Hace unos días la Autoridad Portuaria de Santander (APS) admitió ante el Defensor del Pueblo que la instalación de concertinas en el Puerto de Santander no era una medida necesaria. Tras meses de pronunciamientos a favor de estas cuchillas y criminalización de los colectivos migrantes, por fin se reconocieron las reivindicaciones que hicimos desde diversos colectivos para parar esta atrocidad.

En tiempos de modernidad líquida en que todo cambia tan rápido y la avalancha informativa no nos deja tiempo para pensar; creo importante rememorar lo acontecido.

BREVE RESUMEN DE LOS HECHOS

Todo comenzó en octubre del año pasado, cuando la APS iniciaba la instalación de concertinas en un tramo del recinto portuario para hacer frente a la entrada de colectivos migrantes que trataban de llegar a Reino Unido en busca de un futuro mejor. No era una medida de seguridad más, sino que se trata de un tipo de alambre de espino provisto de cuchillas en forma de arpón diseñadas para penetrar y enganchar. La experiencia reciente en las vallas de Ceuta y Melilla dejan un largo historial de personas atrapadas, de cuerpos cortados y mutilados y desgraciadamente de algunos fallecidos. Tanto allí como aquí, se instalaron con la ingenuidad de que un alambre disuadiría a aquel que huye de la guerra y la miseria.

Por aquel entonces solo Pasaje Seguro se movilizaba en contra de semejante indignidad. Algunos medios, como este en el que escribo, se hacían eco de la noticia y he de reconocer que fue así como me enteré de lo que pasaba. Como secretario general de Juventudes Socialistas (JJSS) de Santander pensé que sería importante que nos pronunciáramos y nos pusimos a trabajar en estrategias que pudieran ser lo suficientemente interesantes como para que la prensa las recogiera. Tras semanas de trabajo informándonos sobre la medida, qué es y cómo funciona la APS y otros tecnicismos burocráticos, preparamos un escrito que dirigimos a todos los miembros de su Consejo de Administración para que enmendará la decisión. Entre la argumentación que dimos, mencionamos la falta de justificación de la medida, la escasa proporcionalidad y el incumplimiento de la legislación autonómica en materia de vallados. También, alegamos que se trataba de una modificación sustancial del Plan de Seguridad por lo que debía haberse pedido permiso al Ministerio del Interior. Además, solicitamos toda la información relativa a las concertinas para comprobar bajo que parámetros se había realizado la instalación.

Paralelamente, Pasaje Seguro denunció la cuestión ante el Defensor del Pueblo e inició una recogida de firmas que alcanzó las 43.000. También, organizaron una concentración y estuvieron presentes en los medios de comunicación para dar a conocer lo que estaba pasando. En ese momento, los defensores de la medida no se pronunciaban mucho y abundaban los políticos que en privado te convencían de lo rotundamente en contra que estaban de la medida, pero que luego en público o no hacían declaraciones o las hacían, pero sus palabras no iban acompañadas de actos en consecuencia.

Mi impresión entonces era que existía un consenso generalizado de que las concertinas estaban mal, pero a nadie le parecía lo suficientemente importante como para hacer algo. Muchos tacharon de exagerado comparar la situación del Puerto de Santander con Ceuta y Melilla. Por supuesto que no era lo mismo, aquí las concertinas solo estaban instaladas en una zona, por lo que los migrantes saltaban por donde no las había, por eso la actitud de la APS fue continuar poniéndolas en nuevos tramos de la valla y eso era precisamente lo que los colectivos que nos posicionábamos en contra queríamos evitar. También, nos achacaron que habría que esperar a que hubiera accidentes para tomar decisiones. Creo que respecto a esto último no hace falta hacer más comentarios.

Me gustaría mencionar que a raíz del escrito que presentamos desde JJSS, quise ponerme en contacto con Francisco Martín, presidente de la APS, quien para mi sorpresa muy amablemente me atendió. A pesar de su disposición y cordialidad, que he de reconocer, su opinión era clara: tenía que proteger las instalaciones del Puerto a toda costa y frente la entrada de migrantes prefería arriesgar su integridad física que las mercancías que se custodiaban en el recinto portuario. Este argumento sobre la seguridad estuvo presente en todo momento y he de adelantar que Pasaje Seguro logró desmontarlo.

Finalmente, llegó el día en que se celebró el Consejo de Administración de la APS. Tanto el escrito que presentamos JJSS, como el de Pasaje Seguro acompañado de las 43.000 firmas los dejaron para el final de la reunión. Establecer el orden del día correctamente, es una estrategia inteligente, pues los temas que se dejan para el final son aquellos a los que se prestará menos atención, pues los presentes están más cansados y su interés está puesto en otras cosas. Y esto es precisamente lo que pasó. En esa reunión apenas intervinieron unas pocas personas y además lo hicieron para argumentar a favor de las concertinas. Lo verdaderamente sorprendente es que nadie fue capaz de manifestarse en contra.

A pesar de la negativa de los miembros del Consejo de administración del Puerto a retirar las concertinas, cada vez más y más personas se pronunciaban en contra. Tanto Cáritas como Amnistía Internacional mostraron su rechazo; los medios nacionales se hacían eco de la noticia y Pasaje Seguro llevó las firmas recogidas ante el Parlamento de Cantabria donde el PSOE presentó una PNL para que las quitaran. Desgraciadamente, se quedó solo apoyándola en un debate parlamentario donde algunas intervenciones mostraron el rostro más oscuro de la política.

Semanas más tarde nos respondió la APS a la solicitud de información que habíamos presentado. Sorprendentemente, nos concedían el acceso a la justificación de la medida, pero cuando miramos la documentación no había nada. Por lo tanto, había dos posibilidades: o las concertinas se habían instalado sin ningún tipo de estudio previo de riesgos y medidas alternativas o nos habían escondido intencionadamente la documentación.

Esta cuestión y el Plan de Seguridad, que pedimos con la misma finalidad y nos lo denegaron en base a una ley franquista, las denunciamos ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno que aún tiene que pronunciarse al respecto. En relación a la cuestión de que se había realizado una modificación sustancial del Plan de Seguridad sin la aprobación del Ministerio del Interior no había ninguna referencia. Sin embargo, días más tarde la APS anunciaba que paralizaba temporalmente la instalación del segundo tramo de concertinas hasta que se pronunciara el Ministerio del Interior.

He de recordar el argumentario que utilizaron los defensores de concertinas: necesidad de seguridad en el Puerto para proteger las mercancías, falta de efectivos policiales y la decisión libre y voluntaria de los migrantes de saltar la valla. Por supuesto, este último punto es el que más me llamaba la atención, porque ponía de manifiesto el desconocimiento absoluto de Albania y del fenómeno migratorio por parte de quienes lo empleaban. Alguien que huye de un narco Estado, con unos índices de criminalidad y asesinatos altísimos y con un nivel de pobreza preocupante no se le puede cuestionar que salte una valla y se cuele en un barco en busca de una vida mejor. Respecto a la falta de efectivos policiales, también era falso. Había más de sesenta guardias civiles, cuarenta policías portuarios y una decena de policías nacionales.

Sorprendía enormemente la cantidad de agentes de policía destinados a proteger los intereses de un par de empresarios, que en vez de plantearse contratar seguridad privada demandaban aún más o amenazaban con irse a otros puertos.

Además, en un ejercicio de periodismo de investigación, El Faradio, publicó un reportaje en el que demostraba que la situación del Puerto de Santander no era un caso aislado, sino que pasaba también en los puertos vecinos de Bilbao y Gijón; por lo que ese éxodo que avecinaban no era más que un farol. El golpe final lo dio Pasaje Seguro, tras publicar las respuestas que había dado la APS a la pregunta sobre el número de intrusiones en el Puerto y devoluciones de carga dañada en base a la Ley de Transparencia. La mismísima APS reconocía que el 98% de los intentos de saltar la valla son abortados por la Guardia Civil y que no existe ningún registro de devolución de carga por parte de ninguna compañía que haya utiliza los servicios del Puerto.

En conclusión, todo el riesgo que se generó para justificar la instalación de concertinas se había demostrado que era rotundamente falso. Sin embargo, no fue hasta que se pronunciara el Defensor del Pueblo sobre la cuestión, cuando la APS reconoció lo que le veníamos avisando, que las concertinas no eran necesarias.

CONCLUSIONES

Desde mi punto de vista, la decisión de instalar concertinas seguramente la tomó erróneamente algún técnico de la APS. El problema surgió porque nadie fue capaz de enmendar esa decisión tan desproporcionada (ni su ni su Presidente, Francisco Martín, ni ninguno de los miembros del Consejo de Administración). Desgraciadamente, pesaron mucho más las presiones de los empresarios que los derechos humanos de los colectivos migrantes y solo hasta que fueron atrapados por sus propias mentiras no fueron capaces de rectificar la decisión. Por supuesto, nadie ha pedido disculpas, ni se ha retractado.

Sin embargo, me gustaría terminar este artículo pensando en positivo. Quiero ensalzar el trabajo que realizaron, y realizan en otras causas justas, decenas de ciudadanos y colectivos que para muchos son anónimos. En primer lugar, y como no podía ser de otro modo, a Pasaje Seguro y especialmente a Javier González Soto, cuya defensa incansable de los derechos humanos es verdaderamente encomiable.

También, a los medios de comunicación como este, El Faradio, que se volcaron por informar sobre lo que pasaba, haciendo un verdadero esfuerzo informativo en lugar de limitarse a repetir las mentiras de la APS. Por supuesto, a diversos colectivos como Cáritas y Amnistía Internacional; además, de los partidos políticos que se posicionaron en contra, como el PSOE, pero también IU y otros. Hubo también un gran número de ciudadanos, que prefieren seguir siendo anónimos y sin cuya ayuda nada de lo que cuento habría pasado; especialmente, un abogado, cuyo nombre me entristece no poder citar.

Todo esto me hace seguir confiando en la democracia. Santander no tendrá concertinas y no tendremos la desgracia de levantarnos con historias de personas heridas o fallecidas en las vallas del Puerto. Esto ha sido gracias a una ciudadanía que se levantó y dijo no a los políticos que preferían mirar para otro lado. Siguen abiertos algunos cauces para la participación de la sociedad civil, seamos conscientes de ello y no miremos para otro lado ante la infinidad de cosas que pasan cada día.