Este viernes, a las 11.00 horas, hay llamamiento especial para participar en la concentración convocada por la comunidad educativa del instituto Cantabria, en La Albericia, contra la gasolinera en obras justo al lado.

18 miembros del Consejo Escolar de Cantabria, órgano de representación de la comunidad educativa del que participan familias, docentes y otros colectivos,  han pedido a la Consejería de educación que respalda al instituto de educación secundaria Cantabria, en La Albericia, en su lucha contra la que sería la cuarta gasolinera en la misma calle, y esta además pegada a un centro rodeado de naves industriales, talleres mecánicos e hipermercados.

Así, piden a Educación “que defienda los legítimos y razonables intereses de la comunidad educativa del IES Cantabria y de otros centros que pudieran verse inmersos en situaciones similares”, y que promueva ante el resto de las Administraciones (otras Consejerías, Ayuntamientos o Gobierno central) las medidas de colaboración necesarias para que se resuelvan estos problemas.

Entre los firmantes están los representantes de la FAPA, la Universidad de Cantabria y los sindicatos STEC, ANPE, CC.OO, UGT y Trabajadores Unidos, que apelan en sus argumentos a objetivos plasmados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración de los Derechos de la Infancia,   la Agenda 2030,  la Constitución española, el Estatuto de Autonomía, las leyes educativas estatal y cántabra,   entre otras.

Por su parte, desde la FECAV han criticado la “falta de voluntad política” del Ayuntamiento de Santander con el tema, acusando expresamente al concejal de Urbanismo de “relegar a los vecinos de Santander y favorecer a estas empresas”.

Desde la entidad vecinal han pedido que, para evitar que salgan adelante las gasolineras no sólo de La Albericia,  sino otra frente a otro colegio en Nueva Montaña y la de la calle Castilla, se amplia a todo el suelo municipal, independientemente de su uso, la suspensión de licencias –como, aseguran, permite la Ley del Suelo de Cantabria–.

También piden que se acepten las alegaciones que se van a presentar el periodo de información pública durante 30 días y hacer una modificación del PGOU que garantice de forma efectiva la distancia de 100 metros a cualquier equipamiento donde haya población vulnerable.

“Santander no necesita más gasolineras. Lo que necesitamos es proteger la salud de los niños, los mayores, los enfermos y los más vulnerables; proteger el medio ambiente y garantizar la seguridad de los vecinos de Santander”, recalcaban, añadiendo que “necesitamos un equipo de Gobierno que sea valiente, que lo entienda y que actúe en consecuencia”.

Por otra parte, FECAV se ha reunido recientemente en Astillero con la asociación CEMAG ASC, que representa a los comerciantes del casco histórico, junto a quienes han reclamado la peatonalización de parte del centro. Como forma de “fomentar la vida social, impulsar el comercio y atraer a visitantes de otras localidades”.

Asimismo, piden que el aparcamiento público de Churruca, cercano sea abierto y gratuito para los clientes. También demandan más bancos públicos o la reparación de la fuente.