Izquierda Unida Cantabria ha reclamado a la Consejería de Sanidad que asuma la gestión directa del servicio de transporte sanitario para ser “100% público”, tal y como se ha hecho en La Rioja.

El coordinador autonómico de IU, Israel Ruiz Salmón, hace este llamamiento al Gobierno de la comunidad “porque es posible gestionar diferente” y “acabar con el cúmulo de despropósitos que atesora Ambuibérica desde su llegada al servicio en 2012 y la “permisividad” del PP en la legislatura 2011-2015 y, posteriormente, los gobiernos de PRC y PSOE hasta la actualidad.

Así, pone como ejemplo de la alternativa el acuerdo de Gobierno entre el Ejecutivo riojano, liderado por el PSOE, y la diputada de IU en la comunidad, Henar Moreno, que han internalizado el servicio de transportes antes gestionado por una empresa privada, “demostrando que el servicio público responde al interés general de la población y cuyo objetivo es la atención socio-sanitaria antes que el rédito económico”.

En este sentido, Ruiz Salmón ofrece la colaboración de su formación para que “sea una realidad antes de acabar la legislatura” pudiendo llevarse a cabo mediante la creación de una empresa pública para la gestión del transporte sanitario o incorporando el transporte sanitario en el Servicio de Emergencias de Cantabria (SEMCA) que ya existe.

“No digan que no es posible o que la propuesta llega tarde porque hace años que reclamamos que se recupere el servicio ante los graves perjuicios que está suponiendo para los usuarios, cuya situación, no podemos olvidar, es en muchos casos de gran vulnerabilidad por las patologías que tienen”, ha continuado el líder de IU.

Ruiz Salmón recuerda que Ambuibérica ganó las diferentes licitaciones para gestionar el servicio de transporte sanitario mediante ofertas por debajo del precio “llegando a una bajada casi temeraria” y una gestión “deficiente” con el “único objetivo de recuperar el dinero ‘perdido’ en la baja’.

Desde IU citan los “graves perjuicios”, como que los usuarios sufran rutas eternas en las que pasan horas entre ir y venir al hospital para recibir su tratamiento porque la empresa maximiza al extremo cada una de las rutas y vehículos; hay enfermos que tienen el alta pero no pueden regresar a sus casas porque no hay transporte para llevarlos y ocupan una habitación de forma innecesaria; o que los vehículos sean obsoletos y sin casi mantenimiento.

Además, también apunta a las infracciones laborales que sufre la plantilla, como ha comprobado tanto la Inspección de Trabajo como diferentes tribunales: fraude con el personal en prácticas o faltas de equipos de protección laboral.

“O el más grave: horarios irracionales e ilegales que, tras sentencia judicial, supuso que la empresa deba a cada trabajador miles de euros por exceso de jornada -dinero que la plantilla aún no ha cobrado-, motivo por el cual ahora la empresa quiere descolgarse del convenio con el fin de abaratar salarios y modificar horarios”, ha sentenciado.