Pasaje Seguro recogerá firmas para la regularización de todas las personas migrantes residentes en nuestro país a la entrada de la Feria de las Naciones en Santander, junto al estadio del Sardinero, los días 17, 25 y 31 de agosto de siete a nueve de la tarde.

La acción se realiza  en el marco de la iniciativa legislativa popular (ILP, un mecanismo que permite que presenten leyes los propios ciudadanos, al margen de los partidos políticos) que llevará al Congreso de los Diputados más del medio millón de las firmas necesarias para que el congreso debata la reforma de la Ley de Extranjería que permita la regularización plena del más de medio millón de personas migrantes que viven y trabajan en España en situación irregular. También se puede firmar online, en este enlace.

El grupo ciudadano resalta que los cambios en el reglamento de la ley de extranjería que acaban de entrar en vigor, «son un parche que demuestra la necesidad de abordar la regularización completa del colectivo de personas migrantes residentes en España».

Los avances, explican, afectan fundamentalmente a los estudiantes extranjeros que tendrán la posibilidad de trabajar, a las personas que ya tienen autorizaciones de residencia y trabajo y cuya renovación se amplía a cuatro años, a quienes deseen reagrupar a sus familiares flexibilizándose los requisitos económicos, a las personas extranjeras que lleven dos años en España y que se comprometen a realizar una formación, a las que llevan tres años en España y consiguen un contrato de trabajo, y a las personas de terceros países que quieren acceder al mercado de trabajo desde el país de origen a través del catálogo de puestos de difícil cobertura.

Sin embargo, añade, «el cambio en el reglamento de extranjería, no contempla medidas especiales para subvertir la situación de irregularidad administrativa de las más de 500.000 personas que ya están residiendo aquí y son nuestros vecinos, pretende fundamentalmente agilizar la inserción laboral de las personas migrantes en función de las necesidades del mercado laboral, haciendo particular énfasis en la contratación en origen y en la de personas contratadas para un trabajo tras el cual deben volver a su país de origen».

Recuerdan que el cambio en el reglamento tampoco hace frente a uno de los problemas fundamentales: «la necesidad de pasar tres años en el país antes de recurrir al arraigo social, requisito que genera un limbo jurídico, que asienta las condiciones para abusos laborales, y fomenta la vulnerabilidad socia»l.

El nuevo reglamento sigue sin abordar, según explican, «la regularización de menores no nacidos en España cuando sus padres tengan permiso de residencia, ni mejora las condiciones que faciliten la reagrupación familiar. Así mismo, continúa sin resolver ni mejorar la situación de las personas solicitantes de asilo, al no extenderse al conjunto de ellas las condiciones de acogida que han recibido, con toda justicia, las personas migrantes de Ucrania que huyen de la agresión rusa».

En definitiva, desde Pasaje Seguro consideran que deben producirse avances más rápidos y enérgicos que faciliten la llegada, acogida, y regularización de todas las personas migrantes. «Iguales de personas que los que tenemos papeles, que fuimos igualmente migrantes como lo es toda la humanidad».

LA CAMPAÑA ESENCIALES

La campaña la promueven a nivel estatal organizaciones como Regularización Ya, Fundación para una Ciudadanía Global, Fundación por Causa, Redes, Alianza para la Solidaridad y Partido por un mundo más justo.

Según detalla el texto de la ILP, el sistema de acceso a la residencia contemplado en la ley de extranjería LO 4/2000 resulta insuficiente y limitado y no se ajusta a la realidad actual de las personas migrantes que viven y trabajan en el Estado español.

Ello debido a que, por una parte, los criterios de acceso a la residencia son altamente restrictivos y de muy difícil cumplimiento, y por otra, el procedimiento administrativo implementado es lento, burocrático y cuenta con un elevado margen de discrecionalidad a la hora de conceder las autorizaciones o su renovación.

Además del argumento esencial de los derechos humanos, “la irregularidad supone una condena a la explotación laboral, la invisibilidad frente a las instituciones, la desprotección legal o la exclusión de facto de servicios públicos esenciales como la educación y la sanidad”). la iniciativa invoca otros argumentos, como los económicos y fiscales: al no estar regularizados, sus trabajos no generan aportaciones en forma de impuesto al conjunto de la sociedad.

Una estimación reciente de la Universidad Carlos III sugiere que la aportación neta media de los trabajadores regularizados se incrementaría por encima de los 3.250 euros por persona y año.

Además, reivindican que durante la pandemia “las comunidades de migrantes en situación irregular han dado la cara por la sociedad en sectores imprescindibles como el de los cuidados, el reparto a domicilio o la recogida de fruta y verdura”. Y con ello “pagaron un altísimo precio en forma de contagios y muertes”, por lo que “nuestra sociedad tiene una deuda de gratitud con uno de sus colectivos más vulnerabilizados”.

La regularización extraordinaria es habitual en numerosos países y España lo ha aplicado en anteriores ocasiones, tanto con gobiernos del PSOE como del PP.

Esta propuesta se limita a modificar, en un artículo único, la disposición transitoria primera de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.