La Coordinadora Cántabra de ONGD, junto con la Coordinadora de ONGD de España y todas las coordinadoras autonómicas de ONGD, lamenta en una nota de prensa remitida a los medios,  la muerte de 37 personas, tanto migrantes como de las fuerzas de orden; «nos solidarizamos con sus familias y exigimos una investigación judicial inmediata que esclarezca los hechos. Las personas que han resultado heridas deben recibir atención sanitaria adecuada y de calidad».

Recuerdan que las ONG que trabajan en la frontera con Marruecos vienen denunciando un aumento de la violencia a raíz de la reanudación de la colaboración entre España y Marruecos en materia migratoria y consideran que acuerdos de este tipo contribuyen a aumentar la violación de los derechos humanos.

Mientras ocurre esto en Melilla, «la semana pasada el Gobierno presentaba el proceso para elaboración de su II Plan de Derechos Humanos; de poco sirven los documentos cuando se violan sistemáticamente los derechos en la frontera Sur. Definir esta actuación como una operación bien resuelta da muestra de la falta de compromiso real del Gobierno español con los derechos humanos y la vida».

CONCENTRACIÓN

Diversas organizaciones sociales de Cantabria convocan una concentración para este viernes a las 19:30 frente a Delegación del Gobierno en homenaje a los migrantes asesinados y a modo de condena por las «indignas» declaraciones de Pedro Sánchez además de para mostrar su solidaridad con las personas migrantes que son «perseguidas, injuriadas y agredidas por buscar refugio y por una vida mejor.

La convocatoria se enmarca en una protesta general por los crímenes de la frontera de Melilla, que llama a concentraciones de repulsa contra la violencia mortal que se ha ejercido contra los migrantes, y que exige responsabilidades a quienes las han cometido, el gobierno de Marruecos, y a quienes las justifican, el presidente Pedro Sánchez.

La convocatoria surge de la iniciativa de las comunidades migrantes en Melilla, y de los colectivos de solidaridad de la ciudad autónoma, habiéndose elegido el día 1 de julio para permitir la participación de las personas supervivientes, que actualmente están en cuarentena en el CETI de Melilla.

Pretende conseguir el mayor consenso posible de protesta contra estos crímenes, «y los que vendrán si no conseguimos cambiar las políticas migratorias securitarias y violentas a las que parece haberse adherido el presidente del Gobierno».

COORDINADORA CÁNTABRA DE ONGD

Desde la Coordinadora Cántabra de ONGD, lamentan que En Nador se prepara el entierro de las víctimas en fosas «sin investigación ni autopsias, sin una identificación de las personas fallecidas. La gravedad de esta decisión recuerda a la ya vivida en el caso del Tarajal y demuestra que es una práctica común que viola los derechos humanos más básicos y la dignidad de las personas».

Muchas de las personas que perdieron la vida eran sudanesas y, por tanto, según la coordinadora Cántabra de ONGD, susceptibles de recibir protección internacional. Además, añaden, se produjeron devoluciones en caliente, una práctica ilegal que se sigue manteniendo y por la que la ONU ha condenado a España en varias ocasiones.

En la semana que la que Madrid acoge la cumbre de la OTAN alertan: «la interpretación de la migración como una amenaza a la seguridad, supondrá mayor sufrimiento, violencia, violación de derechos humanos y muerte. Echará más leña al fuego a la preocupante deriva militarista».

Por todo ello, desde la Coordinadora Cántabra de ONGD:

Muestran sus profundas condolencias con las familias que han perdido a sus seres queridos.
Exigen una investigación inmediata que aclare lo ocurrido, depure responsabilidades y garantice verdad, justicia y reparación a las víctimas. Una investigación que debe realizar el Gobierno español, el marroquí y las instituciones internacionales correspondientes.
Demandan la atención sanitaria adecuada de las personas que han resultado heridas y la garantía plena de sus derechos. Debe garantizarse un proceso legal adecuado para quienes pueden ser objeto de protección oficial.

Marruecos debe identificar a las personas fallecidas y repatriar sus cuerpos a sus países de origen, en colaboración con las organizaciones de migrantes.

Piden  el fin de las expulsiones en caliente, tal como viene exigiendo la ONU a España de manera reiterada. Deben garantizarse también vías legales y seguras, como contempla la legislación internacional en materia migratoria.

Las políticas europeas deben ser revisadas. El desvío de fondos de cooperación para control migratorio debe acabar de manera inmediata. La cooperación debe luchar contra la pobreza y la desigualdad; en ningún caso puede fortalecer los sistemas militares, la externalización de fronteras o la contención de las personas que huyen de los conflictos y la miseria.

En plena cumbre de la OTAN en Madrid, alertan: la calificación de las migraciones como “amenaza híbrida”, tal como pretende España, alimentará la escalada militar, fomentará la violación de derechos humanos y pondrá en riesgo la vida de personas que buscan una vida digna.

Advierten también sobre los discursos que califican de “violentas” a las personas que migran. «Criminalizar a quien huye de conflictos y miseria alimenta los discursos de odio y nos lleva a situaciones muy peligrosas. Hacemos un llamamiento a representantes políticos, medios de comunicación y sociedad en su conjunto a fomentar relatos que respeten los derechos humanos y promuevan la paz. No hacerlo nos lleva a la más pura banalización del mal».

Animan a a la ciudadanía a continuar exigiendo que se frene la escalada militar impuesta en las fronteras, que se respete el derecho a la vida y se fomente la cultura de paz.

«El Gobierno español debe ser coherente con lo establecido en el proyecto de Ley de Cooperación en el que se recoge el objetivo de “fomentar un enfoque integral de la migración centrado en las personas y sus derechos, en las causas profundas de la misma, en el desarrollo sostenible, en la prevención de la trata y el tráfico de personas y en la protección de las víctimas y supervivientes, y en la atención de las necesidades de las personas refugiadas y de las víctimas de desplazamientos forzosos, conforme al derecho internacional, y en particular los derechos humanos”. Las palabras no se sostienen si no derivan en políticas reales».

COMUNICADO

Por su parte, las organizaciones convocantes de la concentración han elaborado un comunicado que está siendo firmado por organizaciones sociales, de migrantes, y de solidaridad, con el fin de ser enviado al Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al Ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, al Ministro de Exteriores, José Manuel Albares, al Grupo Permanente Hispano-Marroquí sobre Migraciones, a las portavoces de la Comisión de Interior, a la Delegación del Gobierno en Melilla y a las congresistas y senadoras de Melilla y Ceuta, así como también, a todas aquellas instituciones que proceda.

COMUNICADO UNIFICADO DE DENUNCIA 24J MELILLA

El pasado 24 de junio tuvo lugar un intento de salto a la valla de Melilla. Según la Delegación del Gobierno de la Ciudad Autónoma, unas 2.000 personas se aproximaron a las inmediaciones del perímetro fronterizo; 133, en su mayoría de origen sudanés y chadiano, lograron llegar y se encuentran ahora en el Centro de Estancia Temporal para Inmigrantes (CETI) de Melilla, donde se encuentran aisladas a la espera de solicitar Protección Internacional. Asimismo, algunas personas que consiguieron llegar a territorio español fueron violentamente devueltas en caliente; práctica que vulnera la legislación internacional en materia de derechos humanos.

Las políticas migratorias, materializadas en la brutalidad policial y la militarización fronteriza, han provocado la muerte de, al menos, 37 personas migrantes y refugiadas. Los cuerpos están siendo enterrados en Nador sin realizar autopsias esenciales para una posible investigación, sin identificar y sin informar a las familias. Igualmente, más de 300 personas fueron hospitalizadas, no habiendo recursos suficientes para atenderlas en el hospital El Hassani de Nador. Todo ello, como resultado del trato cruel e inhumano y la omisión del deber de socorro.

En las últimas semanas se han intensificado las redadas, persecuciones y desplazamientos forzosos en Marruecos en autobuses, por parte de la gendarmería contra las comunidades migrantes que se ven obligadas a asentarse en los bosques cercanos a la ciudad de Nador. Esta creciente hostilidad ha influido inevitablemente en la naturaleza de este salto.

Esto ocurre en un escenario de calma tensa entre los gobiernos de España y Marruecos. Tras el anuncio del ejecutivo español mostrando apoyo a la “iniciativa de autonomía marroquí” sobre la cuestión del Sáhara Occidental, el pasado 7 de abril entró en vigor un convenio entre España y Marruecos con la intención de incrementar la cooperación en materia de seguridad y de lucha contra la delincuencia contribuyendo a criminalizar las migraciones. Intención que se trasladará también a la cumbre de la OTAN en Madrid, incluyendo Ceuta y Melilla bajo su protección, lo que contribuirá a la militarización, securitización y externalización, aún más, de la frontera sur.

Las entidades y las personas que apoyamos este comunicado, NOS SOLIDARIZAMOS con las familias de las 37 personas muertas, víctimas de las prácticas y políticas migratorias que se traducen realmente en necropolíticas. DENUNCIAMOS la vulneración de la legislación internacional en materia de derechos humanos, especialmente la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los refugiados, así como la legitimación del racismo institucional que agrede a los cuerpos negros en la frontera.

Por ello, EXIGIMOS:

→ Investigación independiente que esclarezca las muertes ocurridas; así como, la reparación de las víctimas (identificación, repatriación e información a las familias).

→ El acceso a una sanidad de calidad y atención especializada a las personas heridas.

→ Finalización de las devoluciones en caliente y derogación, por parte de los grupos
parlamentarios, de los rechazos en frontera en la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana.

→ La protección, garantía y mecanismos de monitoreo de los Derechos Humanos en toda la
Frontera Sur, respetando los acuerdos internacionales, especialmente el Estatuto de las Personas Refugiadas, y atendiendo a la particular vulnerabilidad de las menores.

→ Transparencia en relación con la “nueva etapa” de partenariado entre España y Marruecos;
así como en qué se gasta el dinero que recibe Marruecos de la UE y España.

→ Establecimiento de VÍAS LEGALES Y SEGURAS y DEROGACIÓN DE LA LEY DE EXTRANJERÍA.