el objetivo de los fondos, pero pensando a lo grande. Máximo beneficio en el menor tiempo posible. Después de eso, buscar la siguiente inversión brillante que haga dar un gran salto a la empresa en términos de rentabilidad.

Pero lo que María percibe, aparte de la oportunidad de negocio que se busca con los activos inmobiliarios, es que ella y su familia están bajo el enésimo «intento de extorsión». Cuando se merodea una vivienda y se hacen preguntas, lo normal es obtener un conocimiento que permite saber cómo es la situación de una familia. O, más concretamente, el tamaño de su debilidad.

Si son habituales las cartas que llegan desde el juzgado, las llamadas intempestivas y las ofertas a la baja para poder capturar la propiedad única del inmueble, lo que sucede, en muchos casos, es tener a una familia al límite de su fortaleza mental. «Quieren ver hasta dónde aguantas», dice María.

Sin embargo, deciden seguir luchando. Aunque ahora haya otro nombre detrás de su caso como el de Inforsa. Cambio de interlocutor, pero las intenciones que se buscan son las mismas.

Una de las especialidades de esta gestora es hacer un seguimiento de casos como el de María. ‘Gestión y recuperación de activos’ es la sección concreta que aparece en su página web y donde se explican brevemente sus actividades. Son los encargados de contactar con las familias como esta de Piélagos, pero en este caso el seguimiento podría parecer una tarea propia de detectives privados. Otras de las funciones que detallan es, por ejemplo, acompañar a la comisión judicial que comparece para llevar a cabo un desahucio «para resolver cualquier tipo de incidencia». Una función que parecía más propia de la Policía.

María cree que aceptar la oferta y marcharse a otro sitio «sería faltar a mí ética tras 13 años» en lucha. No quiere decirle a su hijo que, un día, decidió rendirse ante quienes les acosaban y presionaban para que se fueran.

También le falta apoyo institucional. «Necesito voluntad política y no se ha cumplido. Y la actual consejera ahora tiene más responsabilidad y las manos más libres», dice en referencia a la nueva titular de la Consejería de Empleo y Políticas Sociales, Eugenia Gómez de Diego, que antes de este cambio ocupaba la Dirección General de Vivienda. María cree que, al tener menos personas por encima en el escalafón, tiene una mejor oportunidad de tomar decisiones que ayuden a familias vulnerables como la suya.

Judicialmente, el desahucio de María está parado. El Decreto del Gobierno central tiene validez hasta el 30 de septiembre, y teme que, desde el día siguiente, el engranaje para intentar echarla de su casa se ponga en marcha con celeridad.