El Secretario de Medio Ambiente y Mundo Rural de Podemos Cantabria, Pablo Gómez, y el coordinador autonómico de Izquierda Unida Cantabria, Israel Ruiz, han registrado una Proposición No de Ley ante el Parlamento de Cantabria sobre la “aprobación del Plan Regional de Ordenación Territorial en la presente legislatura”, para su debate y, en su caso, aprobación de las medidas necesarias para la aprobación del PROT en cumplimiento con la resolución del Defensor del Pueblo.

La agrupación morada presentó una queja ante el Defensor del Pueblo con motivo de la demora en la aprobación del Plan Regional de Ordenación Territorial de Cantabria y es que la disposición final primera de la Ley 2/2001 daba un plazo de nueve meses, desde la entrada en vigor de la ley (el 4 de septiembre de 2001), para su aprobación, “la semana pasada se cumplieron veinte años desde que tendría que estar aprobado, veinte años después seguimos esperando” ha declarado Pablo Gómez, que además ha añadido que “la ley marca un plazo de nueve meses, plazo que quizá se entiende que se pueda alargar, pero una vez que ese plazo se alarga veinte años empieza a haber vejaciones de responsabilidades por parte de los consejeros que ha habido hasta ahora. Veinte años sin cumplir una ley nos parece demasiado tiempo”.

Ante el incumplimiento recurrente de aprobar el PROT por parte de los sucesivos gobiernos, han sido varias las ocasiones en las que distintos grupos han solicitado su tramitación y aprobación, siendo una de las últimas en febrero de 2021, presentada por Podemos Cantabria e IU Cantabria con motivo de la profusión de proyectos eólicos sin que exista la regulación adecuada para evitar inseguridades jurídicas y consecuencias negativas en materia social, ambiental o económica.

Israel Ruiz, coordinador autonómico de IU Cantabria, considera que “el PROT es necesario para ordenar todo lo que no tiene orden y dar una respuesta a la ciudadanía”, puesto que “cualquier otra medida que se ponga como excusa para no aprobarlo, entenderemos que no está respondiendo a los intereses de Cantabria y, sobre todo, está de forma opaca y de forma poco transparente no respondiendo a la ciudadanía que demanda más regulación y más interés por los pueblos de nuestra comunidad”. Además considera que “se está condenando a las zonas más rurales con la nueva Ley de Suelo y con los proyectos eólicos que se están tramitando no dando alternativa”.

Para ambas formaciones que dos décadas después el consejero Gochicoa haya declarado que durante esta legislatura tampoco va a salir adelante el PROT, es una cuestión “inaguantable”, porque se está produciendo una total “desregulación” del territorio en Cantabria, no solo a través de la Ley del Suelo sino también como consecuencia de la demora en la aprobación del PROT.

ARCA

ARCA recuerda que el suelo rural por su naturaleza, siempre ha estado destinado a mantener su función agroalimentaria, forestal y de mantenimiento de la biodiversidad y los ciclos naturales. Añaden que la consideración de su importancia y carácter estratégico para toda la sociedad, ha llevado al resto de las comunidades autónomas y países de la Unión Europea a preservarlo a toda costa, evitando construir en él: toda la normativa estatal y europea de los tiempos actuales va en este sentido.

Lamentan que tras 40 años de autogobierno y del ingreso en la Unión Europea, los principales partidos políticos de Cantabria «han sido incapaces de reorientar y potenciar un nuevo modelo económico para el mundo rural, ni tampoco de establecer un proyecto moderno, próspero y sostenible a largo plazo para toda la comunidad».

El balance actual de esta gestión, tras 40 años de autonomía, según explican los protavoces de la organización, «es desalentador».

La nueva ley del suelo que ahora se tramita, supone , para ARCA, «la culminación del fracaso territorial y económico de las últimas décadas, por la incapacidad y cortedad de miras de los partidos y políticos que vienen gobernando nuestra tierra: como tras 40 años no saben qué hacer con el suelo fértil de la comunidad, con esta ley han decidido acabar definitivamente con él, dedicándolo a la construcción».

Denuncian que con esta ley Cantabria se consagra como pionera en gestión territorial involutiva e insostenible, situándose al revés de todo el mundo. «La modificación de la ley de 2.012 que permitió construir en suelo rústico, ha supuesto un error territorial que ha posibilitado edificar casi 1.500 viviendas dispersas por prados y mieses, fuera de los núcleos rurales».

Lamentan que en lugar de corregir este error, los principales partidos políticos del Parlamento de Cantabria insisten en mantenerlo, autorizando la construcción aislada en suelo rústico. «Perpetuar esta situación anómala es de enorme trascendencia negativa, porque acaba con las posibilidades económicas de relanzar todo el sector primario a un tipo de actividades productivas con demanda en la sociedad actual».

Los responsables de Arca hablan desde el convencimiento de que «nuestros prados y mieses deben dedicarse a actividades agroganaderas, hortofrutícolas y forestales, que sirvan de recurso básico para industrias agroalimentarias y de la madera, en lugar de llenarlas de segundas residencias estacionales, convirtiendo a nuestros suelos más fértiles en espacios de periferia urbana».

Por eso, recuerdan que la aprobación de la nueva ley ofrecía la oportunidad de corregir el error, volviendo a la práctica normal de las comunidades vecinas, en las que el suelo rústico se preserva para cultivar y no para construir. No se trata, afirman, de permitir en mayor o menor medida, un uso inadecuado del suelo fértil construyendo más o menos en él, sino de recuperar la normalidad de volver a usar el suelo rural para la secular función que ha sido y es propia de su naturaleza.

Por el contrario, consideran que «esta ley se ha hecho para satisfacer los intereses cortoplacistas de políticos y alcaldes, perjudicando a Cantabria y a toda la sociedad, al imponer a la comunidad su suicidio territorial y económico. Con esta ley, Cantabria seguirá retrocediendo y profundizando en un modelo territorial indigno, privando para siempre a las futuras generaciones, de seguir aprovechando el suelo fértil indefinidamente, como se ha venido haciendo hasta ahora».