El título de la charla con la que La Vorágine cierra este miércoles a las 20.00 horas su ciclo sobre memoria histórica ‘Cine sin niebla’ es muy gráfico: ‘Arañando la tierra para encontrar la verdad’. Porque de eso, literalmente, va lo que va sucediendo poco a poco, con el esfuerzo de familiares y las asociaciones que las respaldan, cuando se logra desenterrar fosas.

El “engranaje” de la sociedad civil, donde “constantemente pasan cosas” con la recuperación de la historia que estuvo décadas oculta o manipulada hace ser “optimista” a Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica quien intervendrá en esta clausura, junto a la periodista y referente Olga Rodríguez.

“El movimiento social ha abierto las puertas que se quería que estuvieran cerradas. Ya no son imaginaciones ni relatos. Una fosa es un hecho físico”, recalca el activista por la memoria.

Sin embargo, apunta Silva en conversación con EL FARADIO, “quien tiene que culminar esto es el Estado”, y ahí desgrana un amplio listado de carencias, dejaciones o incumplimientos a lo largo de las últimas décadas.

Desde la falta de un acto público, institucional, de condena a la dictadura, hasta la existencia de una asignatura sobre el siglo XX en España que impida que haya partes que se despachen a toda prisa para cumplir con el temario, pasando por la permanencia de placas con nombres de calles que ensalzan —que no otra cosa es dedicar una calle a alguien- a protagonistas del golpe de estado y la dictadura o la falta de juicios o trabas a los que se impulsan, como la querella argentina, impulsada por este colectivo y que se tramita allí al afectar a derechos humanos, por tanto, universales.

Para Silva, por ejemplo, el recurso a las subvenciones públicas para recuperar las fosas y permitir una sepultura digna que puedan visitar sus familias es una aberración: “que se ponga a competir a los familiares entre sí es grabe”, lamenta, incidiendo en que debería ser un recurso que facilitaran todas las Administraciones y rechazando el recurrente argumento económico. Nadie discute el coste del envío de forenses por parte de España a Ucrania ni se convocan subvenciones para repatriar combatientes de la División Azul ni se cuestiona el apoyo a las víctimas de atentados terroristas, señala.

Es más, recuerda que España tiene, sin necesidad de leyes específicas, una serie de obligaciones con las desapariciones forzadas, unas obligaciones “que no son teóricas” y que responden al cumplimiento del convenio firmado con la ONU que, por lo tanto, forma parte ya de la legislación que debe cumplir España.  Por eso, lamenta la “distancia” entre sus obligaciones y la “práctica” de “lo lejos” que están todas las administraciones de participar.

De hecho, Emilio Silva, desde cuya asociación se impulsó la querella argentina hace más hincapié en la voluntad política que en la existencia de leyes (la primera Ley de Memoria Histórica tiene 15 años, que “han incumplido todos”).

“No se necesita la Ley para hacer muchas cosas”, insiste, poniendo el ejemplo del Gobierno vasco, que sin disponer de legislación específica es la comunidad que más hace en materia de memoria porque “tienen voluntad”.

Voluntad, por ejemplo, de convertir espacios que fueron cárceles o campos de concentración (Cantabria fue la comunidad que más tuvo y aquí fue donde se ensayó el modelo) como el de La Magdalena –el mismo recinto en el que actuó La Barraca de Lorca fue escenario de la represión franquista- , para el que Silva propone  un centro de interpretación, (la nueva Ley crea los “lugares de memoria”, si bien él prefiere enfatizar el “de represión”). Espacios como La Magdalena deberían convertirse en espacios de “pedagogía social” y enseñanza.