En todo concurso de acreedores, es decir, ese mecanismo al que se acogen las empresas cuando no son capaces de afrontar toda su deuda, los administradores concursales plantean a aquellos a los que se les debe dinero dos posibilidades: posponerla en el tiempo o fraccionarla (espera) o reducir su cantidad (quita), en el ánimo de que cobrar parte es mejor que no cobrar nada y ese no cobrar nada es un riesgo cierto si lo que se consigue es acabar con la empresa.

Son normas que no parecen valer en conflicto por las deudas y la propiedad de CELSA, grupo industrial que en Cantabria tiene emblemas como Global Steel Wire, la histórica Nueva Montaña Quijano.
Propiedad de la familia Rubiralta, tiene como deudores a fondos de inversión u oportunistas como Deutsche Bank y Goldman Sachs, y los fondos oportunistas SVP y Cross Ocean, y ha pedido un rescate (una inyección de dinero público) a la sociedad estatal SEPI, en un proceso que los fondos están aprovechando para tratar de controlar ya no la deuda, sino la propiedad de esta industria.

Porque la SEPI, aún no siendo literalmente esto un proceso de concurso de acreedores, pedía para autorizar el rescate una reducción de la deuda como forma de garantizar que esta no lastrase la supervivencia de la empresa.

Propuesta a la que los fondos reaccionaron con otra: mantener la deuda, y crear un nuevo instrumento financiero, además de crear centros de decisiones fuera de España y pasar de simplemente tener deuda a hacerse con hasta un 49% de la propiedad del grupo industrial.

Y que ha rechazado el grupo CELSA, que recuerda que con la alternativa de los fondos lo que sucedería es que «los fondos que no financiaron al Grupo Celsa, sino que compraron su deuda en el mercado secundario con descuentos de hasta el 90%, obtendrían, gracias a la concesión de una ayuda pública, rentabilidades del 80% anual multiplicando por más de cinco la inversión realizada», además de asentarse en la propiedad. CELSA también llama la atención sobre que el traslado de algún órgano decisorio fuera de España perjudicaría el propio rescate.

Una defensa de la propiedad frente al empuje de los fondos en la que CELSA tiene el apoyo de los sindicatos, que consideran que “la propuesta de los fondos es incompatible con la financiación pública y con el verdadero apoyo a la economía industrial, y a la creación y mantenimiento de puestos de trabajo”.

Así, los sindicatos UGT FICA y CCOO valoran la entrada de créditos públicos en la empresa Celsa, a través del fondo de Ayuda a la Solvencia de Empresas Estratégicas, como “un hecho fundamental para el mantenimiento del modelo industrial que impulsa la compañía y que garantiza la reinversión de recursos y la generación y mantenimiento de empleo estable”.

Recuerdan que para el mantenimiento de los 4.500 empleos directos que ofrece la compañía, y de un entorno de proveedores de más de 7.500 pymes, “es necesario apostar por una economía real y proteger a la industria estratégica española, como Celsa, de posiciones financieras y cortoplacistas”.

Para UGT FICA y CCOO, los fondos acreedores nunca han sido una solución por su bajo perfil industrial,
“No ha sido decisión nuestra, el incluirlos dentro de la gestión empresarial, y ahora nos vemos obligados a defendernos como trabajadores de una decisión que no se nos consultó y que a la larga está acarreando muchos problemas para el devenir de la compañía”, recuerdan.

Y ponen de manifiesto como justo ahora los fondos están mostrando su perfil real con una propuesta que pretende obtener un rendimiento del 80% anual.

EL PASO DE LOS FONDOS POR LA ECONOMÍA

La economía va virando a un mayor peso de los fondos en todo tipo de sectores: lo que empezó con la entrada en la vivienda se ha trasladado a la implantación en sectores como las residencias. En Cantabria, encontramos su resto en el cierre de las perfumerías Douglas antes de saltar a otro sector o en las trabas a las mejoras en el telemarketing en la antigua Unitono.

Su peso llega a sectores tradicionales como la industria: en 2019 el estadounidense TPG se hizo con Ferroatlántica, ligada a Villar Mir, grupo industrial con una decena de plantas hidráulicas en Galicia, por un importe de 170 millones de euros.

El pasado mes de abril el mismo fondo los ponía a venta, junto a las fábricas de ferroaleaciones de Cee y Dumbría, tras apenas tres años de propiedad.

La operación de venta de las plantas hidráulicas podría alcanzar una valoración superior a los 200 millones de euros, frente a los 170 millones en los que se compró,

TPG Capital, anteriormente conocida como Texas Pacific Group es una empresa de capital riesgo fundada en 1993 por David Bonderman, James Coulter y William S. Price con sedes en Fort Worth (Texas), San Francisco y Londres. La empresa recibe su nombre de una antigua empresa ferroviaria y tiene presencia en empresas estadounidenses como Metro Goldwyn Meyer, Burger King o la aerolínea American West, además de ser accionista de Air Bnb o Spotify.

En España, ha tenido intereses inmobliarios a través de Servihabitat, que fue filial de CaixaBank, y  ha tenido como asesor internacional a Rodrigo Rato, exministro de Economía y expresidente de Bankia, en prisión y procesos judiciales precisamente por esa gestión. Y la SAREB, el banco malo, vendió a este fondo estadounidense su SOCIMI (la sociedad especializada en gestiones inmobiiliarias, con condiciones fiscales específicas).